En tiempo récord Comisión de Economía despachó idea de legislar del nuevo estatuto de las PYMES
A escasas horas de haber iniciado el análisis del nuevo estatuto de las Pymes junto al ministro de Economía, Hugo Lavados, la Comisión de Economía dejó la iniciativa legal en condiciones de ser votada en general por la Sala.
El proyecto, en segundo trámite constitucional, que tiene gran importancia para dar un nuevo impulso a las pequeñas y medianas empresas en momentos en que la crisis las afecta con mayor fuerza, establece un marco legal que permitirá simplificar las normas regulatorias que las rigen como una forma de favorecer su desarrollo y emprendimiento.
El acuerdo unánime representa "un gesto al Ejecutivo para que presente indicaciones que mejoren algunos aspectos como los plazos de pagos a las pymes y que simplifiquen los trámites que deben cumplir tanto para su apertura como cierre".
"El Gobierno defiende su proyecto, sin embargo, los senadores que participamos de la exposición del ministro Lavados estimamos que se puede avanzar en otras materias que no están consideradas en el texto original", señaló el senador García.
PLAZO DE PAGOS
A modo de ejemplo señaló que "mediante esta legislación se podría hacer efectivo el instructivo Presidencial en el sentido de que a las pymes que son proveedoras del Estado se les pague dentro de 30 días y no se dilaten los pagos".
Indicó que "existen denuncias de numerosos proveedores, particularmente de los distintos Servicios de Salud, que señalan que hay una deuda millonaria porque los pagos se demoran una barbaridad y eso ha significado que los pequeños empresarios estén al borde de la quiebra".
El senador García puntualizó que "esto no puede ser porque, por un lado, el Estado está entregando un paquete fiscal de 4 mil millones de dólares para salvar a las pymes de esta crisis que estamos enfrentado y, por otro, el mismo Estado no paga sus compromisos en los bienes y servicios que ha recibido".
Explicó que situaciones como ésta ponen en riesgo la sobrevivencia de las pymes porque las condenamos a la desaparición con la consiguiente pérdida de empleos".
Recordó que "uno de los grandes objetivos que se ha definido el gobierno para enfrentar la crisis es que se pierda la menor cantidad de empleos, pero situaciones como la antes descrita no están previstas en el Estatuto Pyme".
Asimismo, el parlamentario sostuvo que "otros temas que nos interesa incluir en el estatuto pyme son los incentivos en materia de tecnología para que las pymes modernicen sus procesos productivos; con el perfeccionamiento de las autorizaciones sanitarias municipales y todo lo que significa iniciar una empresa".
En ese sentido destacó la necesidad de incorporar algunas normas para agilizar los procesos de autorización de funcionamiento de las pymes y también los de término de actividades porque una de las características de las pymes es que aparecen con mucha prontitud en gran número pero muchas no logran mantenerse en el tiempo y quedan en una situación tributaria que les impide reiniciar otra actividad, con lo que vamos paralizando a los pequeños y medianos emprendedores que son los que dan mayores oportunidades de empleos".
En lo fundamental, la iniciativa apunta a facilitar el desenvolvimiento de las empresas de menor tamaño, mediante la adecuación y creación de normas regulatorias que rijan su iniciación, funcionamiento y término, en atención a su tamaño y grado de desarrollo.
Define además como empresas de menor tamaño a todas las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios del giro no hayan superado las 2.400 unidades de fomento en el caso de las microempresas; las 25.000 unidades de fomento, en el caso de las pequeñas empresas; y que no exceden las 100.000 unidades de fomento, en el caso de las medianas.
Asimismo, se establece que para efectos de focalización y creación de instrumentos y programas de apoyo a las empresas de menor tamaño que no sean sociedades de inversión, los organismos públicos encargados de su diseño podrán utilizar otros factores o indicadores para determinar las categorías de empresas que puedan acceder a tales instrumentos
El proyecto, en segundo trámite constitucional, que tiene gran importancia para dar un nuevo impulso a las pequeñas y medianas empresas en momentos en que la crisis las afecta con mayor fuerza, establece un marco legal que permitirá simplificar las normas regulatorias que las rigen como una forma de favorecer su desarrollo y emprendimiento.
El acuerdo unánime representa "un gesto al Ejecutivo para que presente indicaciones que mejoren algunos aspectos como los plazos de pagos a las pymes y que simplifiquen los trámites que deben cumplir tanto para su apertura como cierre".
"El Gobierno defiende su proyecto, sin embargo, los senadores que participamos de la exposición del ministro Lavados estimamos que se puede avanzar en otras materias que no están consideradas en el texto original", señaló el senador García.
PLAZO DE PAGOS
A modo de ejemplo señaló que "mediante esta legislación se podría hacer efectivo el instructivo Presidencial en el sentido de que a las pymes que son proveedoras del Estado se les pague dentro de 30 días y no se dilaten los pagos".
Indicó que "existen denuncias de numerosos proveedores, particularmente de los distintos Servicios de Salud, que señalan que hay una deuda millonaria porque los pagos se demoran una barbaridad y eso ha significado que los pequeños empresarios estén al borde de la quiebra".
El senador García puntualizó que "esto no puede ser porque, por un lado, el Estado está entregando un paquete fiscal de 4 mil millones de dólares para salvar a las pymes de esta crisis que estamos enfrentado y, por otro, el mismo Estado no paga sus compromisos en los bienes y servicios que ha recibido".
Explicó que situaciones como ésta ponen en riesgo la sobrevivencia de las pymes porque las condenamos a la desaparición con la consiguiente pérdida de empleos".
Recordó que "uno de los grandes objetivos que se ha definido el gobierno para enfrentar la crisis es que se pierda la menor cantidad de empleos, pero situaciones como la antes descrita no están previstas en el Estatuto Pyme".
Asimismo, el parlamentario sostuvo que "otros temas que nos interesa incluir en el estatuto pyme son los incentivos en materia de tecnología para que las pymes modernicen sus procesos productivos; con el perfeccionamiento de las autorizaciones sanitarias municipales y todo lo que significa iniciar una empresa".
En ese sentido destacó la necesidad de incorporar algunas normas para agilizar los procesos de autorización de funcionamiento de las pymes y también los de término de actividades porque una de las características de las pymes es que aparecen con mucha prontitud en gran número pero muchas no logran mantenerse en el tiempo y quedan en una situación tributaria que les impide reiniciar otra actividad, con lo que vamos paralizando a los pequeños y medianos emprendedores que son los que dan mayores oportunidades de empleos".
En lo fundamental, la iniciativa apunta a facilitar el desenvolvimiento de las empresas de menor tamaño, mediante la adecuación y creación de normas regulatorias que rijan su iniciación, funcionamiento y término, en atención a su tamaño y grado de desarrollo.
Define además como empresas de menor tamaño a todas las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios del giro no hayan superado las 2.400 unidades de fomento en el caso de las microempresas; las 25.000 unidades de fomento, en el caso de las pequeñas empresas; y que no exceden las 100.000 unidades de fomento, en el caso de las medianas.
Asimismo, se establece que para efectos de focalización y creación de instrumentos y programas de apoyo a las empresas de menor tamaño que no sean sociedades de inversión, los organismos públicos encargados de su diseño podrán utilizar otros factores o indicadores para determinar las categorías de empresas que puedan acceder a tales instrumentos
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