HACIA UN NUEVO MUNICIPIO EN EL SIGLO XXI. Por Gonzalo Luna, consejero de Evópolis
OPINIÓN
HACIA UN NUEVO MUNICIPIO EN EL SIGLO XXI. Por Gonzalo Luna*
Las Municipalidades se han constituido en las últimas décadas, en uno de
los actores más relevantes dentro de la Administración del Estado.
Estas son herederas de la institución colonial del Cabildo Español, y
de las distintos procesos de reformas jurídicas, políticas y
administrativas, implementadas durante proceso de nacimiento y
conformación del Estado chileno a lo largo de los siglos XIX y XX. Sin
embargo, es en las últimas décadas donde hemos sido testigos de una
serie de intentos, los cuales con mayor o menor éxito han transformado
tanto la estructura como las funciones de los gobiernos locales en
chile, con el fin de convertirlos en reales articuladores de las
demandas de los habitante que habitan en sus territorios.
En este marco, debemos destacar el proceso de reforma de la administración y organización interna municipal iniciado en la década de los setenta, la cual concibió a los municipios como órganos descentralizados, dentro del sistema de Gobierno y Administración del Estado, otorgándoles un conjunto de responsabilidades y tareas, los cuales posteriormente se traducirían en el polémico proceso de Municipalización de la educación y la salud. Ya a partir de 1990, se establecieron una serie de reformas encaminadas a democratizar los procesos de elección de sus autoridades políticas, tales como la elección directa de los alcaldes (1991) y posteriormente, su elección separada del cargo de concejales (2004).
Sin embargo estas reformas no han podido superar la existencia de un sistema caracterizado por una ingente cantidad de responsabilidades y atribuciones que en forma privativa o compartida, los municipios deben llevar a cabo al interior de sus territorios. Esto anterior se ha visto agravado por la crónica falta de recursos financieros, lo cual a pesar de las sucesivas reformas a la Ley de Rentas y a la existencia de formulas de compensación como el Fondo Común Municipal (creado a partir de 1981) no han logrado superar.
Actualmente nuestro sistema municipal se caracteriza por la existencia de una enorme disparidad ente las comunas, en aspectos tales como infraestructura equipamiento, recursos humanos, así como la existencia de una enorme diversidad territorial, marcadas por diferencias entre las áreas urbanas y rurales, y especialmente por la desigualdad existente entre los municipios en su capacidad de poder de generar ingresos propios que les permitan prestar servicios en forma eficaz y eficiente. A esto hay que sumar, un escenario social caracterizado por una Sociedad Civil cada vez mas demandante, la cual exige a los gobiernos locales soluciones concretas e inmediatas en áreas tales como seguridad, empleo, desarrollo económico y productivo, así como mayor participación en la toma de decisiones.
Todo lo anterior hace urgente la generación de los consensos políticos que permitan una profunda reforma municipal, la cual acoja las particulares condiciones geográficas, políticas y sociales de nuestra nación, y que permitan superar la histórica centralización que ha sufrido nuestro sistema institucional a partir de la excesiva gravitación política y económica de Santiago sobre el resto del país. Se hace imprescindible no solo un renovado compromiso por parte del Estado en aportar los recursos financieros suficientes que aseguren el normal desenvolvimiento de las municipalidades, especialmente de aquellas más vulnerables, sino que además este genere las condiciones que le permitan a las municipalidades mayor flexibilidad a la hora de poder generar recursos y equipamiento, así como el poder emprender normativas y planes y acciones que beneficien la inversión privada en sus territorios. Esto debería incluir especialmente incentivos a las pequeñas y medianas empresas, las cuales son el motor en la creación de empleos.
En relación a su estructura funcionaria la posibilidad de que los gobiernos locales tengan la capacidad de renovar su planta funcionaria, sin caer en arbitrariedades, pero a su vez premien e incentiven a aquellos funcionarios más eficientes, y en donde la meritocracia sea la norma y aspectos tales como la capacitación y la formación profesional sean ámbitos que permitan contar con funcionarios municipales de calidad.
Finalmente, en el ámbito de la participación, la misión encomendada a los municipios en cuanto a promover la voz y la opinión de los ciudadanos, lo cual se ha traducido en reformas tales como la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2011) deben ser reforzadas y ampliadas, la cual permitiría fortalecer tanto lo político como lo social dentro de un territorio y a su vez permite fortalecer las relaciones entre la comunidad organizada y el gobierno local.
Todas estas medidas expresadas muy superficialmente, deberían encaminar a los municipios a convertirse en reales actores de su destino y el de sus comunidades, encaminadas a transformar finalmente a las municipalidades en actores claves de la Administración del Estado en el siglo XXI
En este marco, debemos destacar el proceso de reforma de la administración y organización interna municipal iniciado en la década de los setenta, la cual concibió a los municipios como órganos descentralizados, dentro del sistema de Gobierno y Administración del Estado, otorgándoles un conjunto de responsabilidades y tareas, los cuales posteriormente se traducirían en el polémico proceso de Municipalización de la educación y la salud. Ya a partir de 1990, se establecieron una serie de reformas encaminadas a democratizar los procesos de elección de sus autoridades políticas, tales como la elección directa de los alcaldes (1991) y posteriormente, su elección separada del cargo de concejales (2004).
Sin embargo estas reformas no han podido superar la existencia de un sistema caracterizado por una ingente cantidad de responsabilidades y atribuciones que en forma privativa o compartida, los municipios deben llevar a cabo al interior de sus territorios. Esto anterior se ha visto agravado por la crónica falta de recursos financieros, lo cual a pesar de las sucesivas reformas a la Ley de Rentas y a la existencia de formulas de compensación como el Fondo Común Municipal (creado a partir de 1981) no han logrado superar.
Actualmente nuestro sistema municipal se caracteriza por la existencia de una enorme disparidad ente las comunas, en aspectos tales como infraestructura equipamiento, recursos humanos, así como la existencia de una enorme diversidad territorial, marcadas por diferencias entre las áreas urbanas y rurales, y especialmente por la desigualdad existente entre los municipios en su capacidad de poder de generar ingresos propios que les permitan prestar servicios en forma eficaz y eficiente. A esto hay que sumar, un escenario social caracterizado por una Sociedad Civil cada vez mas demandante, la cual exige a los gobiernos locales soluciones concretas e inmediatas en áreas tales como seguridad, empleo, desarrollo económico y productivo, así como mayor participación en la toma de decisiones.
Todo lo anterior hace urgente la generación de los consensos políticos que permitan una profunda reforma municipal, la cual acoja las particulares condiciones geográficas, políticas y sociales de nuestra nación, y que permitan superar la histórica centralización que ha sufrido nuestro sistema institucional a partir de la excesiva gravitación política y económica de Santiago sobre el resto del país. Se hace imprescindible no solo un renovado compromiso por parte del Estado en aportar los recursos financieros suficientes que aseguren el normal desenvolvimiento de las municipalidades, especialmente de aquellas más vulnerables, sino que además este genere las condiciones que le permitan a las municipalidades mayor flexibilidad a la hora de poder generar recursos y equipamiento, así como el poder emprender normativas y planes y acciones que beneficien la inversión privada en sus territorios. Esto debería incluir especialmente incentivos a las pequeñas y medianas empresas, las cuales son el motor en la creación de empleos.
En relación a su estructura funcionaria la posibilidad de que los gobiernos locales tengan la capacidad de renovar su planta funcionaria, sin caer en arbitrariedades, pero a su vez premien e incentiven a aquellos funcionarios más eficientes, y en donde la meritocracia sea la norma y aspectos tales como la capacitación y la formación profesional sean ámbitos que permitan contar con funcionarios municipales de calidad.
Finalmente, en el ámbito de la participación, la misión encomendada a los municipios en cuanto a promover la voz y la opinión de los ciudadanos, lo cual se ha traducido en reformas tales como la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2011) deben ser reforzadas y ampliadas, la cual permitiría fortalecer tanto lo político como lo social dentro de un territorio y a su vez permite fortalecer las relaciones entre la comunidad organizada y el gobierno local.
Todas estas medidas expresadas muy superficialmente, deberían encaminar a los municipios a convertirse en reales actores de su destino y el de sus comunidades, encaminadas a transformar finalmente a las municipalidades en actores claves de la Administración del Estado en el siglo XXI
*consejero de Evópolis
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