Corporación Humanas: Diputados lideran presentación de proyectos de ley en el Parlamento

             Corporación Humanas: Diputados lideran presentación de proyectos de ley en el Parlamento

Publicado el 10 de mayo del 2013

La ONG informó ante la Comisión de Derechos Humanos que las mociones ingresadas por diputados duplican las de los senadores y cuadruplican las iniciativas originadas por el Ejecutivo. Sin embargo, distinguieron que el Ejecutivo hace valer sus prerrogativas legislativas para agilizar y sacar adelante sus propuestas, en desmedro de las parlamentarias.

Los diputados lideran en el Parlamento en la presentación de proyectos de ley en comparación con las acciones efectuadas en la misma línea por senadores y por el Gobierno, según determinó un estudio realizado por el Observatorio Parlamentario de la Corporación Humanas.

Ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, instancia que preside la diputada Ximena Vidal (PPD), la coordinadora del Observatorio, Camila Maturana, presentó las conclusiones del estudio "Balance al Poder Legislativo año 2012", publicado recientemente por esa organización.

Según destalló, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 fueron presentados 626 proyectos de ley, lo que da cuenta de la preocupación de los parlamentarios y del Ejecutivo por el debate de variados asuntos. Precisó que, como en años anteriores, mayoritariamente las iniciativas de ley son ingresadas a trámite por diputados/as (62%), en comparación con las mociones presentadas por senadores (24%) y por las iniciativas originadas por el Gobierno (14%).

La coordinadora indicó que, en ambas Corporaciones, destaca la formulación conjunta de mociones parlamentarias, es decir, la presentación de propuestas por parte de legisladores de distintas colectividades políticas, tanto del oficialismo, como de oposición e independientes. En este ámbito se encuentran el 52% de las mociones presentadas en la Cámara de Diputados y el 42% de las iniciativas ingresadas en el Senado. Del remanente, se identificó que la Coalición por el Cambio presentó el 37% de los proyectos en la Cámara y el 31% en el Senado; el pacto Concertación y Juntos Podemos por Más Democracia se originó un 11% de las iniciativas de la Cámara y un 23% del Senado; y senadores fuera de pacto presentaron en dicha institución un 4% de las propuestas.

“No obstante, en el trabajo legislativo desarrollado por el Parlamento en 2012, mayor importancia se asigna al debate de las propuestas gubernamentales que a las mociones de congresistas. De los 85 mensajes presidenciales presentados en el año, el 31% terminó su tramitación legislativa ante el Congreso Nacional antes del 31 de diciembre, mientras que el 37% alcanzó algún grado de avance en el proceso de discusión parlamentaria y 27 propuestas no cumplieron ninguna etapa de tramitación. En cambio, de los proyectos presentados por congresistas en el año, solo cuatro mociones fueron aprobadas (1% de las iniciativas de diputados/as), mientras el 4% de los proyectos de diputados/as y el 2% de las mociones de senadores/as pasó a segundo trámite constitucional. El 93% de las iniciativas parlamentarias no cumplió ninguna etapa de tramitación legislativa ante la Cámara de Diputados, como tampoco el 92% de las mociones presentadas ante el Senado”, concluyó el estudio.

Se aclaró que durante el año informado se aprobaron 91 leyes, mayoritariamente propuestas por el Ejecutivo (65%). El 76% de las iniciativas presidenciales aprobadas fue presentado por el Presidente Sebastián Piñera, el 22% por la ex Presidenta Michelle Bachelet en su momento y un mensaje había sido propuesto por el ex Presidente Ricardo Lagos. En tanto, 18 leyes dictadas en 2012 fueron planteadas por diputados/as y 14 por senadores/as.

Se informó que casi la mitad de las leyes sancionadas entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2012 tardó menos de un año en el proceso de discusión legislativa (47%), incluyendo cinco iniciativas despachadas en menos de un mes. El 34% fue aprobado luego de uno o dos años de tramitación, el 8% al cabo de tres o cuatro años y el 11% tras cinco o más años de tramitación.

Sin embargo, sentencia la evaluación, solo una quinta parte de las leyes sancionadas refiere a alguna dimensión de reconocimiento o protección de derechos humanos (22%) y dos leyes abordan algún aspecto de la profundización de la democracia.

“Si bien en algunas materias se han emprendido reformas normativas y se ha procurado adoptar disposiciones y estándares internacionales sobre derechos humanos, se observa que un amplio conjunto de obligaciones internacionales todavía permanecen pendientes de cumplimiento y que el Poder Legislativo no llega a abordar con la celeridad requerida el debate de numerosas y significativas iniciativas”, se criticó.

Se resaltó que la dictación de la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, constituye uno de los principales avances legislativos del año 2012. “Aprobada tras siete años de debate, representa un hito en el reconocimiento y protección de la diversidad sexual en tanto dicha normativa prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género -entre otras causales- e instaura un mecanismo judicial. Sin embargo, se trata de una legislación limitada en cuanto a sus objetivos y alcance, que no representa el cumplimiento cabal de las obligaciones asumidas por el Estado de Chile en materia de prevención, sanción, erradicación y reparación de la discriminación”, precisó el informe.

En el ámbito de la institucionalidad para la protección de los derechos humanos, se valoró la presentación y debate de la propuesta presidencial sobre una Subsecretaría de Derechos Humanos para la coordinación de las políticas públicas en la materia, iniciativa que se encuentra en primer trámite legislativo en el Senado. En todo caso, se recalcó que la futura creación de esta entidad gubernamental no resta la necesidad de contar en el país con una Defensoría de las Personas para la protección y defensa de los derechos humanos, frente a actuaciones de órganos públicos y privados.

Del mismo modo, se apreció el avance legislativo de la reforma a la sociedad conyugal que busca poner fin a la discriminación normativa que priva a las mujeres de la administración de los bienes sociales y de sus bienes propios.

Sin embargo, junto a los avances observados, se advirtió un amplio conjunto de normas jurídicas sobre derechos humanos pendientes de dictación o reforma por parte del Poder Legislativo, pese a tratarse de obligaciones asumidas por el Estado de Chile. Al respecto se observó lo siguiente:

1. Necesidad de reforma a la Justicia Militar, para limitarla solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo, de forma que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares y garantizar el debido proceso.
2. Cumplir con la supresión del Decreto Ley de Amnistía y garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
3. Abordar el debate de la adecuada conceptualización de la tortura.
4. Avanzar en la discusión sobre matrimonio igualitario y acuerdo de vida en pareja propuesto por el Presidente Sebastián Piñera.
5. Debatir respecto de normas legales que expresamente discriminan a las personas por su orientación sexual e identidad de género.
6. Reforma al sistema electoral binominal y para garantizar la participación política paritaria entre hombres y mujeres.
7. Avanzar en despenalización del aborto en determinadas circunstancias, como el aborto terapéutico o para casos de violación y malformaciones graves del feto.
8. Retraso en el debate legislativo sobre derechos de niños, niñas y adolescentes.
9. Falta de avance en el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas.
10. Incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos de personas migrantes.

“La adecuada representación de los intereses de la ciudadanía por parte de las autoridades requiere un mayor compromiso de éstas con la protección de los derechos humanos. Por ello, el Poder Legislativo debe priorizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales sobre derechos humanos que el Estado de Chile mantiene pendientes y abordar con mayor celeridad el debate de un conjunto de iniciativas de ley a las que no se les ha prestado la debida atención”, finaliza el documento presentado por la coordinadora.