OPINIÓN :Colusión de empresas: cómo afecta a los usuarios. Por Jorge Martel
OPINIÓN
Por Jorge Martel
Director de carrera de Derecho
Universidad San Sebastián
“FNE demanda por colusión a Pullman, Tur Bus y otras empresas del mercado del transporte público de pasajeros en primer caso con uso de interceptaciones telefónicas solicitando multas por un total de U$ 48 millones”.
A principios de junio la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició dos nuevos procesos judiciales ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), por haber constatado la existencia de acuerdos entre competidores en el transporte interprovincial de pasajeros para impedir el ingreso de nuevos actores, para fijar tarifas al público y frecuencias en determinadas rutas del país y para acaparar oficinas en los terminales de Valparaíso, Coquimbo, La Serena y Antofagasta obstaculizando el ingreso de nuevos actores a dichas rutas. Tal como lo señaló la autoridad, “para esta Fiscalía los hechos expuestos en ambos requerimientos son de la mayor gravedad, ya que las requeridas a través de su actuar conjunto han afectado un mercado de reconocida connotación e impacto social, como es el mercado interurbano terrestre de pasajeros”.
Las figuras de colusión que hasta hace poco parecían lejanas al común de los ciudadanos, comenzaron a parecer más conocidas a partir del proceso que se inició dos años atrás en contra de las cadenas de farmacias que se ponían de acuerdo para fijar precios y dejar a los consumidores sin la posibilidad de elegir dónde comprar los medicamentos a precios más baratos o “competitivos”.
En este tema se aprecia cómo el Derecho se va acercando cada vez más a la vida del ciudadano común e intenta ayudarle a solucionar problemas a que se ve enfrentado a diario. Así, en este caso, el Derecho de Defensa de la Libre Competencia tiene por objeto la ordenación de los mercados tutelando la competencia como sistema en el que se protegen los intereses de los competidores, de los consumidores y el interés colectivo. En países en desarrollo como Chile sirve, además, para proteger el bienestar de los consumidores previniendo y sancionando niveles de concentración empresarial excesivos, y regulando las prácticas anticompetitivas de las empresas que tengan cierta dimensión comercial; todo ello en el marco de proteger y potenciar la libre competencia que debe permitir que la mayor parte de los privados pueda desarrollar la actividad económica que le parezca o de la cual se crea capaz, permitiendo que exista la mayor cantidad de competidores en el mercado generando una fuerte y numerosa oferta que permita a los consumidores elegir el producto o servicio que más se adecue a sus necesidades, preferencias y capacidad de pago.
He aquí la importancia del rol que desarrolla la FNE como organismo que vigila que se cumpla la ley que protege al mercado de la concentración de empresas o que se ponen de acuerdo para no dejar entrar a nuevos competidores al mercado, manejando la oferta a su amaño y fijando precios que los usuarios no pueden combatir.
Sin embargo, en este caso la autoridad fiscalizadora está usando las herramientas probatorias que permite usar la nueva legislación para investigar casos que hayan sido materia de denuncia o que de oficio quiera investigar, esto es, la interceptación teléfonos que se hace en forma previa y en base a la cual se recopila información que servirá de base para hacer un requerimiento de base por la Fiscalía e iniciar la investigación en contra de los infractores.
¿Cuál es el resultado? Que los consumidores hayan comenzado a reclamar por los derechos que la ley les otorga. Destacando que la autoridad ha sido investida de facultades fiscalizadoras y eventualmente de sanción de los actos que agreden a quienes mantenemos activa a la economía, a quienes se debe atender con bienes y servicios que satisfagan sus necesidades, y para el caso en que así no fuere, puedan tener herramientas que la ley les otorgue para defender sus derechos. Quien sus derechos ejerce no ofende a nadie, en la medida que lo haga por los medios que ley le da para esa defensa.
Por Jorge Martel
Director de carrera de Derecho
Universidad San Sebastián
“FNE demanda por colusión a Pullman, Tur Bus y otras empresas del mercado del transporte público de pasajeros en primer caso con uso de interceptaciones telefónicas solicitando multas por un total de U$ 48 millones”.
A principios de junio la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició dos nuevos procesos judiciales ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), por haber constatado la existencia de acuerdos entre competidores en el transporte interprovincial de pasajeros para impedir el ingreso de nuevos actores, para fijar tarifas al público y frecuencias en determinadas rutas del país y para acaparar oficinas en los terminales de Valparaíso, Coquimbo, La Serena y Antofagasta obstaculizando el ingreso de nuevos actores a dichas rutas. Tal como lo señaló la autoridad, “para esta Fiscalía los hechos expuestos en ambos requerimientos son de la mayor gravedad, ya que las requeridas a través de su actuar conjunto han afectado un mercado de reconocida connotación e impacto social, como es el mercado interurbano terrestre de pasajeros”.
Las figuras de colusión que hasta hace poco parecían lejanas al común de los ciudadanos, comenzaron a parecer más conocidas a partir del proceso que se inició dos años atrás en contra de las cadenas de farmacias que se ponían de acuerdo para fijar precios y dejar a los consumidores sin la posibilidad de elegir dónde comprar los medicamentos a precios más baratos o “competitivos”.
En este tema se aprecia cómo el Derecho se va acercando cada vez más a la vida del ciudadano común e intenta ayudarle a solucionar problemas a que se ve enfrentado a diario. Así, en este caso, el Derecho de Defensa de la Libre Competencia tiene por objeto la ordenación de los mercados tutelando la competencia como sistema en el que se protegen los intereses de los competidores, de los consumidores y el interés colectivo. En países en desarrollo como Chile sirve, además, para proteger el bienestar de los consumidores previniendo y sancionando niveles de concentración empresarial excesivos, y regulando las prácticas anticompetitivas de las empresas que tengan cierta dimensión comercial; todo ello en el marco de proteger y potenciar la libre competencia que debe permitir que la mayor parte de los privados pueda desarrollar la actividad económica que le parezca o de la cual se crea capaz, permitiendo que exista la mayor cantidad de competidores en el mercado generando una fuerte y numerosa oferta que permita a los consumidores elegir el producto o servicio que más se adecue a sus necesidades, preferencias y capacidad de pago.
He aquí la importancia del rol que desarrolla la FNE como organismo que vigila que se cumpla la ley que protege al mercado de la concentración de empresas o que se ponen de acuerdo para no dejar entrar a nuevos competidores al mercado, manejando la oferta a su amaño y fijando precios que los usuarios no pueden combatir.
Sin embargo, en este caso la autoridad fiscalizadora está usando las herramientas probatorias que permite usar la nueva legislación para investigar casos que hayan sido materia de denuncia o que de oficio quiera investigar, esto es, la interceptación teléfonos que se hace en forma previa y en base a la cual se recopila información que servirá de base para hacer un requerimiento de base por la Fiscalía e iniciar la investigación en contra de los infractores.
¿Cuál es el resultado? Que los consumidores hayan comenzado a reclamar por los derechos que la ley les otorga. Destacando que la autoridad ha sido investida de facultades fiscalizadoras y eventualmente de sanción de los actos que agreden a quienes mantenemos activa a la economía, a quienes se debe atender con bienes y servicios que satisfagan sus necesidades, y para el caso en que así no fuere, puedan tener herramientas que la ley les otorgue para defender sus derechos. Quien sus derechos ejerce no ofende a nadie, en la medida que lo haga por los medios que ley le da para esa defensa.
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