Diputados de la Comisión de Salud debatieron proyecto que elimina cotización de salud a los jubilados.El presidente de la Unión de Pensionados, Francisco Iturriaga, manifestó su rechazo al texto legal porque, a su modo de ver, beneficia a un grupo demasiado pequeño de los jubilados del país. “El proyecto es pésimo, es el proyecto más malo que he visto en mi vida". Sostuvo que el proyecto es discriminatorio "porque señala que el beneficio es para los más necesitados, pero nosotros siempre hemos sido un sector postergado. Es justo que se le cancele a los más pobres pero también se tiene que tomar en cuenta a los que ganan $200 o $300 mil”.
Diputados de la Comisión de Salud debatieron proyecto que elimina cotización de salud a los jubilados
Publicado el 16 de mayo del 2011
La instancia continuó discutiendo este proyecto de la llamada "agenda social del Gobierno", en una sesión que se realizó hoy en la sede del Congreso en Santiago. En el encuentro, diputados de oposición y una organización de jubilados estimaron insuficiente la cobertura que tendrían los beneficios propuestos.
La discusión se inició con las palabras de Mikel Uriarte, director de FONASA, sistema de salud que reúne al 90% de los jubilados, quien explicó que el proyecto exime del pago de cotización a las personas que reciben la pensión básica solidaria, unas 300 mil personas.
“Lo que hace el proyecto es eliminar o reducir la cotización legal de salud en forma gradual, según edad e ingresos. El primer quintil, que corresponde al nivel de ingresos de hasta $90 mil con una edad de hasta los 75 años, tiene una reducción para este año de la mitad de sus cotizaciones. Las personas por sobre los 75 años tendrán costo cero y las personas con un grado de invalidez menores de 75 años tendrán una reducción del 3,5%”, explicó Uriarte.
Detalló además que cada día serán más los jubilados exentos de cotizar, en forma gradual. Agregó que los beneficiarios no perderán el derecho de libre elección (posibilidad de atenderse en servicios públicos o privados), lo cual era una gran preocupación de los pensionados.
Pese a estos avances (boletín 7570), el presidente de la Unión de Pensionados, Francisco Iturriaga, manifestó su rechazo al texto legal porque, a su modo de ver, beneficia a un grupo demasiado pequeño de los jubilados del país. “El proyecto es pésimo, es el proyecto más malo que he visto en mi vida, es un proyecto que vulnera el principio de todos los jubilados porque va a beneficiar sólo al 20 por ciento de los pensionados”, sentenció.
Asimismo, solicitó en la discusión que se analice la posibilidad de eliminar el 2% de las jubilaciones que se destinan a pagar las licencias médicas, lo cual consideró una realidad injusta. Sostuvo que el proyecto es discriminatorio "porque señala que el beneficio es para los más necesitados, pero nosotros siempre hemos sido un sector postergado. Es justo que se le cancele a los más pobres pero también se tiene que tomar en cuenta a los que ganan $200 o $300 mil”.
Frente a las críticas sobre escasa cobertura, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que esto se debe al gran gasto que la implementación de esta ley generará. "Éste es un proyecto que amarra el futuro de muchos gobiernos ya que es una ley que genera un aumento muy significativo del gasto público y si esta ley fuese aprobada este año, estamos hablando de más de un millón de personas beneficiadas para el 2020”, puntualizó.
En la misma línea, el Secretario de Estado señaló que “la posición del Ministerio de Hacienda es extraordinariamente responsable por cuanto promueve un beneficio que genera un gasto creciente. Aumentar esto significa deslocalizar este beneficio en los que más lo necesitan”.
Mañalich también expresó en la sesión la necesidad de que este proyecto sea prontamente aprobado, para tener vigente esta ley en el mes de octubre para beneficiar a 130 mil pensionados mayores de 75 años y seguir avanzando hasta cubrir prácticamente el 60 por ciento de todos los pensionados del país al final del gobierno del Presidente Piñera.
Respecto de la información entregada, los diputados de Concertación criticaron la que estiman baja cobertura del proyecto. En este sentido, el diputado Alberto Robles (PRSD) sostuvo que pese a que es positivo que el proyecto se esté discutiendo después de tantos años de poner el tema sobre la mesa, “a lo menos uno esperaría que el 100% de las pensiones básicas solidarias que el estado entrega a través de la reforma, estén cubiertas”.
Más drástico fue el diputado Juan Luis Castro (PS), quien señaló que “hay una expectativa cifrada en la ciudadanía que hoy día desgraciadamente esta trunca. Yo represento a un distrito netamente de clase media, ninguna de esas personas obtiene el beneficio, estamos hablando de un rango de $300 mil o $400 mil de pensión, con una historia de años y años de trabajo y sin embargo, quedan al margen de la cobertura de esta ley”.
Finalmente, el diputado UDI y presidente de la Comisión de Salud, Javier Macaya, dijo estar conforme con el avance del proyecto.
"Efectivamente aquí se han planteado criticas y que la cobertura pudiese ser mayor pero hay un punto que no deja de ser importante y es que este es un beneficio progresivo. Si lo analizamos a la luz de los próximos diez años va beneficiar a más de un millón de pensionados, lo que va a significar un desembolso fiscal de 2.300 millones de dólares al año. A muchos de nosotros nos gustaría que esto se hiciera de manera más expansiva pero hay un tema que es la responsabilidad fiscal”, sostuvo.
Contenido del proyecto
La iniciativa legal elimina o reduce, en forma gradual y según su edad y condición socioeconómica, la cotización legal del 7% para salud que hoy se les exige a los jubilados. El proyecto tiene en vista la estructura del Sistema de Salud actualmente vigente y los principios de seguro colectivo y de financiamiento del Fondo Nacional de Salud (FONASA).
De este modo, se incorpora una exención gradual, según edad, del porcentaje de la cotización legal para salud de aquellos beneficiarios del Aporte Previsional Solidario carentes de recursos, perfeccionando la legislación vigente.
Sesión para analizar efectos de gases lacrimógenos
En otra temática, la Comisión de Salud de la Cámara acordó realizar al menos una reunión especial para analizar los efectos que tienen en el organismo los gases lacrimógenos, acogiendo de esta forma por unanimidad la solicitud de la diputada Karla Rubilar (RN).
“Hoy en la Comisión fue aprobada la solicitud de realizar una sesión especial para recabar todos los antecedentes, invitar a los expertos y recopilar la evidencia científica que existe en el mundo sobre estos gases lacrimógenos”, anunció la parlamentaria.
A juicio de la diputada, “el orden público debe resguardarse sin lugar a dudas, pero cuidando la salud de las personas, y hoy no tenemos claridad sobre dónde se compran estos gases, qué contienen o si se utilizan en otros países. Queremos transparentar esta información y entregársela a las autoridades”.
Rubilar informó además que “conversé con el Ministro Hinzpeter durante el fin de semana. El está muy interesado en que se trabaje seriamente el tema y se recopile información científica. Obviamente, al Gobierno le interesa cuidar a la población y si hubiese información seria respecto de que tiene efectivamente efectos dañinos para la población, analizar la posibilidad de prohibirlas”.
La Comisión debe estudiar en dos semanas más el tema y sus integrantes esperan tener conclusiones, a más tardar, en un mes más.
Publicado el 16 de mayo del 2011
La instancia continuó discutiendo este proyecto de la llamada "agenda social del Gobierno", en una sesión que se realizó hoy en la sede del Congreso en Santiago. En el encuentro, diputados de oposición y una organización de jubilados estimaron insuficiente la cobertura que tendrían los beneficios propuestos.
La discusión se inició con las palabras de Mikel Uriarte, director de FONASA, sistema de salud que reúne al 90% de los jubilados, quien explicó que el proyecto exime del pago de cotización a las personas que reciben la pensión básica solidaria, unas 300 mil personas.
“Lo que hace el proyecto es eliminar o reducir la cotización legal de salud en forma gradual, según edad e ingresos. El primer quintil, que corresponde al nivel de ingresos de hasta $90 mil con una edad de hasta los 75 años, tiene una reducción para este año de la mitad de sus cotizaciones. Las personas por sobre los 75 años tendrán costo cero y las personas con un grado de invalidez menores de 75 años tendrán una reducción del 3,5%”, explicó Uriarte.
Detalló además que cada día serán más los jubilados exentos de cotizar, en forma gradual. Agregó que los beneficiarios no perderán el derecho de libre elección (posibilidad de atenderse en servicios públicos o privados), lo cual era una gran preocupación de los pensionados.
Pese a estos avances (boletín 7570), el presidente de la Unión de Pensionados, Francisco Iturriaga, manifestó su rechazo al texto legal porque, a su modo de ver, beneficia a un grupo demasiado pequeño de los jubilados del país. “El proyecto es pésimo, es el proyecto más malo que he visto en mi vida, es un proyecto que vulnera el principio de todos los jubilados porque va a beneficiar sólo al 20 por ciento de los pensionados”, sentenció.
Asimismo, solicitó en la discusión que se analice la posibilidad de eliminar el 2% de las jubilaciones que se destinan a pagar las licencias médicas, lo cual consideró una realidad injusta. Sostuvo que el proyecto es discriminatorio "porque señala que el beneficio es para los más necesitados, pero nosotros siempre hemos sido un sector postergado. Es justo que se le cancele a los más pobres pero también se tiene que tomar en cuenta a los que ganan $200 o $300 mil”.
Frente a las críticas sobre escasa cobertura, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que esto se debe al gran gasto que la implementación de esta ley generará. "Éste es un proyecto que amarra el futuro de muchos gobiernos ya que es una ley que genera un aumento muy significativo del gasto público y si esta ley fuese aprobada este año, estamos hablando de más de un millón de personas beneficiadas para el 2020”, puntualizó.
En la misma línea, el Secretario de Estado señaló que “la posición del Ministerio de Hacienda es extraordinariamente responsable por cuanto promueve un beneficio que genera un gasto creciente. Aumentar esto significa deslocalizar este beneficio en los que más lo necesitan”.
Mañalich también expresó en la sesión la necesidad de que este proyecto sea prontamente aprobado, para tener vigente esta ley en el mes de octubre para beneficiar a 130 mil pensionados mayores de 75 años y seguir avanzando hasta cubrir prácticamente el 60 por ciento de todos los pensionados del país al final del gobierno del Presidente Piñera.
Respecto de la información entregada, los diputados de Concertación criticaron la que estiman baja cobertura del proyecto. En este sentido, el diputado Alberto Robles (PRSD) sostuvo que pese a que es positivo que el proyecto se esté discutiendo después de tantos años de poner el tema sobre la mesa, “a lo menos uno esperaría que el 100% de las pensiones básicas solidarias que el estado entrega a través de la reforma, estén cubiertas”.
Más drástico fue el diputado Juan Luis Castro (PS), quien señaló que “hay una expectativa cifrada en la ciudadanía que hoy día desgraciadamente esta trunca. Yo represento a un distrito netamente de clase media, ninguna de esas personas obtiene el beneficio, estamos hablando de un rango de $300 mil o $400 mil de pensión, con una historia de años y años de trabajo y sin embargo, quedan al margen de la cobertura de esta ley”.
Finalmente, el diputado UDI y presidente de la Comisión de Salud, Javier Macaya, dijo estar conforme con el avance del proyecto.
"Efectivamente aquí se han planteado criticas y que la cobertura pudiese ser mayor pero hay un punto que no deja de ser importante y es que este es un beneficio progresivo. Si lo analizamos a la luz de los próximos diez años va beneficiar a más de un millón de pensionados, lo que va a significar un desembolso fiscal de 2.300 millones de dólares al año. A muchos de nosotros nos gustaría que esto se hiciera de manera más expansiva pero hay un tema que es la responsabilidad fiscal”, sostuvo.
Contenido del proyecto
La iniciativa legal elimina o reduce, en forma gradual y según su edad y condición socioeconómica, la cotización legal del 7% para salud que hoy se les exige a los jubilados. El proyecto tiene en vista la estructura del Sistema de Salud actualmente vigente y los principios de seguro colectivo y de financiamiento del Fondo Nacional de Salud (FONASA).
De este modo, se incorpora una exención gradual, según edad, del porcentaje de la cotización legal para salud de aquellos beneficiarios del Aporte Previsional Solidario carentes de recursos, perfeccionando la legislación vigente.
Sesión para analizar efectos de gases lacrimógenos
En otra temática, la Comisión de Salud de la Cámara acordó realizar al menos una reunión especial para analizar los efectos que tienen en el organismo los gases lacrimógenos, acogiendo de esta forma por unanimidad la solicitud de la diputada Karla Rubilar (RN).
“Hoy en la Comisión fue aprobada la solicitud de realizar una sesión especial para recabar todos los antecedentes, invitar a los expertos y recopilar la evidencia científica que existe en el mundo sobre estos gases lacrimógenos”, anunció la parlamentaria.
A juicio de la diputada, “el orden público debe resguardarse sin lugar a dudas, pero cuidando la salud de las personas, y hoy no tenemos claridad sobre dónde se compran estos gases, qué contienen o si se utilizan en otros países. Queremos transparentar esta información y entregársela a las autoridades”.
Rubilar informó además que “conversé con el Ministro Hinzpeter durante el fin de semana. El está muy interesado en que se trabaje seriamente el tema y se recopile información científica. Obviamente, al Gobierno le interesa cuidar a la población y si hubiese información seria respecto de que tiene efectivamente efectos dañinos para la población, analizar la posibilidad de prohibirlas”.
La Comisión debe estudiar en dos semanas más el tema y sus integrantes esperan tener conclusiones, a más tardar, en un mes más.
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