Gobierno presentó ante Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados reforma a Ley de Donaciones
Gobierno presentó ante Comisión de Cultura reforma a Ley de Donaciones
Publicado el 13 de julio del 2011
Según explicó el Ministro Cruz-Coke, la llamada Ley Valdés no ha dado los resultados esperados, por lo cual se estimó oportuno ampliar el margen de beneficiarios y de donantes.
Una reforma a la Ley de Donaciones con Fines Culturales presentó hoy el Ejecutivo ante la Comisión de Cultura y de las Artes de la Cámara de Diputados, ello justificado en el escaso alcance que ha tenido la normativa vigente desde que se impulsó, en junio de 1990.
El Ministro de Cultura y Las Artes, Luciano Cruz-Coke, explicó que, en sus 20 años de vida, la llamada Ley Valdés ha reunido un total de 104 mil 616 millones de pesos. Alertó que, pese a momentos particulares, como fue el pasado terremoto, el margen de donantes ha ido en disminución en el tiempo.
“Hoy nos hacemos cargo de este largo anhelo de la comunidad cultural. Este proyecto de ley empodera a la sociedad en el desarrollo cultural del país y perfecciona este necesario instrumento, haciéndolo más amplio y eficaz”, destacó el Ministro a los diputados.
Informó que el proyecto (boletín 7761) incrementa el tope máximo del crédito de 14 mil UTM a 20 mil UTM y amplía los sujetos que pueden ser objeto de la franquicia tributaria a través de una donación de carácter cultural. Así, a los contribuyentes de primera categoría que tengan utilidades (50% de crédito y 50% restante como gasto) y los del global complementario (50% de crédito), se suman los siguientes:
1. Contribuyentes de primera categoría que tengan pérdidas (50% como gasto, hasta tres ejercicios).
2. Contribuyentes del impuesto único de segunda categoría (50% como crédito).
3. Personas naturales que podrán donar con cargo al impuesto de herencia, así como las sucesiones hereditarias (50% como crédito).
4. Contribuyentes del impuesto adicional (35% como crédito).
Dijo que se mantienen los actuales beneficiarios, esto es, corporaciones y fundaciones; organizaciones comunitarias funcionales con fines artísticos y culturales; bibliotecas y museos abiertos al público; Consejo de Monumentos Nacionales; y universidades e institutos profesionales. Pero, además, se suman los propietarios de bienes raíces previamente declarados monumento nacional por el Consejo Nacional de Monumentos, para poder repararlos y conservarlos: micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo giro sea de carácter cultural o artístico, para proyectos que hayan sido previamente aprobados por el Comité Calificador de Donaciones (productoras audiovisuales, editoriales y sellos independientes); y la Dirección Nacional de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Otra gran modificación es la flexibilización de los plazos. Se determina que los proyectos tendrán una ejecución máxima de tres años, contados desde la fecha que el beneficiario indique al Comité.
Finalmente, dentro de otras materias relevantes, el Ministro señaló que, vía reglamento, se determinará la forma en la cual se establece una proporcionalidad de retribución a la comunidad, por parte del beneficiario, la cual iría en concordancia con la relevancia para el proyecto del monto donado (más influencia, más obligaciones).
En todo caso, Cruz-Coke aclaró que las retribuciones sólo se harán efectivas 18 meses después de la primera explotación comercial del proyecto financiado con la donación.
El presidente de la Comisión, diputado Marcos Espinosa (PRSD), replicando el parecer generalizado de sus colegas, se manifestó muy conforme con el ingreso del proyecto y sostuvo que “es una iniciativa que va en la dirección correcta”.
Valoró que se amplíe el espectro de participación de las empresas privadas y que considere dentro de los beneficiarios a las pymes y a obras de infraestructura física declaras patrimonio cultural.
Indicó que la iniciativa está con calificación de simple urgencia (30 días) y adelantó que la Comisión espera escuchar las opiniones de todas las organizaciones que se encuentran involucradas y que pueden ser beneficiadas con esta ley; gestores culturales; y la opinión de Hacienda y Economía, para ver los alcances desde el punto de vista tributario.
Publicado el 13 de julio del 2011
Según explicó el Ministro Cruz-Coke, la llamada Ley Valdés no ha dado los resultados esperados, por lo cual se estimó oportuno ampliar el margen de beneficiarios y de donantes.
Una reforma a la Ley de Donaciones con Fines Culturales presentó hoy el Ejecutivo ante la Comisión de Cultura y de las Artes de la Cámara de Diputados, ello justificado en el escaso alcance que ha tenido la normativa vigente desde que se impulsó, en junio de 1990.
El Ministro de Cultura y Las Artes, Luciano Cruz-Coke, explicó que, en sus 20 años de vida, la llamada Ley Valdés ha reunido un total de 104 mil 616 millones de pesos. Alertó que, pese a momentos particulares, como fue el pasado terremoto, el margen de donantes ha ido en disminución en el tiempo.
“Hoy nos hacemos cargo de este largo anhelo de la comunidad cultural. Este proyecto de ley empodera a la sociedad en el desarrollo cultural del país y perfecciona este necesario instrumento, haciéndolo más amplio y eficaz”, destacó el Ministro a los diputados.
Informó que el proyecto (boletín 7761) incrementa el tope máximo del crédito de 14 mil UTM a 20 mil UTM y amplía los sujetos que pueden ser objeto de la franquicia tributaria a través de una donación de carácter cultural. Así, a los contribuyentes de primera categoría que tengan utilidades (50% de crédito y 50% restante como gasto) y los del global complementario (50% de crédito), se suman los siguientes:
1. Contribuyentes de primera categoría que tengan pérdidas (50% como gasto, hasta tres ejercicios).
2. Contribuyentes del impuesto único de segunda categoría (50% como crédito).
3. Personas naturales que podrán donar con cargo al impuesto de herencia, así como las sucesiones hereditarias (50% como crédito).
4. Contribuyentes del impuesto adicional (35% como crédito).
Dijo que se mantienen los actuales beneficiarios, esto es, corporaciones y fundaciones; organizaciones comunitarias funcionales con fines artísticos y culturales; bibliotecas y museos abiertos al público; Consejo de Monumentos Nacionales; y universidades e institutos profesionales. Pero, además, se suman los propietarios de bienes raíces previamente declarados monumento nacional por el Consejo Nacional de Monumentos, para poder repararlos y conservarlos: micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo giro sea de carácter cultural o artístico, para proyectos que hayan sido previamente aprobados por el Comité Calificador de Donaciones (productoras audiovisuales, editoriales y sellos independientes); y la Dirección Nacional de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Otra gran modificación es la flexibilización de los plazos. Se determina que los proyectos tendrán una ejecución máxima de tres años, contados desde la fecha que el beneficiario indique al Comité.
Finalmente, dentro de otras materias relevantes, el Ministro señaló que, vía reglamento, se determinará la forma en la cual se establece una proporcionalidad de retribución a la comunidad, por parte del beneficiario, la cual iría en concordancia con la relevancia para el proyecto del monto donado (más influencia, más obligaciones).
En todo caso, Cruz-Coke aclaró que las retribuciones sólo se harán efectivas 18 meses después de la primera explotación comercial del proyecto financiado con la donación.
El presidente de la Comisión, diputado Marcos Espinosa (PRSD), replicando el parecer generalizado de sus colegas, se manifestó muy conforme con el ingreso del proyecto y sostuvo que “es una iniciativa que va en la dirección correcta”.
Valoró que se amplíe el espectro de participación de las empresas privadas y que considere dentro de los beneficiarios a las pymes y a obras de infraestructura física declaras patrimonio cultural.
Indicó que la iniciativa está con calificación de simple urgencia (30 días) y adelantó que la Comisión espera escuchar las opiniones de todas las organizaciones que se encuentran involucradas y que pueden ser beneficiadas con esta ley; gestores culturales; y la opinión de Hacienda y Economía, para ver los alcances desde el punto de vista tributario.
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