Diputados de Minería piden al Ejecutivo reconsiderar proyecto que impulsa la inversión minera

             Diputados de Minería piden al Ejecutivo reconsiderar proyecto que impulsa la inversión minera

Publicado el 23 de diciembre del 2013

Legisladores de oficialistas y de oposición llamaron a despejar aquellas materias que tendrían viabilidad legislativa y, eventualmente, una mayor opción de aprobarse, de las que presentan mayor oposición y que requieren de una discusión más prolongada.

Un llamado al Ejecutivo a reconsiderar los lineamientos generales del proyecto (boletín 9169) que impulsa la inversión minera, efectuaron la semana pasada diputados de la Comisión de Minería, ello frente a la poca viabilidad legislativa que tendría la propuesta de mantenerse en los mismos términos.

Los parlamentarios hicieron llegar sus opiniones tanto pronto la iniciativa fue presentada por el Ministro Hernán De Solminihac el pasado 4 de diciembre. Ya en ese momento se objetó, por ejemplo, que la Dirección General de Aguas (DGA) se reste de la fiscalización de los depósitos de relaves, cuando estos presenten sobre un 65% de material sólido, quedando la tutela para dichos casos en el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Una de las visiones más negativas fue la presentada la semana pasada por los funcionarios del Sernageomin, quienes llamaron directamente a rechazar el proyecto. Reclamaron que ninguna de las propuestas legales contenidas en él fue consultada, o siquiera informada, a las organizaciones de profesionales relacionados con el sector geológico minero o a los profesionales y expertos de los ministerios y servicios públicos involucrados en el tema, como la DGA y el mismo Sernageomin.

Afirmaron que el proyecto no promueve la inversión en el sector minero y sostuvieron que, más bien, tiende a la tercerización de funciones que son propias de los organismos reguladores del Estado en estas materias.

El diputado Luis Lemus (PS) coincidió con la evaluación y estimó que la iniciativa no va en la línea de promover la minería, sino que más bien generará conflictos al interior de la industria.

En este contexto, el presidente de la Comisión, diputado Carlos Vilches (UDI), y el diputado Juan Carlos Latorre (DC) encararon a los representantes del Gobierno y le solicitaron una reconsideración de la propuesta.

“Algunos de los puntos pueden tener un tratamiento bastante más simple que otros, entonces el Ejecutivo, con la flexibilidad que tiene, debiera pensar seriamente si tiene sentido mantener el proyecto con la actual estructura o pensar qué puntos se pueden separar en otro proyecto de ley”, planteó Latorre durante el debate.

El diputado Vilches coincidió y resaltó que no es fácil resolver rápidamente el trámite de esta ley, tal como está hoy descrita, por lo que propuso que se parcele en más de una iniciativa o que se presente una indicación sustitutiva para enmendarlo y darle viabilidad.

El legislador recalcó que la propuesta del Gobierno se hace muy compleja de analizar y de resolver, al tocar múltiples y variadas normativas, como son la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras (20.551), la Ley Orgánica del Sernageomin (DL 3.525), el Código de Aguas y el Código de Procedimiento Civil.. Además, sostuvo que hay varias materias que deben ser modificadas porque no dan cuenta de la realidad, como por ejemplo, la forma en que los pequeños mineros pueden abordar el cierre de sus faenas.

Dijo que, por lo pronto, la Comisión continuará en proceso de audiencias, esperándose escuchar en la sesión del miércoles 8 de enero a un conjunto de expertos en la materia.

Cabe resaltar que la propuesta, tal como los plantea el Gobierno, busca modificar algunas normas jurídicas que inciden sobre los procesos de tramitación y ejecución de proyectos de inversión en el ámbito minero y promover, por esa vía, un ambiente que estimule y posibilite de mejor manera la ejecución de dichos proyectos.

El Ministro De Solminihac explicó en su minuto que uno de los cambios se relaciona con la “denuncia de obra nueva”, de modo de asegurar la debida protección de los derechos de quienes son titulares de las servidumbres o inmuebles frente a la edificación de obras que puedan causarles perjuicios en sus terrenos. Además, se buscará desincentivar el mal uso de este tipo de denuncia, por parte de quienes quieren entorpecer proyectos, ya sean mineros o de otra índole.

Además, se plantea la facultad para que el regulador determine qué incluye el concepto de información geológica básica que el Sernageomin puede exigir a una empresa minera, así como los plazos y medios de entrega y se imponen sanciones en caso de incumplimiento.

Asimismo, se propone una actualización del catastro de propiedad minera a través de los boletines oficiales, para que dicha información esté disponible para el resto de la población: se pasará de seis meses (exploración) o 2,5 años (explotación) a prácticamente 60 días.

Finalmente, una quinta área de acción se relaciona con la Ley de Cierre de Faenas, en donde se propone perfeccionar el cálculo de la vida útil de los proyectos mineros que deben garantizar el cumplimiento de sus planes de cierre, permitiendo que se pueda estimar con recursos y/o reservas.