Nuevo proyecto que regula el lobby recibió 73 indicaciones que comenzarán a ser estudiadas este lunes
Una serie de modificaciones, entre las que se encuentran nuevos criterios para definir la actividad del lobby, su ámbito de acción y la estructura que tendrán los registros de lobbystas, entre otros, contemplan las 73 indicaciones que se presentaron al proyecto que regula la gestión de intereses en Chile.
La iniciativa, está cumpliendo su primer trámite en el Senado y la Comisión de Gobierno, presidida por el senador Ricardo Núñez, iniciará el próximo lunes 30 de marzo el estudio de las indicaciones que fueron presentadas por los senadores Guillermo Vásquez, Carlos Bianchi, Hernán Larraín y Víctor Pérez y por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.
Cabe recordar que esta iniciativa fue enviada por el Ejecutivo luego que las normas contenidas en un veto que se presentó a un proyecto anterior, no recogiera todas las inquietudes planteadas por los senadores.
Y entre los aspectos del nuevo texto que han generado más debate se encuentran los relativos a lo que se entenderá por interés individual, el alcance y obligaciones derivadas de los registros de audiencias que deben mantener las autoridades sobre sus reuniones con lobbystas; y la determinación de los sujetos activos de lobby, considerando que hay actividades que por su propia naturaleza revisten caracteres de representación de intereses o influencias.
CAMBIOS PROPUESTOS
Uno de los cambios propuestos dicen relación con una nueva definición de Lobby. El senador Vásquez propuso una disposición que señala que el "lobby es aquella solicitud que formula una persona o entidad para que el sujeto pasivo de lobby, dentro del ámbito de sus funciones, realice un favor o genere una utilidad, provecho o ganancia o dé lugar a cualquier otro beneficio de carácter económico o no económico para él o para la persona que representa. Esta utilidad, provecho o ganancia se realizaría, preferentemente, a través de la creación, modificación o supresión de un acto administrativo o de una ley".
Mientras, el senador Bianchi planteó una norma que establece que "lobby es aquella gestión o actividad ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tienen por objeto dar participación a personas naturales o jurídicas respecto de las decisiones que en el ejercicio de sus funciones, deben adoptar las autoridades, miembros, funcionarios o servidores de los órganos de la Administración del estado o del Congreso, hasta el nivel que determine el reglamento.
En tanto, los senadores Larraín y Pérez plantearon suprimir de la definición de lobby la habitualidad, pues en el proyecto actual se entiende que son lobbystas quienes realizan gestión de intereses de manera habitual.
Asimismo, coinciden con el senador Vásquez en el sentido de que un reglamento deberá determinar qué se entiende por habitualidad.
Los senadores Larraín y Pérez también propusieron modificar lo que se entenderá por sujeto pasivo de lobby y por servidores públicos. Respecto de lo primero, señalan que se entenderá por sujeto pasivo de lobby a aquellas autoridades y funcionarios de la Administración del Estado y del Congreso que dentro del ámbito de sus atribuciones tengan la potestad de tomar una o más decisiones.
Por su parte, la Presidenta Michelle Bachelet propuso que se incorpore al Banco Central entre las organizaciones del Estado y planteó una definición de interés individual, señalando que se entenderá por ello "cualquier propósito o beneficio, legítimos, sean o no de carácter económico de una persona natural o jurídica o de una asociación o entidad determinada".
La iniciativa, está cumpliendo su primer trámite en el Senado y la Comisión de Gobierno, presidida por el senador Ricardo Núñez, iniciará el próximo lunes 30 de marzo el estudio de las indicaciones que fueron presentadas por los senadores Guillermo Vásquez, Carlos Bianchi, Hernán Larraín y Víctor Pérez y por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.
Cabe recordar que esta iniciativa fue enviada por el Ejecutivo luego que las normas contenidas en un veto que se presentó a un proyecto anterior, no recogiera todas las inquietudes planteadas por los senadores.
Y entre los aspectos del nuevo texto que han generado más debate se encuentran los relativos a lo que se entenderá por interés individual, el alcance y obligaciones derivadas de los registros de audiencias que deben mantener las autoridades sobre sus reuniones con lobbystas; y la determinación de los sujetos activos de lobby, considerando que hay actividades que por su propia naturaleza revisten caracteres de representación de intereses o influencias.
CAMBIOS PROPUESTOS
Uno de los cambios propuestos dicen relación con una nueva definición de Lobby. El senador Vásquez propuso una disposición que señala que el "lobby es aquella solicitud que formula una persona o entidad para que el sujeto pasivo de lobby, dentro del ámbito de sus funciones, realice un favor o genere una utilidad, provecho o ganancia o dé lugar a cualquier otro beneficio de carácter económico o no económico para él o para la persona que representa. Esta utilidad, provecho o ganancia se realizaría, preferentemente, a través de la creación, modificación o supresión de un acto administrativo o de una ley".
Mientras, el senador Bianchi planteó una norma que establece que "lobby es aquella gestión o actividad ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tienen por objeto dar participación a personas naturales o jurídicas respecto de las decisiones que en el ejercicio de sus funciones, deben adoptar las autoridades, miembros, funcionarios o servidores de los órganos de la Administración del estado o del Congreso, hasta el nivel que determine el reglamento.
En tanto, los senadores Larraín y Pérez plantearon suprimir de la definición de lobby la habitualidad, pues en el proyecto actual se entiende que son lobbystas quienes realizan gestión de intereses de manera habitual.
Asimismo, coinciden con el senador Vásquez en el sentido de que un reglamento deberá determinar qué se entiende por habitualidad.
Los senadores Larraín y Pérez también propusieron modificar lo que se entenderá por sujeto pasivo de lobby y por servidores públicos. Respecto de lo primero, señalan que se entenderá por sujeto pasivo de lobby a aquellas autoridades y funcionarios de la Administración del Estado y del Congreso que dentro del ámbito de sus atribuciones tengan la potestad de tomar una o más decisiones.
Por su parte, la Presidenta Michelle Bachelet propuso que se incorpore al Banco Central entre las organizaciones del Estado y planteó una definición de interés individual, señalando que se entenderá por ello "cualquier propósito o beneficio, legítimos, sean o no de carácter económico de una persona natural o jurídica o de una asociación o entidad determinada".
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