Mañana votarán informe de comisión investigadora de deuda histórica de profesores
El informe abordará también la situación de los deudores habitacionales, pero no incluirá el llamado "daño previsional". La sesión especial se celebrará mañana a las 18 horas, según los acuerdos de los Jefes de Comités Parlamentarios adoptados este martes antes de la sesión de Sala.
El grupo parlamentario, que presidió el diputado Carlos Montes, se aprobó el año pasado en noviembre, durante el debate de la Ley de Presupuestos, como una manera de hacer un seguimiento a la deuda histórica del magisterio.
Al constituirse, el 17 de diciembre, la comisión acordó investigar también la deuda previsional, sin embargo el diputado Montes reconoció que la instancia no alcanzó a estudiarlas “dada la ausencia de datos y tratando de ser lo mas serios y responsables posible”.
Durante la etapa audiencias, el Subjefe de la División de Toma de Razón y Registro de la Contraloría General de la República, Guillermo Vidal, rebajó drásticamente el monto de la llamada deuda histórica de los profesores.
Señaló que "hay una trayectoria jurídica que afecta a los profesores por el cambio del régimen estatal -al que estaban sometidos antes de 1980- al régimen municipal, al cual fueron traspasados entre los años 1981 y 1987. Eso implicó que las remuneraciones que ganaban en el sector estatal, incluida esta asignación del Decreto Ley 3151, si ellos no optaron por mantener el régimen remuneratorio del sector público la perdieron, y pasaron a ganar las remuneraciones del sector privado".
Añadió que "cuando se dictó la Ley 19.070 -que es el estatuto de los profesionales de la educación, que rige desde 1991-, quedó absolutamente derogada cualquiera norma remuneratoria que pudiere afectarle a los profesores".
Enfatizó que "desde el punto de vista interpretativo de la Contraloría, no hay ningún profesor que pueda requerir hoy el pago de asignaciones derivadas del Decreto Ley 3151" y "la única posibilidad de solucionar el problema que los profesores han planteado es a través de iniciativas legales que lo solucionen financieramente".
Mandato de la Sala
El mandato de la Sala al grupo parlamentario fue para “analizar los compromisos políticos o jurídicos pendientes, de estimación económica, procurando determinar los afectados, cuantificar los recursos requeridos para darle solución y buscar fórmulas de financiamiento como, asimismo, podrá incorporar a su estudio otras materias de la misma naturaleza que sean planteadas por los miembros de la Corporación durante su funcionamiento".
La deuda histórica del magisterio se gestó en 1981, cuando la educación que estaba a cargo del ministerio del ramo fue traspasada en su administración a los municipios.
Respecto de los deudores habitacionales, Montes dijo que “según nuestros datos llegamos a la conclusión de que son 61 mil los afectados por este tema, algunos de los cuales ya han solucionado su problema y, por lo tanto, hacemos propuestas en relación con un copago con el SERVIU y que les permita después de un tiempo salir de sus deudas. En este sentido, creemos que son 800 millones de dólares los que tenemos que abarcar”, manifestó.
El grupo parlamentario, que presidió el diputado Carlos Montes, se aprobó el año pasado en noviembre, durante el debate de la Ley de Presupuestos, como una manera de hacer un seguimiento a la deuda histórica del magisterio.
Al constituirse, el 17 de diciembre, la comisión acordó investigar también la deuda previsional, sin embargo el diputado Montes reconoció que la instancia no alcanzó a estudiarlas “dada la ausencia de datos y tratando de ser lo mas serios y responsables posible”.
Durante la etapa audiencias, el Subjefe de la División de Toma de Razón y Registro de la Contraloría General de la República, Guillermo Vidal, rebajó drásticamente el monto de la llamada deuda histórica de los profesores.
Señaló que "hay una trayectoria jurídica que afecta a los profesores por el cambio del régimen estatal -al que estaban sometidos antes de 1980- al régimen municipal, al cual fueron traspasados entre los años 1981 y 1987. Eso implicó que las remuneraciones que ganaban en el sector estatal, incluida esta asignación del Decreto Ley 3151, si ellos no optaron por mantener el régimen remuneratorio del sector público la perdieron, y pasaron a ganar las remuneraciones del sector privado".
Añadió que "cuando se dictó la Ley 19.070 -que es el estatuto de los profesionales de la educación, que rige desde 1991-, quedó absolutamente derogada cualquiera norma remuneratoria que pudiere afectarle a los profesores".
Enfatizó que "desde el punto de vista interpretativo de la Contraloría, no hay ningún profesor que pueda requerir hoy el pago de asignaciones derivadas del Decreto Ley 3151" y "la única posibilidad de solucionar el problema que los profesores han planteado es a través de iniciativas legales que lo solucionen financieramente".
Mandato de la Sala
El mandato de la Sala al grupo parlamentario fue para “analizar los compromisos políticos o jurídicos pendientes, de estimación económica, procurando determinar los afectados, cuantificar los recursos requeridos para darle solución y buscar fórmulas de financiamiento como, asimismo, podrá incorporar a su estudio otras materias de la misma naturaleza que sean planteadas por los miembros de la Corporación durante su funcionamiento".
La deuda histórica del magisterio se gestó en 1981, cuando la educación que estaba a cargo del ministerio del ramo fue traspasada en su administración a los municipios.
Respecto de los deudores habitacionales, Montes dijo que “según nuestros datos llegamos a la conclusión de que son 61 mil los afectados por este tema, algunos de los cuales ya han solucionado su problema y, por lo tanto, hacemos propuestas en relación con un copago con el SERVIU y que les permita después de un tiempo salir de sus deudas. En este sentido, creemos que son 800 millones de dólares los que tenemos que abarcar”, manifestó.
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