Diputados: Proyecto inhabilita para ejercer cargo público a quien se encuentre moroso con el Crédito Universitario
Proyecto inhabilita para ejercer cargo público a quien se encuentre moroso con el Crédito Universitario
Publicado el 26 de agosto del 2014
La propuesta prohíbe designar como jefes de servicio, seremis, gobernadores, o intendentes a quienes no mantengan al día sus pagos en el Fondo Solidario del Crédito Universitario, con ocasión del financiamiento de su educación Técnica o Superior.
Los diputados de la UDI, José Antonio Kast, Pedro Pablo Alvarez-Salamanca, Ramón Barros, Sergio Gahona, Javier Macaya, Patricio Melero, Celso Morales, Jorge Ulloa, Osvaldo Urrutia y Marisol Turres, presentaron una moción (boletín 9493) que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, con el propósito de establecer una causal de inhabilidad para el ingreso a ciertos cargos públicos.
Los autores recuerdan que el artículo 8° inciso 1° de la Constitución establece que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, lo que se replica en toda la normativa sobre Probidad que rige a los funcionarios públicos.
Sin embargo, los legisladores precisan que cada día es necesario ir actualizando nuestra legislación en la materia, "toda vez que siempre van surgiendo hipótesis en que los miembros del aparato público del Estado encuentran caldo de cultivo para de alguna u otra manera apartarse de los principios que gobiernan nuestra administración pública".
Por ello, el proyecto de ley, que será estudiado por la Comisión de Gobierno Interior, establece una inhabilidad en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, para ser parte de la administración pública del Estado, en el caso de Intendentes, Gobernadores, Seremis y Jefes de servicios, cuando tales autoridades tengan en su pasivo deudas con el fisco, particularmente en materia de financiamiento de su educación.
"Se trata de un proyecto simple pero de extraordinaria importancia que promueve la regularidad en el ámbito público, mediante el estricto cumplimiento del principio de probidad que actualmente se encuentra consolidado en nuestro orden jurídico", acotan los legisladores.
Publicado el 26 de agosto del 2014
La propuesta prohíbe designar como jefes de servicio, seremis, gobernadores, o intendentes a quienes no mantengan al día sus pagos en el Fondo Solidario del Crédito Universitario, con ocasión del financiamiento de su educación Técnica o Superior.
Los diputados de la UDI, José Antonio Kast, Pedro Pablo Alvarez-Salamanca, Ramón Barros, Sergio Gahona, Javier Macaya, Patricio Melero, Celso Morales, Jorge Ulloa, Osvaldo Urrutia y Marisol Turres, presentaron una moción (boletín 9493) que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, con el propósito de establecer una causal de inhabilidad para el ingreso a ciertos cargos públicos.
Los autores recuerdan que el artículo 8° inciso 1° de la Constitución establece que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, lo que se replica en toda la normativa sobre Probidad que rige a los funcionarios públicos.
Sin embargo, los legisladores precisan que cada día es necesario ir actualizando nuestra legislación en la materia, "toda vez que siempre van surgiendo hipótesis en que los miembros del aparato público del Estado encuentran caldo de cultivo para de alguna u otra manera apartarse de los principios que gobiernan nuestra administración pública".
Por ello, el proyecto de ley, que será estudiado por la Comisión de Gobierno Interior, establece una inhabilidad en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, para ser parte de la administración pública del Estado, en el caso de Intendentes, Gobernadores, Seremis y Jefes de servicios, cuando tales autoridades tengan en su pasivo deudas con el fisco, particularmente en materia de financiamiento de su educación.
"Se trata de un proyecto simple pero de extraordinaria importancia que promueve la regularidad en el ámbito público, mediante el estricto cumplimiento del principio de probidad que actualmente se encuentra consolidado en nuestro orden jurídico", acotan los legisladores.
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