PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA, RUBÉN BALLESTEROS, INAUGURÓ AÑO JUDICIAL 2013
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA, RUBÉN BALLESTEROS, INAUGURÓ AÑO JUDICIAL 2013 | |||
El presidente de la Corte Suprema Rubén Ballesteros
Cárcamo dio cuenta de la actividad judicial durante el año 2012 e
inauguró el Año Judicial 2013, reiterando los anhelos de autonomía
financiera y de respeto a la independencia judicial. La ceremonia por
primera vez contó con traducción en lenguaje de señas para las personas
con discapacidad auditiva.
A la solemne ceremonia -realizada en el Salón de
Pleno del máximo tribunal- asistieron diversas autoridades del sector
justicia, entre otras, la ministra de Justicia, Patricia Pérez; el
presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monckeberg; el Fiscal
Nacional, Sabás Chahuán; el presidente del Tribunal Constitucional, Raúl
Bertelsen y el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza.
El presidente de la Corte Suprema informó que durante
el año 2012 ingresaron a los tribunales de primera instancia 3.003.271
nuevos asuntos, cifra que no incluye los exhortos, lo que representa una
disminución de un 14,2% respecto del año anterior. La reducción se
explica por el menor ingreso de causas civiles en gestiones
preparatorias de la vía ejecutiva y de las solicitudes de medidas
prejudiciales que disminuyó a nivel nacional a 1.583.774, lo que
significó una variación de un 23,3% en relación al ingreso del año 2011.
Estas causas, sin embargo, constituyen el 53% del ingreso total
nacional.
En las 17 Cortes de Apelaciones del país en el año
2012 ingresaron 126.219 asuntos de distinta naturaleza, cifra superior
al ingreso del año anterior en un 20,5%. Se mantiene el incremento de
los recursos de protección, que a nivel nacional alcanzaron 54.966,
cifra que constituye un 71,5% más que la del período pasado y que, en su
mayoría, corresponde a acciones en contra de isapres por las alzas en
los precios de los planes de salud.
En la Corte Suprema ingresaron 9.699 recursos,
representando una disminución de 23,7% respecto de los ingresos del año
anterior. Las apelaciones en los recursos de protección alcanzaron un
total de 2.740, es decir, un 48,2% menos que en 2011.
Respecto de las causas por violaciones a los derechos
humanos en el país, el presidente Ballesteros informó que se tramitaron
un total de 1.104 procesos, a cargo de 32 ministros de Cortes de
Apelaciones designados para el efecto de acuerdo al informe entregado
por el ministro Hugo Dolmestch Urra.
El magistrado recordó que en una visita realizada al
país en agosto pasado, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas
o Involuntarias de las Naciones Unidas valoró lo avances que ha hecho
la Corte Suprema en la investigación de este tipo de hecho y reiteró
que la sustanciación de causa s no se encuentra sometida a ningún tipo
de plazo.
“Reiteramos que el término de estos procesos no está
sujeto a ningún plazo. Su fin está condicionado al establecimiento de la
existencia de los hechos constitutivos de delitos y la determinación de
las responsabilidades criminales de las personas que los cometieron,
labor que los jueces encargados de instruirlos continuarán cumpliendo
con especial atención.”, dijo.
Ballesteros destacó -una vez más- los avances en
materia de transparencia y entrega de información del Poder Judicial,
recordando entre otras cosas los acuerdos de pleno respecto de
declaración de patrimonio y de intereses de abogados integrantes y la
incorporación a las redes sociales de Twitter, Facebook y Youtube del
Poder Judicial de Chile.
El presidente de la Corte Suprema se refirió, además,
a los proyectos de ley que pretenden modificar el sistema procesal
penal y abogó por un debate amplio respecto de eventuales cambios a un
sistema que desde su establecimiento –en 2000- se ha mostrado exitoso.
“Las formas y maneras como la comunidad nacional vive
y se sujeta a las normas de conducta que establece la ley, sus
reacciones sobre ella, hacen necesario el debate y estudio sobre cómo la
ley recoge las inquietudes ciudadanas, cómo regula debidamente la
convivencia diaria, y cómo resuelve las distintas infracciones a la ley
penal que se suceden en el acontecer cotidiano. Son sus representantes
quienes deberán proponer y estudiar las rectificaciones y modificaciones
que sea menester, sin afectar los principios de persecución penal
pública, de investigación por una órgano profesional independiente, de
separación de las funciones de investigación, acusación y
enjuiciamiento, de oportunidad reglada, de inmediación, el derecho a la
defensa, la presunción de inocencia y el derecho a juicio previo, oral y
público, entre otros, que son el fundamento del sistema procesal
penal”, dijo Ballesteros.
Asimismo, el ministro Ballesteros planteó la
necesidad de establecer una mejor coordinación entre las policías y el
Ministerio Público y aseguró que cualquier cambio en este sentido, no
debe socavar el rol de los jueces de garantía y los principios
inspiradores del sistema procesal penal.
“Son materias de la mayor trascendencia para abordar
en el proyecto de reforma, aquellas que dicen relación con la
coordinación del Ministerio Público y policías, la capacitación de los
funcionarios civiles o uniformados y quienes intervienen en los trabajos
de investigación y la necesidad de resolver problemas concretos y
reales que se dan en la práctica y que no deben afectar los principios
inspiradores del sistema acusatorio, ni alterar el rol y atribuciones de
los jueces de garantía, sino más bien, incorporar prácticas e
interpretaciones judiciales asentadas”.
Con relación al proyecto de ley de Reforma Procesal
Civil, el presidente Ballesteros manifestó el respaldo a los cambios y
aseguró que el informe remitido a la Cámara de Diputados sobre dicha
iniciativa es sólo un primer paso y que se continuará trabajando de
manera interna a través de comisiones de ministros del máximo tribunal.
“La Corte Suprema está preocupada de la
implementación de la reforma al sistema procesal civil que cierra el
círculo de las reformas procesal penal, de familia y laboral en la
primera instancia. Luego será necesario resolver las adecuaciones a la
segunda instancia y a la Corte Suprema para lo cual estaremos
preparados. En el mes de enero de 2012 se designó una comisión para el
estudio de la parte sustantiva y/o normativa, integrada por los
ministros señores Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate y
Haroldo Brito Cruz quienes han trabajado durante todo el año e incluso
participaron en jornadas en el Ministerio de Justicia y en un viaje al
extranjero a fin de proveerse de los mayores conocimientos y
experiencias del derecho comparado sobre el proceso civil que se
pretende instaurar en el país. El informe de la Corte Suprema remitido a
la Cámara de Diputados en que comienza el estudio y análisis del
anteproyecto ingresado por el Gobierno, es sólo el primero. La Comisión
Normativa seguirá trabajando en atención a que se trata de una materia
de la mayor trascendencia, de manera que en lo por venir seguirán
emitiendo otros dictámenes”, dijo.
Además, informó que se está trabajando en establecer
mecanismos en los actuales tribunales civiles para evitar que el retraso
que experimenta este tipo de proceso afecte las futuras reformas con
cargas de trabajo excesivas para jueces y funcionarios.
“Los ministros encargados de la Unidad de Apoyo a los
Juzgados Civiles señor Sergio Muñoz Gajardo y señora Rosa Egnem
Saldías, adelantándose a los acontecimientos y ante la situación de
retraso que advierten, han propuesto un conjunto de medidas para
producir un significativo avance en la tramitación de las causas en
estos tribunales que permitan que los esfuerzos que deba hacerse para la
implementación de la reforma civil no se vean obstaculizados por la
existencia de una carga de trabajo no atendida completamente, como
ocurrió con las otras reformas. Entre las medidas que se sugieren y que
están en etapa de planificación y ejecución, se contempla la confección
de un inventario nacional de las causas y su estado de tramitación; la
ejecución de una planificación por cada Ministro Visitador de las
distintas Cortes de Apelaciones a fin de resolver los procedimientos y
acciones necesarias para el avance de los procesos en tramitación; el
apoyo computacional a través del Escritorio del Juez, centro de
escaneado, digitalización de expedientes, pistola digital; el ejercicio
de la facultad de destinar jueces para resolver situaciones de cargas de
trabajo muy complejas; la aplicación del artículo 47 del Código
Orgánico de Tribunales; la asignación de asesores letrados y, otras, con
el fin ya expuesto”, afirmó.
Respecto de la labor de la Corporación Administrativa
del Poder Judicial (CAPJ) el presidente Ballesteros destacó los avances
en gestión, control interno, mejoramiento en los sistemas de
adquisiciones, mantenimiento e infraestructura, el desarrollo
institucional y los trabajos en el mejoramiento del clima laboral.
Ballesteros –agregó- que durante el año pasado se
trabajó intensamente en la creación de parámetros para establecer un
Índice de Calidad de la Justicia -proyecto que fue anunciado en la
inauguración del Año Judicial 2012- y para lo cual se requirió aplicar
miles de encuestas a funcionarios, abogados y público en general.
“Este índice (de calidad de la justicia) posee
alrededor de 600 indicadores individuales, de los cuales aproximadamente
la mitad corresponde a mediciones que incorporan la percepción de los
usuarios del sistema de justicia. El levantamiento de información se
realizó a finales del mes de enero del año en curso con el apoyo del
Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado, que aplicó una
serie de entrevistas a abogados y a la comunidad en general, en todos
los Tribunales de las ciudades asiento de Corte del país, incluidas las
Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, lo que permite estimar en
buena medida la percepción que se tiene de la judicatura. Junto con lo
anterior, se aplicaron encuestas electrónicas a jueces y secretarios,
administradores de tribunales y funcionarios, incluidos los de la
Corporación Administrativa. Las encuestas fueron realizadas a un
universo de más de diez mil personas. El avance actual del Índice de
Calidad de la Justicia del Poder Judicial alcanza el 71%. Este año
continuaremos trabajando en el desarrollo de este importante proyecto,
en sus resultados y en la información que arroja para que la comunidad
jurídica acceda, lo antes posible, a los beneficios que proporciona esta
herramienta de medición”, aseguró.
El presidente de la Corte Suprema destacó el
establecimiento de nuevos mecanismos de cooperación internacional con
poderes judiciales de la región y de Europa, resaltando la reciente
celebración en Chile de la I Cumbre Judicial de la Comunidad de Estados
de Latinoamérica y el Caribe (Celac) y la Unión Europea, y la XVII
Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizará en Chile el 2014.
Ballesteros agradeció la promulgación de la Ley
20.628, conocida como “Ley del juez destinado”, que se encontraba
pendiente desde el año 2008 y que permite trasladar provisoriamente a
jueces desde tribunales con menor carga de trabajo a tribunales con
mayor carga laboral.
“La Corte Suprema hizo uso de esta facultad
inmediatamente. En la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de
Santiago, por resoluciones de 31 de diciembre de 2012 y 22 de enero de
2013 respectivamente, se destinó a un total de 10 jueces, 7 para el
Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y 3 para el Cuarto. En la
jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el 31 de
diciembre, destinó a 2 jueces al Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal. En la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción el
pasado 31 de diciembre de 2012 y 31 de enero de 2013 respectivamente,
destinó a un total de 6 jueces, 3 para el Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal, 2 para el juzgado de Letras del trabajo y 1 para el Juzgado de
Garantía, todos de Concepción. Esto, sin lugar a dudas, redundará en una
mejor gestión de estos tribunales y disminuirá los costos del actual
sistema de suplencias y comisiones de servicio“, informó.
Asimismo, el presidente Ballesteros abogó por mayores
garantías en el ámbito de la independencia judicial y lamentó el
retraso en la provisión de cargos de ministros de la Corte Suprema.
En este sentido recordó que al Senado le corresponde
refrendar una decisión adoptada por el Presidente de la República,
entendiendo que se debe confirmar o rechazar un nombramiento y no le
corresponde analizar las aptitudes de un candidato propuesto.
“No está demás afirmar que la decisión política, es
decir, el acto por el cual se resuelve la nominación de ministro del
máximo tribunal, le corresponde exclusivamente al Presidente de la
República, quien es el llamado a analizar la idoneidad personal y
profesional de aquél. También es preciso afirmar que no se contempla
atribución constitucional o legal que autorice al Presidente ni a los
miembros del Senado en la sesión extraordinaria destinada a la
aprobación o rechazo del candidato, a considerar o ponderar el contenido
o mérito de las resoluciones judiciales que hayan redactado los
magistrados nominados para asumir el cargo de Ministro de Corte
Suprema”, afirmó.
Y agregó: “El desconocimiento de la citada
disposición constitucional, en el plano del procedimiento de
nombramiento de los Ministros de la Corte Suprema, constituye una grave
amenaza y perturbación a la independencia de juicio e imparcialidad de
los jueces y ministros”.
Además, solicitó que los nombramientos se desarrollen
dentro de un plazo razonable para evitar las dificultades propias de
recurrir a la integración de salas con abogados integrantes y no con
ministros titulares.
“Resulta prioritario que el procedimiento para
proveer los cargos de ministros de la Corte Suprema se desarrolle en
tiempos razonables. Su demora excesiva se traduce en que el máximo
Tribunal en largos períodos no cuente con su dotación completa, lo que
no es conveniente para su correcto funcionamiento. Para palear las
dificultades en la conformación de sus salas se ha debido recurrir con
excesiva frecuencia a los abogados integrantes. Cabe recordar que en los
últimos 5 cargos que han sido provistos, el tiempo que ha mediado entre
la remisión por la Corte Suprema de la respectiva cinquena y el
nombramiento del nuevo Ministro de este Tribunal, el promedio se
aproxima a los 5 meses, llegando en algunos casos a 7 meses de demora”.
Sobre la autonomía financiera, el presidente de la
Corte Suprema recordó que las prácticas internacionales de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), recomiendan
el establecimiento de mecanismos de control interno y propuso la
creación de una Contraloría General Interna del Poder Judicial.
“El organismo que se propone se denomina Contraloría
General Interna del Poder Judicial y su dirección y administración
estará a cargo de tres Ministros de la Corte Suprema y el Contralor.
Podrán participar en este ente el Director, el Subdirector y el Asesor
Jurídico de la Corporación Administrativa, en caso de ser necesario y
cuando sea requerido. Es un organismo que depende directamente del
Presidente de la Corte Suprema y es autónomo de la Corporación
Administrativa del Poder Judicial, que es la entidad sujeta a auditorías
y control”, dijo.
En el mismo ámbito, solicitó retomar la discusión de
los proyectos de ley de la denominada Mesa Judicial, en particular los
relacionados con la autonomía estructural del trabajo y que proponen
entre otras materias el establecimiento en el Código Orgánico de
Tribunales de unidades como la Dirección de Estudios y la Dirección de
Comunicaciones, entre otras, “unidades que resultan fundamentales para
un eficaz y efectivo Gobierno Judicial”, aseguró.
|
|||
Comentarios