Con 77 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación al informe emanado de la Comisión Especial que estudió la situación del patrimonio histórico y cultural y propuso iniciativas para su protección, entre ellas la creación de una política nacional patrimonial y de una Subsecretaría de Protección Patrimonial.
Con 77 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación al informe emanado de la Comisión Especial que estudió la situación del patrimonio histórico y cultural y propuso iniciativas para su protección, entre ellas la creación de una política nacional patrimonial y de una Subsecretaría de Protección Patrimonial.
La Cámara de Diputados aprobó el 5 de mayo de 2010 la solicitud de 59 parlamentarios de crear una Comisión Especial destinada a estudiar la situación del patrimonio histórico y cultural y proponer iniciativas para su protección.
La Comisión se constituyó el 4 de agosto de 2010 y eligió por unanimidad como presidente al diputado Felipe Harboe (PPD). Celebró 18 sesiones entre agosto de 2010 y marzo de 2011.
Durante su trabajo recibió los testimonios, entre otras personas, del vicepresidente del Colegio de Ingenieros, Sergio Contreras; el presidente del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental, Ezio Mosciatti; el presidente del Colegio de Ingenieros, Patricio Gross; el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, Oscar Acuña; la presidenta de la Asociación Chile de Zonas Típicas y Barrios Patrimoniales, Rosario Carvajal; el alcalde de La Serena, Raúl Zaldívar; y el director del Museo Arqueológico, Ángel Durán.
En sus conclusiones finales, el Informe de la Comisión Especial plantea que “se advierte un proceso creciente de deterioro y destrucción del patrimonio cultural, especialmente el de tipo arquitectónico debido a la falta de mantención y cuidado de los bienes; a intervenciones inadecuadas de los propietarios y terceros, quienes no cuentan con directrices claras ni una orientación profesional al respecto; a la ausencia de normas e incentivos para la protección y conservación de los inmuebles y zonas patrimoniales señalados en los planes reguladores y, en definitiva, a la inexistencia de una política de estado que propicie las condiciones adecuadas para su conservación”.
Agrega que “la respuesta que hubo frente a los daños causados por el sismo de febrero de 2010, donde se destruyeron y demolieron una gran cantidad de edificios y zonas con valor patrimonial, es una demostración de la falta de conciencia del valor que este patrimonio significa para la sociedad en su conjunto”.
El informe plantea que la actual institucionalidad con competencias sobre el patrimonio cultural arquitectónico se encuentra dispersa y compartimentada, subrayando que el principal órgano encargado de velar por su protección, el Consejo de Monumentos Nacionales, no cuenta con facultades y competencias necesarias para cumplir con su cometido. “Además, su carácter concentrado (no tiene expresión en regiones) impide que exista un adecuada fiscalización y protección efectiva del patrimonio, y tampoco cuenta con recursos para apoyar las acciones de conservación y restauración que requieren los bienes que han sido reconocidos y declarados”, apunta.
En definitiva, la Comisión Especial propone la instauración de una política nacional patrimonial, que consagre la obligación del estado y la sociedad de conservar y mantener el patrimonio cultural histórico nacional, precisando que esta política debiera tener como pilar la protección y gestión sustentable del patrimonio y el desarrollo de su potencial como agente de promoción y enriquecimiento social, material y espiritual.
En ese marco, se sugiere la creación de un Ministerio de la Cultura, que cuente con una Subsecretaría de Protección Patrimonial, y que tenga competencia exclusiva para coordinar la implementación de la política nacional de su competencia con los demás sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como para evaluar y fiscalizar su aplicación en las distintas instancias.
También propone establecer un órgano colegiado, con participación de expertos y representantes de comunidades organizadas de las zonas amparadas por la protección patrimonial, que asesore al Gobierno en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural de la nación.
Igualmente, plantea la apertura de un registro nacional que resguarde los antecedentes de las obras que han sido reconocidas bajo las diferentes categorías de patrimonio cultural histórico.
La Comisión Especial subraya la necesidad de establecer un sistema de financiamiento y de incentivos y sanciones para estimular la protección del patrimonio cultural histórico y fomentar su conservación, restauración y puesta en valor.
La Cámara de Diputados aprobó el 5 de mayo de 2010 la solicitud de 59 parlamentarios de crear una Comisión Especial destinada a estudiar la situación del patrimonio histórico y cultural y proponer iniciativas para su protección.
La Comisión se constituyó el 4 de agosto de 2010 y eligió por unanimidad como presidente al diputado Felipe Harboe (PPD). Celebró 18 sesiones entre agosto de 2010 y marzo de 2011.
Durante su trabajo recibió los testimonios, entre otras personas, del vicepresidente del Colegio de Ingenieros, Sergio Contreras; el presidente del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental, Ezio Mosciatti; el presidente del Colegio de Ingenieros, Patricio Gross; el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, Oscar Acuña; la presidenta de la Asociación Chile de Zonas Típicas y Barrios Patrimoniales, Rosario Carvajal; el alcalde de La Serena, Raúl Zaldívar; y el director del Museo Arqueológico, Ángel Durán.
En sus conclusiones finales, el Informe de la Comisión Especial plantea que “se advierte un proceso creciente de deterioro y destrucción del patrimonio cultural, especialmente el de tipo arquitectónico debido a la falta de mantención y cuidado de los bienes; a intervenciones inadecuadas de los propietarios y terceros, quienes no cuentan con directrices claras ni una orientación profesional al respecto; a la ausencia de normas e incentivos para la protección y conservación de los inmuebles y zonas patrimoniales señalados en los planes reguladores y, en definitiva, a la inexistencia de una política de estado que propicie las condiciones adecuadas para su conservación”.
Agrega que “la respuesta que hubo frente a los daños causados por el sismo de febrero de 2010, donde se destruyeron y demolieron una gran cantidad de edificios y zonas con valor patrimonial, es una demostración de la falta de conciencia del valor que este patrimonio significa para la sociedad en su conjunto”.
El informe plantea que la actual institucionalidad con competencias sobre el patrimonio cultural arquitectónico se encuentra dispersa y compartimentada, subrayando que el principal órgano encargado de velar por su protección, el Consejo de Monumentos Nacionales, no cuenta con facultades y competencias necesarias para cumplir con su cometido. “Además, su carácter concentrado (no tiene expresión en regiones) impide que exista un adecuada fiscalización y protección efectiva del patrimonio, y tampoco cuenta con recursos para apoyar las acciones de conservación y restauración que requieren los bienes que han sido reconocidos y declarados”, apunta.
En definitiva, la Comisión Especial propone la instauración de una política nacional patrimonial, que consagre la obligación del estado y la sociedad de conservar y mantener el patrimonio cultural histórico nacional, precisando que esta política debiera tener como pilar la protección y gestión sustentable del patrimonio y el desarrollo de su potencial como agente de promoción y enriquecimiento social, material y espiritual.
En ese marco, se sugiere la creación de un Ministerio de la Cultura, que cuente con una Subsecretaría de Protección Patrimonial, y que tenga competencia exclusiva para coordinar la implementación de la política nacional de su competencia con los demás sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como para evaluar y fiscalizar su aplicación en las distintas instancias.
También propone establecer un órgano colegiado, con participación de expertos y representantes de comunidades organizadas de las zonas amparadas por la protección patrimonial, que asesore al Gobierno en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural de la nación.
Igualmente, plantea la apertura de un registro nacional que resguarde los antecedentes de las obras que han sido reconocidas bajo las diferentes categorías de patrimonio cultural histórico.
La Comisión Especial subraya la necesidad de establecer un sistema de financiamiento y de incentivos y sanciones para estimular la protección del patrimonio cultural histórico y fomentar su conservación, restauración y puesta en valor.
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