Diputados: Proyecto hace obligatoria comparecencia de exfuncionarios a comisiones investigadoras
Proyecto hace obligatoria comparecencia de exfuncionarios a comisiones investigadoras
Publicado el 30 de marzo del 2016
La iniciativa parlamentaria busca garantizar que los exfuncionarios públicos concurran ante las instancias fiscalizadoras del Poder Legislativo, hasta dos años después de haber dejado sus cargos. Además, sanciona su incumplimiento con una inhabilidad para ejercer otro empleo público.
Los diputados de la Democracia Cristiana, Jaime Pilowsky, Fuad Chahin, Aldo Cornejo, Sergio Espejo, Ricardo Rincón y René Saffirio, del PPD Guillermo Ceroni, Daniel Farcas y Tucapel Jiménez, y el diputado socialista Leonardo Soto, presentaron a trámite un proyecto de reforma constitucional para hacer obligatoria la comparecencia de exfuncionarios públicos a las comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados.
El texto, contenido en el Boletín 10568 -remitido a la Comisión de Constitución- precisa que la Cámara de Diputados tiene la facultad de constituir Comisiones Investigadoras con el fin de recabar los antecedentes sobre alguna irregularidad cometida por funcionarios públicos en ejercicio de su cargo para establecer las responsabilidades políticas que correspondan.
Sin embargo, pese a que las autoridades y funcionarios públicos, incluso de las empresas públicas, de aquellas en las que el Estado tiene participación mayoritaria y los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, tienen la obligación de asistir a las citaciones, esta obligación se extingue con el ejercicio del cargo.
Se señala, asimismo, que varios de los hechos que sirven de fundamento para solicitar una Comisión Investigadora surgen, muchas veces, con posterioridad al tiempo en que los funcionarios que tuvieron participación han cesado en sus funciones, siendo esto un obstáculo para que los parlamentarios ejerzan su rol fiscalizador, ya que no existen herramientas legales que obliguen la concurrencia de las exautoridades.
De este modo, el proyecto de reforma presentado plantea que será obligación de los funcionarios de la Administración Pública, de las empresas del Estado, o donde este tenga participación mayoritaria, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, “asistir a las citaciones de las Comisiones de Investigadoras hasta dos años posteriores de cesar en sus cargos”.
Asimismo, el no cumplimiento de la citación generará una inhabilidad para desempeñarse en otro cargo público hasta por dos años posteriores a la negativa.
Publicado el 30 de marzo del 2016
La iniciativa parlamentaria busca garantizar que los exfuncionarios públicos concurran ante las instancias fiscalizadoras del Poder Legislativo, hasta dos años después de haber dejado sus cargos. Además, sanciona su incumplimiento con una inhabilidad para ejercer otro empleo público.
Los diputados de la Democracia Cristiana, Jaime Pilowsky, Fuad Chahin, Aldo Cornejo, Sergio Espejo, Ricardo Rincón y René Saffirio, del PPD Guillermo Ceroni, Daniel Farcas y Tucapel Jiménez, y el diputado socialista Leonardo Soto, presentaron a trámite un proyecto de reforma constitucional para hacer obligatoria la comparecencia de exfuncionarios públicos a las comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados.
El texto, contenido en el Boletín 10568 -remitido a la Comisión de Constitución- precisa que la Cámara de Diputados tiene la facultad de constituir Comisiones Investigadoras con el fin de recabar los antecedentes sobre alguna irregularidad cometida por funcionarios públicos en ejercicio de su cargo para establecer las responsabilidades políticas que correspondan.
Sin embargo, pese a que las autoridades y funcionarios públicos, incluso de las empresas públicas, de aquellas en las que el Estado tiene participación mayoritaria y los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, tienen la obligación de asistir a las citaciones, esta obligación se extingue con el ejercicio del cargo.
Se señala, asimismo, que varios de los hechos que sirven de fundamento para solicitar una Comisión Investigadora surgen, muchas veces, con posterioridad al tiempo en que los funcionarios que tuvieron participación han cesado en sus funciones, siendo esto un obstáculo para que los parlamentarios ejerzan su rol fiscalizador, ya que no existen herramientas legales que obliguen la concurrencia de las exautoridades.
De este modo, el proyecto de reforma presentado plantea que será obligación de los funcionarios de la Administración Pública, de las empresas del Estado, o donde este tenga participación mayoritaria, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, “asistir a las citaciones de las Comisiones de Investigadoras hasta dos años posteriores de cesar en sus cargos”.
Asimismo, el no cumplimiento de la citación generará una inhabilidad para desempeñarse en otro cargo público hasta por dos años posteriores a la negativa.
Comentarios