Diputados: Comisión de Salud abordó situación financiera de Hospital Clínico de la Universidad de Chile

           Diputados:  Comisión de Salud abordó situación financiera de Hospital Clínico de la Universidad de Chile

Publicado el 05 de marzo del 2014

La instancia se reunió con el director del centro hospitalario, Carlo Paolinelli y con el Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, para ver las posibles vías de solución a la situación que afecta al hospital. 

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Marisol Turres (UDI) aclaró que la instancia legislativa no tiene mayores atribuciones al respecto, salvo concurrir con los “buenos oficios para colaborar en llegar a un acuerdo con el Ejecutivo”, que es el que tiene las facultades y herramientas para poder enfrentar estos problemas financieros.

El Hospital José Joaquín Aguirre fue fundado en 1953, y corresponde a un recinto estatal dependiente de la Universidad de Chile, que hoy es el principal centro docente en la formación de especialistas médicos del país (50% de éstos).

El director del hospital, Carlo Paolinelli, entregó ante la comisión un completo detalle respecto de las prestaciones que se realizan en el centro y su estructura de financiamiento, donde solo el 4,5% corresponde a aportes de la Universidad, y el resto proviene de las prestaciones médicas entregadas tanto al sector público como a los usuarios del sistema privado de salud.

Agregó que actualmente existe un “marcado descalce entre el plazo promedio de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, lo que genera la necesidad de contar con un financiamiento externo adicional”.

Paolinelli añadió que al analizar el desglose, las deudas que por ejemplo mantienen las Isapres, corresponden a plazos que no superan los 90 días, mientras que la deuda del sector público con el hospital supera los 180 días.

Como una forma de superar este déficit, la Universidad de Chile evaluó el establecimiento de una operación de lease back con la banca, pero esta hipoteca fue rechazada por el senado universitario, por el riesgo que podía significar para el patrimonio de la Casa de Estudios.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, llamó la atención sobre los problemas de gestión que tiene el hospital, respecto por ejemplo, a los mecanismos para hacer efectivos los cobros de las cuentas de los pacientes.

La diputada Turres agregó que como comisión no adoptaron por ahora ninguna decisión y que esperan retomar este tema una vez asumida la nueva composición de la Cámara de Diputados el próximo 11 de marzo. Añadió, asimismo, que esperan que las nuevas autoridades de Salud le den la prioridad necesaria para resolver este problema.

Nutricomp ADN

En otra materia, la Comisión de Salud también recibió a Rodolfo Novakovic, para escuchar sus planteamientos respecto del caso del alimento Nutricomp ADN, cuestionado el año 2008 por el fallecimiento de 6 menores a causa de hipokalemia, un trastorno del metabolismo basado en la disminución del potasio en la sangre, atribuido a la reducción de este componente en el alimento que se sumistraba a las víctimas.

Novakovic planteó a la comisión las discrepancias que tienen respecto de cómo se llevó este caso, porque a juicio de los representantes de las víctimas, fue un error considerarlo solo como un suplemento alimenticio y no como un fármaco, que se administraba a pacientes hospitalizados, sin que contara como tal con el registro sanitario correspondiente.

Asimismo, solicitó a la instancia que se conformara como comisión investigadora para que revisaran estos antecedentes y se investigara cuántos pacientes habían utilizado este suplemento durante los 27 años que estuvo en el mercado. No obstante, la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Marisol Turres, aclaró que “nosotros no podemos autodenominarnos como tal. Se requiere un pronunciamiento de la Sala y que sea solicitado por un quórum importante de parlamentarios”.

Agregó la parlamentaria que las facultades fiscalizadoras son solo sobre los servicios públicos, y las responsabilidades administrativas prescriben transcurridos dos años, por lo cual también estarían fuera de plazo para revisar este caso ocurrido en 2008.

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