diputados:Asesor del Ministerio de Vivienda estimó que -de principio a fin- el caso Kodama presentó irregularidades

Asesor del Ministerio de Vivienda estimó que -de principio a fin- el caso Kodama presentó irregularidades
Publicado el 22 de julio del 2011

Ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Benjamín Dávila, estimó que los puntos más criticables se encuentran en el proceso de licitación y en el apresurado avenimiento en la empresa y el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) Metropolitano.

Diversas irregularidades observó el asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), experto en concesiones viales, Benjamín Dávila, respecto de la construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, a cargo de la empresa Kodama, hecho que investiga la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

Benjamín Dávila indicó que se pueden detectar tres fases claras dentro del proceso: Kodama 1, que considera la etapa del llamado a licitación y adjudicación; Kodama 2, que corresponde a la ejecución de la obra, período que va desde el 31 de diciembre de 2006 hasta mayo de 2010; y Kodama 3, que contempla la reclamación ante tribunales por parte de tribunales y el avenimiento propuesto por el SERVIU de la Región Metropolitana (RM).

Recalcó que “hay irregularidades en todo el proceso, pero particularmente al inicio y al término”. “Al inicio, es una situación muy rara, porque (la licitación) es adjudicada muy rápida, para el tamaño de la obra y los montos involucrados. Y en el término de la obra también es muy raro, porque hay un avenimiento muy rápido, cosa que no es común”, planteó.

Estimó que las irregularidades que pudieran haber habido durante la ejecución, esto es, postergaciones continuas para la entrega de las obras y aumentos presupuestarios, podrían tener alguna justificación y estarían, de cierta forma, respaldadas, pero recalcó que en el caso de la licitación, claramente se debió haber declarado desierta, en tanto que en el proceso judicial no debió llegarse a un avenimiento tan rápido y perjudicial para el Estado.

“Es un juicio que comienza a fines de diciembre respecto del cual se llega a un avenimiento en enero. Yo conozco muchos casos de juicios y arbitrajes que demoran dos o tres años, por eso esto es tan especial”, indicó.

Respecto de las responsabilidades, dijo que serían atribuibles al director del SERVIU RM, al subdirector de Pavimentación y al subdirector de Finanzas. “Yo diría que efectivamente ellos tres, por el cargo que tenían, el conocimiento que debían tener y porque deberían haber llevado el juicio más adelante, haber negociado en otros términos”, precisó.

La presidenta de la Comisión Investigadora, diputada Claudia Nogueira (UDI), recordó que el mandato de la Sala establece que la indagatoria incluye todo el proceso del caso Kodama, desde el llamado a licitación, pasando por la construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda, hasta la transacción por la cual el SERVIU se comprometió a pagar casi 17 mil millones de pesos a la empresa.

“Benjamín Dávila nos ilustró muy bien respecto de lo que fue este proceso, dividido en tres fases. Con respecto a la primera parte, claramente hubo una adjudicación que no tuvo que hacerse, porque en la realidad concurrió un solo oferente, con una oferta un 41% más cara que el presupuesto oficial, ya que éste era de 18 mil millones de pesos y se adjudicó por 25 mil millones de pesos, una obra que debió haberse declarado desierta. Dado la premura del Transantiago, que estaban apurados en construir todas estas obras, pero claramente hay un muy mal negocio para el Fisco”, señaló.

Dijo que respecto de la construcción de la obra, el experto sostuvo que hubo mayores gastos generales en los que se incurrió que no necesariamente debieron haber sido pagados, pero que Kodama incluyó en sus reclamos y buscó compensar a través del juicio y posterior avenimiento.

Especificó que, de los 17 mil millones de pesos establecidos en el acuerdo, 9 mil millones de pesos se referían a mayores gastos generales. Precisó que el SERVIU de la época, tras una revisión mayor, finalmente estuvo conforme con una deuda de 900 millones de pesos, de los cuales la Contraloría hoy reconoce sólo 95 millones de pesos, lo que evidencia una falta de prolijidad por parte del SERVIU en esta materia.

“Este es un contrato que por todos lados perjudicó al Estado. Un contrato de 18 mil millones de pesos se adjudica en 25 mil millones de pesos y termina costando 33 mil millones de pesos. Un contrato que debía entregarse en un año, demoró más de cuatro años en su desarrollo. Y se concluye con una transacción judicial por 17 mil millones de pesos. Entonces, aquí claramente todo se hizo mal, de principio a fin”, sentenció.