diputados:Restituyeron en Comisión de Hacienda sede de Valdivia de Tribunales Ambientales
Restituyeron en Comisión de Hacienda sede de Valdivia de Tribunales Ambientales
Publicado el 15 de julio del 2011
El Ejecutivo justificó la medida indicando que el cambio efectuado en la Comisión de Constitución fue inadmisible.
En condiciones de ser visto por la Sala quedó el proyecto que crea en Chile la nueva institución de los Tribunales Ambientales (boletín 6747), ello tras haber sido aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con la restitución del criterio original del Ejecutivo, que consideró a Valdivia como asiento de la sede sur.
Según explicaron los representantes del Gobierno, la indicación que posibilitó el traslado de la sede sur desde Valdivia a Puerto Montt, en la Comisión de Constitución, era inadmisible, dado que la creación de un tribunal irroga gasto y toda materia de carácter presupuestario es una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo. Además, se argumentó que existe suficiente jurisprudencia en el Tribunal Constitucional sobre la materia, siendo uno de los casos el rechazo del traslado del Congreso Nacional a Santiago.
“Se generó un debate parlamentario bastante a fondo respecto de si tenían o no facultades los parlamentarios de cambiar la ubicación territorial. Al final, el Ejecutivo dio argumento de que esto era inadmisible, visión que compartimos muchos de los diputados, porque por lo menos en nuestro ordenamiento actual no tenemos facultades para eso”, informó el diputado Carlos Montes (PS).
Reconoció que hubo cierta presión para que se crearan tribunales en todo el país, pero resaltó que esta institucionalidad está recién empezando y que, simplemente, se está partiendo en las regiones en donde está la mayor cantidad de causas presentadas. “Es un sistema que tenemos que probarlo y ver cómo se desarrolla”, sentenció.
Respecto del tema, el diputado Alberto Robles (PRSD) estimó que era “inaceptable” del punto de vista del país, que no se creen tribunales ambientales en cada una de las regiones.
“Debiera incluirse tribunales en todo Chile. Entiendo que se pueda partir, dado la realidad actual, con tres, pero lo que no puede hacer es negarse que cada una de las regiones tenga derecho a tener su propio tribunal, porque cada zona tiene sus propios problemas. Por ello voy a hacer reserva de constitucionalidad”, indicó.
El presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Joaquín Godoy (RN), resaltó que a todos les gustaría tener la facultad para decir dónde se van a instalar las instituciones, ubicándolas en sus respectivos distritos, pero reconoció que ello es una prerrogativa del Ejecutivo.
“No sólo no hay iniciativa de los diputados, sino que además hay todo un análisis respecto de la cantidad de causas que se van a presentar y en esto hay que ser eficiente. Plantear que hoy tiene que haber tribunales a lo largo de todo el país no es lo correcto, porque el número de causas no lo justifica”, enfatizó.
Recordó que el actual Gobierno transformó un proyecto que venía de la administración de Michelle Bachelet, ampliando la cantidad de tribunales de uno a tres. “Ahora, si se necesitan más tribunales, se crearán”, acotó.
El legislador destacó que este proyecto permitirá a cualquier chileno que entienda que se está haciendo un daño al medioambiente recurrir a tribunales especializados y pedir una indemnización o una reparación. “Es algo que empodera a la gente; es algo que la ciudadanía está pidiendo. En la medida que nosotros generamos espacios para que se pueda velar para la protección del medioambiente, creo que estamos haciendo lo correcto”, puntualizó.
Proyecto
El proyecto considera la creación de tres Tribunales Ambientales:
a) Primer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Antofagasta, y con competencia territorial en las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo.
b) Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Santiago, y con competencia territorial en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo O´Higgins y del Maule.
c) Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Valdivia, y con competencia territorial en las Regiones del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Cada tribunal será conformado por tres ministros, dos abogados (uno de ellos preside) y un licenciado en ciencias, con especialización en materias medioambientales. Además, habrá dos ministros suplentes (1 por cada área profesional). Su nombramiento será efectuado por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, a partir de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la Corte Suprema.
Para una mayor independencia de los titulares, se consideran amplias incompatibilidades de los ministros, siguiendo un modelo similar al utilizado para los Ministros del Tribunal Constitucional. Sólo se permiten empleos docentes hasta un límite máximo de doce horas semanales.
Entre varios temas, los tribunales tendrán las siguientes competencias:
1. Reclamaciones contra normas primarias o secundarias de calidad ambiental, las normas de emisión y las que declaran zonas del territorio como latentes o saturadas.
2. Demandas por daño ambiental.
3. Reclamaciones en contra de las resoluciones de la SMA.
4. Reclamaciones que interponga cualquier persona natural o jurídica, en contra de la resolución del Comité de Ministros, cuando las observaciones no hubieren sido consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental.
5. Reclamación que se interpongan en contra de los actos administrativos que dicten los Ministerios o servicios públicos para la ejecución o implementación de las normas de calidad, de emisión y los planes de prevención o descontaminación, cuando estos infrinjan la ley, las normas o los objetivos de los instrumentos señalados.
6. Reclamación en contra de la resolución que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental.
Publicado el 15 de julio del 2011
El Ejecutivo justificó la medida indicando que el cambio efectuado en la Comisión de Constitución fue inadmisible.
En condiciones de ser visto por la Sala quedó el proyecto que crea en Chile la nueva institución de los Tribunales Ambientales (boletín 6747), ello tras haber sido aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con la restitución del criterio original del Ejecutivo, que consideró a Valdivia como asiento de la sede sur.
Según explicaron los representantes del Gobierno, la indicación que posibilitó el traslado de la sede sur desde Valdivia a Puerto Montt, en la Comisión de Constitución, era inadmisible, dado que la creación de un tribunal irroga gasto y toda materia de carácter presupuestario es una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo. Además, se argumentó que existe suficiente jurisprudencia en el Tribunal Constitucional sobre la materia, siendo uno de los casos el rechazo del traslado del Congreso Nacional a Santiago.
“Se generó un debate parlamentario bastante a fondo respecto de si tenían o no facultades los parlamentarios de cambiar la ubicación territorial. Al final, el Ejecutivo dio argumento de que esto era inadmisible, visión que compartimos muchos de los diputados, porque por lo menos en nuestro ordenamiento actual no tenemos facultades para eso”, informó el diputado Carlos Montes (PS).
Reconoció que hubo cierta presión para que se crearan tribunales en todo el país, pero resaltó que esta institucionalidad está recién empezando y que, simplemente, se está partiendo en las regiones en donde está la mayor cantidad de causas presentadas. “Es un sistema que tenemos que probarlo y ver cómo se desarrolla”, sentenció.
Respecto del tema, el diputado Alberto Robles (PRSD) estimó que era “inaceptable” del punto de vista del país, que no se creen tribunales ambientales en cada una de las regiones.
“Debiera incluirse tribunales en todo Chile. Entiendo que se pueda partir, dado la realidad actual, con tres, pero lo que no puede hacer es negarse que cada una de las regiones tenga derecho a tener su propio tribunal, porque cada zona tiene sus propios problemas. Por ello voy a hacer reserva de constitucionalidad”, indicó.
El presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Joaquín Godoy (RN), resaltó que a todos les gustaría tener la facultad para decir dónde se van a instalar las instituciones, ubicándolas en sus respectivos distritos, pero reconoció que ello es una prerrogativa del Ejecutivo.
“No sólo no hay iniciativa de los diputados, sino que además hay todo un análisis respecto de la cantidad de causas que se van a presentar y en esto hay que ser eficiente. Plantear que hoy tiene que haber tribunales a lo largo de todo el país no es lo correcto, porque el número de causas no lo justifica”, enfatizó.
Recordó que el actual Gobierno transformó un proyecto que venía de la administración de Michelle Bachelet, ampliando la cantidad de tribunales de uno a tres. “Ahora, si se necesitan más tribunales, se crearán”, acotó.
El legislador destacó que este proyecto permitirá a cualquier chileno que entienda que se está haciendo un daño al medioambiente recurrir a tribunales especializados y pedir una indemnización o una reparación. “Es algo que empodera a la gente; es algo que la ciudadanía está pidiendo. En la medida que nosotros generamos espacios para que se pueda velar para la protección del medioambiente, creo que estamos haciendo lo correcto”, puntualizó.
Proyecto
El proyecto considera la creación de tres Tribunales Ambientales:
a) Primer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Antofagasta, y con competencia territorial en las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo.
b) Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Santiago, y con competencia territorial en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo O´Higgins y del Maule.
c) Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Valdivia, y con competencia territorial en las Regiones del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Cada tribunal será conformado por tres ministros, dos abogados (uno de ellos preside) y un licenciado en ciencias, con especialización en materias medioambientales. Además, habrá dos ministros suplentes (1 por cada área profesional). Su nombramiento será efectuado por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, a partir de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la Corte Suprema.
Para una mayor independencia de los titulares, se consideran amplias incompatibilidades de los ministros, siguiendo un modelo similar al utilizado para los Ministros del Tribunal Constitucional. Sólo se permiten empleos docentes hasta un límite máximo de doce horas semanales.
Entre varios temas, los tribunales tendrán las siguientes competencias:
1. Reclamaciones contra normas primarias o secundarias de calidad ambiental, las normas de emisión y las que declaran zonas del territorio como latentes o saturadas.
2. Demandas por daño ambiental.
3. Reclamaciones en contra de las resoluciones de la SMA.
4. Reclamaciones que interponga cualquier persona natural o jurídica, en contra de la resolución del Comité de Ministros, cuando las observaciones no hubieren sido consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental.
5. Reclamación que se interpongan en contra de los actos administrativos que dicten los Ministerios o servicios públicos para la ejecución o implementación de las normas de calidad, de emisión y los planes de prevención o descontaminación, cuando estos infrinjan la ley, las normas o los objetivos de los instrumentos señalados.
6. Reclamación en contra de la resolución que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental.
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