Diputados postulan fijar en forma permanente régimen simplificado para regularizar ampliaciones
Diputados postulan fijar en forma permanente régimen simplificado para regularizar ampliaciones
Publicado el 05 de mayo del 2014
El objetivo de la moción, presentada por diputados de diversas bancadas, es autorizar en forma permanente la aplicación de la llamada Ley del Mono, para regularizar construcciones de bienes raíces destinados a microempresas, equipamiento social y entidades religiosas.
El texto (boletín 9314), derivado a la Comisión de Vivienda para su debate, corresponde a una moción de los diputados Manuel Monsalve (PS), Pedro Browne (IND), Fidel Espinoza (PS), Daniel Farcas (PPD), Iván Norambuena (UDI), Jorge Rathgeb (RN), Ricardo Rincón (DC), Alejandro Santana (RN), Gabriel Silber (DC) y la diputada Maya Fernández (PS).
El proyecto propone establecer en forma permanente el régimen simplificado que permite regularizar la situación legal y administrativa ante los organismos técnicos competentes de aquellas microempresas en las cuales se hayan realizado ampliaciones y nuevas construcciones con o sin permiso municipal de edificación, así como a aquellas destinadas a equipamiento social, conforme a las exigencias previstas en la ley 20.563.
De tal modo, el texto modifica la citada ley eliminando la referencia al plazo para realizar el trámite.
Asimismo, los patrocinantes del proyecto recuerdan que mediante una norma interpretativa, se incluyó a los centros de actividades religiosas, por lo que en la presente iniciativa incorporan a las entidades religiosas, pero tal como las define la ley 19.638, aplicándoles así las limitaciones que establece el citado cuerpo normativo.
Los autores de la moción reconocen los efectos positivos que han tenido las sucesivas aplicaciones de la Ley del Mono, que permiten superar no solo la infracción a la normativa, sino también el problema que les significa a las microempresas tramitar una patente municipal para el funcionamiento de un taller o negocio ubicado en la vivienda no regularizada; imposibilidades para optar a créditos para el mejoramiento de las construcciones; e incluso las mermas que significa para los municipios, porque no se pagan las contribuciones efectivas que corresponden a las construcciones.
Publicado el 05 de mayo del 2014
El objetivo de la moción, presentada por diputados de diversas bancadas, es autorizar en forma permanente la aplicación de la llamada Ley del Mono, para regularizar construcciones de bienes raíces destinados a microempresas, equipamiento social y entidades religiosas.
El texto (boletín 9314), derivado a la Comisión de Vivienda para su debate, corresponde a una moción de los diputados Manuel Monsalve (PS), Pedro Browne (IND), Fidel Espinoza (PS), Daniel Farcas (PPD), Iván Norambuena (UDI), Jorge Rathgeb (RN), Ricardo Rincón (DC), Alejandro Santana (RN), Gabriel Silber (DC) y la diputada Maya Fernández (PS).
El proyecto propone establecer en forma permanente el régimen simplificado que permite regularizar la situación legal y administrativa ante los organismos técnicos competentes de aquellas microempresas en las cuales se hayan realizado ampliaciones y nuevas construcciones con o sin permiso municipal de edificación, así como a aquellas destinadas a equipamiento social, conforme a las exigencias previstas en la ley 20.563.
De tal modo, el texto modifica la citada ley eliminando la referencia al plazo para realizar el trámite.
Asimismo, los patrocinantes del proyecto recuerdan que mediante una norma interpretativa, se incluyó a los centros de actividades religiosas, por lo que en la presente iniciativa incorporan a las entidades religiosas, pero tal como las define la ley 19.638, aplicándoles así las limitaciones que establece el citado cuerpo normativo.
Los autores de la moción reconocen los efectos positivos que han tenido las sucesivas aplicaciones de la Ley del Mono, que permiten superar no solo la infracción a la normativa, sino también el problema que les significa a las microempresas tramitar una patente municipal para el funcionamiento de un taller o negocio ubicado en la vivienda no regularizada; imposibilidades para optar a créditos para el mejoramiento de las construcciones; e incluso las mermas que significa para los municipios, porque no se pagan las contribuciones efectivas que corresponden a las construcciones.
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