Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprueba en general proyecto que refuerza la probidad en la función pública
Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprueba en general proyecto que refuerza la probidad en la función pública
Publicado el 02 de junio del 2011
La iniciativa legal perfecciona las declaraciones de patrimonio e intereses que deben presentar las autoridades públicas e impone a algunas de éstas la obligación de constituir un mandato de administración de valores y, en otros casos, la enajenación de activos para prevenir conflictos de interés.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en general un proyecto del Ejecutivo que busca prevenir los conflictos de interés de las autoridades públicas y fortalecer la probidad en la gestión del Estado.
La iniciativa legal fue presentada ante la instancia especializada por el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y el encargado de la división jurídico-legislativa de la misma cartera, Sebastián Soto, quienes destacaron que el proyecto incorpora los más modernos estándares internacionales en esta materia, correspondientes a las de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
El proyecto complementa y perfecciona las declaraciones de intereses y patrimonio que deben realizar las autoridades públicas, ampliando su alcance y extendiendo a los más altos funcionarios dicha obligación, además de garantizar su difusión y conocimiento por la ciudadanía. Asimismo, establece la obligación de ciertas autoridades de constituir un mandato de administración de valores y, en algunos casos, la enajenación de los activos en aquellas situaciones excepcionales en las que el mandato no pueda resolver un determinado conflicto de interés.
El Ministro Larroulet destacó que este texto fue elaborado por un grupo de trabajo de la SEGPRES (Secretaría General de la Presidencia) junto a asesores parlamentarios y sus contenidos fueron testeados con algunos diputados de la Comisión, de manera que se trata de una propuesta relativamente consensuada y que recoge diversas visiones. Agregó que en esta materia el Gobierno se está rigiendo por criterios de gradualidad en los instrumentos jurídicos para prevenir conflictos de interés y reforzar la probidad a fin de no obstaculizar el ingreso al servicio público de profesionales destacados.
En lo específico, Soto precisó que el proyecto unifica en un solo formulario las declaraciones de patrimonio e intereses, a la vez que extiende la obligación de realizarlas a los miembros del Consejo de Transparencia, del Tribunal de Contratación Pública y del Consejo de Alta Dirección Pública. Este trámite será fiscalizado por la Contraloría General de la República.
Explicó también que se establece la obligación a ciertas autoridades (Presidente, Contralor, parlamentarios, ministros, subsecretarios, intendentes y alcaldes) de constituir un mandato de administración a un tercero independiente de determinados valores que pueden crear conflictos de interés. Este mandato tendrá dos modalidades, uno general y otro diversificado, que incluye liquidación de valores. Finalmente, cuando el conflicto de interés no se resuelve con este mandato, el proyecto consagra la enajenación de activos.
Tras la exposición, los diputados Jorge Burgos (DC), Marcelo Díaz (PS), Arturo Squella (UDI) y Felipe Harboe (PPD), manifestaron su respaldo a los lineamientos generales de la iniciativa y formularon algunas preguntas sobre sus contenidos.
Tras un breve debate, se aprobó por unanimidad la idea de legislar y se acordó dedicar las próximas dos sesiones a escuchar a especialistas en estos temas.
El presidente de la Comisión, diputado Alberto Cardemil (RN), afirmó que “esta norma nos va a poner a la punta de la probidad y transparencia en América, es un buen proyecto de ley, bien prolijo, bien analizado, creo que se dio un paso importante aprobándolo en general y estoy seguro que dentro de junio lo vamos a tener despachado con un trabajo muy profesional y serio”.
Reforma sobre requisitos de candidaturas
En la última parte de la sesión, la Comisión de Constitución la dedicó a debatir dos mociones parlamentarias que proponen reforzar los requisitos de residencia a los candidatos a cargos de diputados.
Uno de los proyectos impone a los candidatos a diputados la obligación de registrar “domicilio” en la respectiva región donde postula con dos años de anticipación a la elección, mientras que la segunda iniciativa obliga a estar inscrito en los registros electorales de la región en el mismo plazo previo.
La propuesta fue explicada y defendida ante la Comisión por uno de sus autores, el diputado Germán Becker, quien la fundamentó en la necesidad de que se cumpla efectivamente, y no siga siendo burlado, el requisito de residencia que exige la Constitución, a la vez de evitar la imposición de las candidaturas foráneas en las regiones por parte de las cúpulas partidistas santiaguinas.
Los diputados Burgos, Squella y Guillermo Ceroni (PPD) se manifestaron críticos de la propuesta arguyendo que en esta materia es preferible dar a los electores el mayor abanico de opciones y no restringirlas.
El proyecto quedó pendiente de votación.
Al término de la sesión, el diputado Cardemil sostuvo que “a mí me interesó la moción para establecer a los diputados a lo menos el requisito que estén inscritos en los registros electorales de la región. Yo conozco varios alcaldes y diputados que no han podido votar en la elección en la que postularon porque estaban inscritos en los registros electorales de otra región. Creo que establecer un plazo de dos años para inscribirse es una iniciativa interesante”.
“Estos son temas discutibles que tienen que ver con la modernización de la política: una especie de cosmopolitismo versus una regionalización, y yo, pese a ser diputado por Santiago, creo que hay que fortalecer la regionalización”, aseveró.
Publicado el 02 de junio del 2011
La iniciativa legal perfecciona las declaraciones de patrimonio e intereses que deben presentar las autoridades públicas e impone a algunas de éstas la obligación de constituir un mandato de administración de valores y, en otros casos, la enajenación de activos para prevenir conflictos de interés.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en general un proyecto del Ejecutivo que busca prevenir los conflictos de interés de las autoridades públicas y fortalecer la probidad en la gestión del Estado.
La iniciativa legal fue presentada ante la instancia especializada por el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y el encargado de la división jurídico-legislativa de la misma cartera, Sebastián Soto, quienes destacaron que el proyecto incorpora los más modernos estándares internacionales en esta materia, correspondientes a las de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
El proyecto complementa y perfecciona las declaraciones de intereses y patrimonio que deben realizar las autoridades públicas, ampliando su alcance y extendiendo a los más altos funcionarios dicha obligación, además de garantizar su difusión y conocimiento por la ciudadanía. Asimismo, establece la obligación de ciertas autoridades de constituir un mandato de administración de valores y, en algunos casos, la enajenación de los activos en aquellas situaciones excepcionales en las que el mandato no pueda resolver un determinado conflicto de interés.
El Ministro Larroulet destacó que este texto fue elaborado por un grupo de trabajo de la SEGPRES (Secretaría General de la Presidencia) junto a asesores parlamentarios y sus contenidos fueron testeados con algunos diputados de la Comisión, de manera que se trata de una propuesta relativamente consensuada y que recoge diversas visiones. Agregó que en esta materia el Gobierno se está rigiendo por criterios de gradualidad en los instrumentos jurídicos para prevenir conflictos de interés y reforzar la probidad a fin de no obstaculizar el ingreso al servicio público de profesionales destacados.
En lo específico, Soto precisó que el proyecto unifica en un solo formulario las declaraciones de patrimonio e intereses, a la vez que extiende la obligación de realizarlas a los miembros del Consejo de Transparencia, del Tribunal de Contratación Pública y del Consejo de Alta Dirección Pública. Este trámite será fiscalizado por la Contraloría General de la República.
Explicó también que se establece la obligación a ciertas autoridades (Presidente, Contralor, parlamentarios, ministros, subsecretarios, intendentes y alcaldes) de constituir un mandato de administración a un tercero independiente de determinados valores que pueden crear conflictos de interés. Este mandato tendrá dos modalidades, uno general y otro diversificado, que incluye liquidación de valores. Finalmente, cuando el conflicto de interés no se resuelve con este mandato, el proyecto consagra la enajenación de activos.
Tras la exposición, los diputados Jorge Burgos (DC), Marcelo Díaz (PS), Arturo Squella (UDI) y Felipe Harboe (PPD), manifestaron su respaldo a los lineamientos generales de la iniciativa y formularon algunas preguntas sobre sus contenidos.
Tras un breve debate, se aprobó por unanimidad la idea de legislar y se acordó dedicar las próximas dos sesiones a escuchar a especialistas en estos temas.
El presidente de la Comisión, diputado Alberto Cardemil (RN), afirmó que “esta norma nos va a poner a la punta de la probidad y transparencia en América, es un buen proyecto de ley, bien prolijo, bien analizado, creo que se dio un paso importante aprobándolo en general y estoy seguro que dentro de junio lo vamos a tener despachado con un trabajo muy profesional y serio”.
Reforma sobre requisitos de candidaturas
En la última parte de la sesión, la Comisión de Constitución la dedicó a debatir dos mociones parlamentarias que proponen reforzar los requisitos de residencia a los candidatos a cargos de diputados.
Uno de los proyectos impone a los candidatos a diputados la obligación de registrar “domicilio” en la respectiva región donde postula con dos años de anticipación a la elección, mientras que la segunda iniciativa obliga a estar inscrito en los registros electorales de la región en el mismo plazo previo.
La propuesta fue explicada y defendida ante la Comisión por uno de sus autores, el diputado Germán Becker, quien la fundamentó en la necesidad de que se cumpla efectivamente, y no siga siendo burlado, el requisito de residencia que exige la Constitución, a la vez de evitar la imposición de las candidaturas foráneas en las regiones por parte de las cúpulas partidistas santiaguinas.
Los diputados Burgos, Squella y Guillermo Ceroni (PPD) se manifestaron críticos de la propuesta arguyendo que en esta materia es preferible dar a los electores el mayor abanico de opciones y no restringirlas.
El proyecto quedó pendiente de votación.
Al término de la sesión, el diputado Cardemil sostuvo que “a mí me interesó la moción para establecer a los diputados a lo menos el requisito que estén inscritos en los registros electorales de la región. Yo conozco varios alcaldes y diputados que no han podido votar en la elección en la que postularon porque estaban inscritos en los registros electorales de otra región. Creo que establecer un plazo de dos años para inscribirse es una iniciativa interesante”.
“Estos son temas discutibles que tienen que ver con la modernización de la política: una especie de cosmopolitismo versus una regionalización, y yo, pese a ser diputado por Santiago, creo que hay que fortalecer la regionalización”, aseveró.
Comentarios