Cámara de Diputados despacha proyecto que perfecciona Ley Orgánica de Tribunales Tributarios
Cámara de Diputados despacha proyecto que perfecciona Ley Orgánica de Tribunales Tributarios
Publicado el 05 de marzo del 2014
La iniciativa, que de esta forma fue despachada del
Congreso, corrige las plantas de la institución a la luz de la
experiencia acumulada desde su inicio, que da cuenta de una menor
necesidad de personal de la proyectada durante la tramitación de la Ley.
La Cámara de Diputados aprobó, por 97 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el proyecto (boletín 8662), en segundo trámite legislativo, que perfecciona la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros en materia de plantas.
La iniciativa, informada a la Sala por los diputados Ernesto Silva, de la Comisión de Hacienda, y Arturo Squella, de la Comisión de Hacienda, ingresó a trámite el 30 de octubre de 2012 y despachada desde el Senado el 29 de octubre de 2013.
La Ley 20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, contempló una vigencia progresiva en cuatro años para la total implementación de los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros a lo largo del país, siendo la fase final considerada para este año.
El Ejecutivo evaluó que la implementación de la reforma ha sido exitosa, sin embargo, dijo que se detectó una sobre estimación del número de causas proyectada para estos Tribunales, lo que determinó que las dotaciones de planta fueran mayores a las estrictamente necesarias.
De acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo durante su estudio en la Comisión de Constitución, en el caso de la Región Metropolitana se estimó que el número de causas que ingresarían al nuevo sistema serían alrededor de 10.000 (sin considerar los juicios por reavalúos de bienes raíces de la serie no agrícola), cifra que contrasta con los nuevos datos, que indican que para el año 2013, las causas a ingresar en definitiva serían como máximo unas 1.500.
De este modo, el proyecto propone reducir el tamaño de las plantas de los Tribunales Tributarios y Aduaneros de Arica, Iquique, Copiapó, Santiago, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas, conforme a las nuevas proyecciones realizadas.
Adicionalmente, se contempla reemplazar las salas exclusivas creadas por la Ley 20.322 en las Cortes de Apelaciones de San Miguel, Concepción y Valparaíso, por salas preferentes para el conocimiento de las causas tributarias, y realizar otros ajustes para concordar esta medida.
También se emprende una modificación tendiente a permitir que quienes actualmente tramiten causas tributarias y aduaneras ante los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos, o bien, ante la autoridad aduanera competente, como jueces de primera instancia, puedan optar a que esas mismas causas sean tramitadas ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros que correspondan a su jurisdicción, iniciándose nuevamente.
Dado que se trata de un derecho de opción para los contribuyentes, y con el objeto que la tramitación en primera instancia de estas causas se ajuste a la ley, los reajustes e intereses devengados al momento de ejercer la opción, no se interrumpirán ni se suspenderán, sino que se seguirán devengando durante la tramitación del nuevo juicio, sin solución de continuidad. Una vez ejercida la opción, ésta no podrá dejarse sin efecto, por lo que la causa quedará radicada irreversiblemente en el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente.
La iniciativa, informada a la Sala por los diputados Ernesto Silva, de la Comisión de Hacienda, y Arturo Squella, de la Comisión de Hacienda, ingresó a trámite el 30 de octubre de 2012 y despachada desde el Senado el 29 de octubre de 2013.
La Ley 20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, contempló una vigencia progresiva en cuatro años para la total implementación de los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros a lo largo del país, siendo la fase final considerada para este año.
El Ejecutivo evaluó que la implementación de la reforma ha sido exitosa, sin embargo, dijo que se detectó una sobre estimación del número de causas proyectada para estos Tribunales, lo que determinó que las dotaciones de planta fueran mayores a las estrictamente necesarias.
De acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo durante su estudio en la Comisión de Constitución, en el caso de la Región Metropolitana se estimó que el número de causas que ingresarían al nuevo sistema serían alrededor de 10.000 (sin considerar los juicios por reavalúos de bienes raíces de la serie no agrícola), cifra que contrasta con los nuevos datos, que indican que para el año 2013, las causas a ingresar en definitiva serían como máximo unas 1.500.
De este modo, el proyecto propone reducir el tamaño de las plantas de los Tribunales Tributarios y Aduaneros de Arica, Iquique, Copiapó, Santiago, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas, conforme a las nuevas proyecciones realizadas.
Adicionalmente, se contempla reemplazar las salas exclusivas creadas por la Ley 20.322 en las Cortes de Apelaciones de San Miguel, Concepción y Valparaíso, por salas preferentes para el conocimiento de las causas tributarias, y realizar otros ajustes para concordar esta medida.
También se emprende una modificación tendiente a permitir que quienes actualmente tramiten causas tributarias y aduaneras ante los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos, o bien, ante la autoridad aduanera competente, como jueces de primera instancia, puedan optar a que esas mismas causas sean tramitadas ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros que correspondan a su jurisdicción, iniciándose nuevamente.
Dado que se trata de un derecho de opción para los contribuyentes, y con el objeto que la tramitación en primera instancia de estas causas se ajuste a la ley, los reajustes e intereses devengados al momento de ejercer la opción, no se interrumpirán ni se suspenderán, sino que se seguirán devengando durante la tramitación del nuevo juicio, sin solución de continuidad. Una vez ejercida la opción, ésta no podrá dejarse sin efecto, por lo que la causa quedará radicada irreversiblemente en el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente.
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