Diputados solicitan al Ministerio de Justicia revisar situación de falta de fiscales y personal de apoyo en el Ministerio Público




Publicado el 29 de septiembre del 2011



Con 65 votos a favor y uno en contra, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación al Proyecto de Acuerdo 421, que solicita al Ministerio de Justicia que revise la situación actual de fiscales y de personal adscrito a la investigación de causas y atención a víctimas. Asimismo, la Cámara manifiesta su preocupación por la falta de subrogancia y suplencia para los fiscales adjuntos y pide al Ministerio Público verificar que en la contratación de fiscales o asignación de grados no se incurra en discriminaciones de género.





La iniciativa fue promovida por parlamentarios de diversas bancadas, encabezados por la diputada Mónica Zalaquett (UDI), quien afirmó que la seguridad pública es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y frente a ello la acción del Ministerio Público no ha sido todo lo efectiva que se esperaba debido a que se subestimó la cantidad de fiscales necesarios para la persecución de los delitos.



Precisó que en el actual ordenamiento existen 647 fiscales y cada uno de ellos lleva, en promedio, dos mil causas al año, equivalente al doble de lo que se había proyectado, situación que atribuyó a las erradas previsiones que se hicieron al diseñar la reforma y al hecho de que leyes recientes han ampliado el número de delitos sujetos a persecución penal, como las relativas a violencia intrafamiliar y responsabilidad penal adolescente.



La parlamentaria señaló que, según los especialistas, para una adecuada atención a las víctimas y de las investigaciones, cada fiscal debiese llevar un máximo de mil causas anuales, lo que evidencia que la capacidad del Ministerio Público en este ámbito se encuentra sobrepasada.



Hizo hincapié que otro aspecto que entorpece la acción de la fiscalía y representa una debilidad del sistema es la falta de subrogancia y suplencia de los fiscales adjuntos, lo que reduce aún más la capacidad operativa cuando éstos hacen uso de feriados legales, permisos administrativos, licencias médicas, permisos maternales de pre y posnatal, y en casos de vacancias en el cargo.



La diputada Zalaquett cuestionó además la disparidad en las condiciones profesionales y económicas de los fiscales adjuntos, que se traduce en situaciones discriminatorias que afectan a las mujeres como menores grados y remuneraciones más bajas.



A raíz de las situaciones descritas, la congresista señaló que desde el inicio de la reforma procesal han dejado el Ministerio Público más de 120 fiscales, lo que ha significado un pérdida de cuantiosos recursos estatales invertidos en selección y capacitación de cada uno de ellos. Puso de relieve que alrededor de un 30 por ciento de los fiscales renunciados actualmente presta funciones como jueces dentro del Poder Judicial

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