Diputados: Ley 20.718 habilita a las juntas de vecinos a otorgar certificados de residencia

          Diputados:   Ley 20.718 habilita a las juntas de vecinos a otorgar certificados de residencia

Publicado el 27 de febrero del 2014

La normativa, vigente desde el 2 de enero de 2014, también fija sanciones para el solicitante que falte a la verdad en los datos proporcionados, con una pena de prisión en cualquiera de sus grados o multa de una a cuatro UTM. 

Con la idea de subsanar un vacío dejado por un cambio normativo previo, fue publicada el pasado 2 de enero, la Ley 20.718, que habilita a las juntas de vecinos a otorgar certificados de residencia.

La propuesta legal nació el 19 de junio de 2012 como moción de los diputados Pepe Auth (PPD), Alfonso De Urresti (PS), Marcos Espinosa (PRSD), Fernando Meza (PRSD), José Pérez (PRSD) y Mario Venegas (DC). La Cámara la aprobó y despachó el 30 de octubre del mismo año, en tanto que el Senado vino a ratificar dicho texto el 10 de diciembre de 2013, quedando en condiciones de ser promulgada.

El texto legal modificó la Ley 19.418 de Juntas de Vecinos, estableciendo dentro de las facultades de estas organizaciones la de emitir certificados de residencia. Además se sanciona al solicitante que falte a la verdad en los datos proporcionados con una pena de prisión, en cualquiera de sus grados, o multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 212 del Código Penal.

Durante el trámite, los autores de la iniciativa recordaron que a contar del 1 de junio de 2012, Carabineros de Chile dejó de expedir los certificados de residencia, conforme a lo establecido por el dictamen 25.254, de fecha de 2 de mayo del 2012, de la Controlaría General de la República de Chile.

La normativa vigente al momento de presentase el proyecto permitía a las juntas de vecinos emitir certificados de residencia, siempre y cuando hubiesen sido autorizadas por Carabineros. Sin embargo, tras la resolución de Contraloría quedaron en entredicho las nuevas organizaciones vecinales que ya no contaban con la requerida autorización de Carabineros, ni con otro instrumento legal que las habilitase para efectuar el trámite.

De este modo, el cambio legal resolvió el problema al dejar abierta la facultad para todas las juntas de vecinos y eliminando el requisito formal de contar con una autorización de Carabineros.

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