diputados:Proyecto deroga eximición de construcciones de centros penitenciarios del permiso de la dirección de obras
Proyecto deroga eximición de construcciones de centros penitenciarios del permiso de la dirección de obras
Publicado el 01 de julio del 2011
La propuesta, presentada por los diputados Letelier y Ulloa, pretende, entre varios objetivos, potenciar la decisión local de los municipios.
Con la idea de potenciar la descentralización y facilitar la fiscalización de los municipios de cada obra que se efectúe en sus localidades, los diputados UDI Cristian Letelier y Jorge Ulloa presentaron un proyecto (boletín 7723) que deroga ley N° 20.325, que exime a la construcción de centros penitenciarios del permiso de la dirección de obras.
Los legisladores recordaron que la ley N° 20.325 tuvo por objetivo eximir de la obligación de contar con el permiso de la Dirección de Obras Municipales respectiva, tratándose de la construcción, reparación, alteración, ampliación y demolición de establecimientos carcelarios para, de esta forma, homologar dicha situación con el estatuto de obras de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, que revisten de un carácter militar y policial, las cuales se encuentran exentas de dicho trámite.
“Los fundamentos para establecer dicha exención por ley, consideraba que los permisos de edificación, como son actos públicos y, por ende, sin impedimento para cualquier interesado que desee acceder a la documentación aprobada, con la ley N° 20.325 se restringiría la circulación de documentación relevante para la seguridad de los establecimientos carcelarios, tales como planos, especificaciones técnicas, etc.”, explicaron.
Pese a lo anterior, los diputados estimaron necesario derogar la norma para potenciar la descentralización del país, dando más poder a los municipios y a la ciudadanía, convirtiéndolos en instituciones que resuelvan los problemas de las personas y tomen decisiones en su territorio.
“¿Quiénes mejor que sus autoridades locales conocen la realidad de la zona que gobiernan?, ¿Quiénes, mejor que ellos, están capacitados para determinar los reales impactos que pueden acarrear en su población y comuna el establecimiento de un recinto penitenciario?”, cuestionaron.
Dijeron entender que nadie quiere una cárcel cerca, pero sostuvieron que ello no puede llevar a las autoridades locales a quedarse de brazos cruzados, sin poder hacer nada frente al establecimiento de obras que causan tantos cambios en la zona en la que se instalan.
En segundo lugar, acotaron, el proyecto de ley pretende que todas las obras que se deseen instalar en las diversas comunas del país sean debidamente fiscalizadas por la autoridad que corresponda y no se les permita abstraerse de ser inspeccionados por los funcionarios municipales, para verificar si cumplen o no con las normas de carácter urbanístico correspondientes.
La moción, ingresada a trámite el 14 de junio, fue destinada a la Comisión de Vivienda para su análisis.
Publicado el 01 de julio del 2011
La propuesta, presentada por los diputados Letelier y Ulloa, pretende, entre varios objetivos, potenciar la decisión local de los municipios.
Con la idea de potenciar la descentralización y facilitar la fiscalización de los municipios de cada obra que se efectúe en sus localidades, los diputados UDI Cristian Letelier y Jorge Ulloa presentaron un proyecto (boletín 7723) que deroga ley N° 20.325, que exime a la construcción de centros penitenciarios del permiso de la dirección de obras.
Los legisladores recordaron que la ley N° 20.325 tuvo por objetivo eximir de la obligación de contar con el permiso de la Dirección de Obras Municipales respectiva, tratándose de la construcción, reparación, alteración, ampliación y demolición de establecimientos carcelarios para, de esta forma, homologar dicha situación con el estatuto de obras de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, que revisten de un carácter militar y policial, las cuales se encuentran exentas de dicho trámite.
“Los fundamentos para establecer dicha exención por ley, consideraba que los permisos de edificación, como son actos públicos y, por ende, sin impedimento para cualquier interesado que desee acceder a la documentación aprobada, con la ley N° 20.325 se restringiría la circulación de documentación relevante para la seguridad de los establecimientos carcelarios, tales como planos, especificaciones técnicas, etc.”, explicaron.
Pese a lo anterior, los diputados estimaron necesario derogar la norma para potenciar la descentralización del país, dando más poder a los municipios y a la ciudadanía, convirtiéndolos en instituciones que resuelvan los problemas de las personas y tomen decisiones en su territorio.
“¿Quiénes mejor que sus autoridades locales conocen la realidad de la zona que gobiernan?, ¿Quiénes, mejor que ellos, están capacitados para determinar los reales impactos que pueden acarrear en su población y comuna el establecimiento de un recinto penitenciario?”, cuestionaron.
Dijeron entender que nadie quiere una cárcel cerca, pero sostuvieron que ello no puede llevar a las autoridades locales a quedarse de brazos cruzados, sin poder hacer nada frente al establecimiento de obras que causan tantos cambios en la zona en la que se instalan.
En segundo lugar, acotaron, el proyecto de ley pretende que todas las obras que se deseen instalar en las diversas comunas del país sean debidamente fiscalizadas por la autoridad que corresponda y no se les permita abstraerse de ser inspeccionados por los funcionarios municipales, para verificar si cumplen o no con las normas de carácter urbanístico correspondientes.
La moción, ingresada a trámite el 14 de junio, fue destinada a la Comisión de Vivienda para su análisis.
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