Diputados. Gobierno presentó en Comisión de Hacienda proyecto que permite uso de celulares como medio de pago
Diputados. Gobierno presentó en Comisión de Hacienda proyecto que permite uso de celulares como medio de pago
Publicado el 23 de enero del 2014
Julio Dittborn informó que la propuesta modifica la Ley
General de Bancos, de modo de autorizar expresamente la emisión de
prepago por parte de entidades no bancarias. Además, entrega a la SBIF
la fiscalización de todas las empresas que emitan u operen este sistema y
fija restricciones y resguardos. La iniciativa permitirá el pago
mediante tarjetas y teléfonos móviles.
Una nueva alternativa para el mercado financiero no bancario fue
presentada esta semana por el Ejecutivo y por el Banco Central ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la cual pasa por la opción de emitir medios de pago con provisión de fondo (boletín 9197), es decir, de prepago.
El Ministro de Hacienda (S), Julio Dittborn, explicó que la normativa actual restringe la actividad a las entidades bancarias, conforme a una interpretación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) que consideró el prepago abierto y multipropósito como una captación habitual de dinero del público, por lo que debe ser reservada al giro bancario o a las demás entidades autorizadas por ley para esos efectos.
Indicó que el proyecto modifica la Ley General de Bancos (LGB) de modo de autorizar expresamente la emisión de prepago, que implica captación de dineros del público, por parte de entidades no bancarias. Además, entrega a la SBIF la fiscalización de todas las empresas que emitan u operen este sistema y fija restricciones y resguardos: los dineros recibidos no devengarán intereses ni reajustes; los dineros solo podrán ser utilizados para efectuar los pagos correspondientes al uso de dichos sistemas; y llevar registro y contabilidad separada de los dineros de la sociedad emisora.
Además, se establece que estos medios no serán susceptibles de embargo, gravamen, prohibición o cualquier limitación emanada de obligaciones asumidas por el emisor; se exigirá requisitos de integridad para accionistas mayores a 10% del capital, directores y gerente general de empresas emisoras; y se deberá acogerse a normas y disposiciones existentes en materia de lavado y blanqueo de activos; sometimiento a las sanciones fijadas en la LGB.
Dittborn destacó que los emisores de prepago no bancarios deberán sujetarse también a las normas financieras del Banco Central, entidad que puede exigir temas relativos a liquidez; capital pagado y reservas; relación de deuda capital; clase de activos en que podrá efectuarse la inversión de los fondos captados; políticas de gestión y control de riesgos; transparencia y entrega de información.
“El Banco Central podrá modificar estas exigencias dependiendo de la naturaleza de las operaciones, el monto, la moneda que se use, las responsabilidades asumidas, el nivel de aceptación de la tarjeta, etc.”, detalló en su presentación.
Recalcó que se mantiene el modelo de regulación probado y exitoso fijado para las tarjetas bancarias, de modo de evitar asimetrías regulatorias.
Pago con teléfonos móviles
Explicó que los instrumentos de pago con provisión de fondo permiten almacenar dineros en forma previa, ya sea en tarjetas, cuentas de internet, teléfonos móviles o cualquier otro soporte, sin que el usuario establezca una relación formal con la institución que lo emitió y tampoco existe riesgo de crédito, siendo, por lo tanto, un medio efectivo para llegar a sectores no bancarizados y de bajos recursos.
Planteó que, como ha ocurrido en otros países, el uso de teléfonos móviles puede servir de instrumento efectivo para la masificación de los medios de pago electrónicos. Sostuvo que Chile tiene un amplio potencial en la materia por cuanto existe una alta penetración de aparatos móviles (130 aparatos o accesos por cada 100 habitantes), siendo muchos de ellos de la característica smartphones (crecimiento de 117% en el último año, se espera que alcance el 60% del parque total móvil en tres años).
El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, señaló que “la eventual entrada de emisores y operadores no bancarios en el mercado de las tarjetas de prepago es beneficiosa desde una perspectiva de inclusión financiera y de competencia”. Recordó que la institución, en su Informe de Estabilidad Financiera, en el segundo semestre de 2012, indicó que la flexibilización de las regulaciones que restringen la emisión de tarjetas de prepago sólo a empresas bancarias podría permitir contar con una mayor disponibilidad de estos instrumentos, lo que tendría beneficios desde una perspectiva tanto de competencia como de inclusión financiera.
Sin embargo, sostuvo que es importante que este proceso se realice tomando en consideración requerimientos prudenciales adecuados con el fin de resguardar la fe pública y el funcionamiento del sistema de pagos. Planteó que las disposiciones contenidas en el proyecto de ley contemplan de manera adecuada los resguardos necesarios y permiten que la institución reaccione con flexibilidad ante la heterogeneidad e innovaciones que pudieran presentarse en este mercado.
Dijo que los fondos provisionados por el público en estas tarjetas deben dar cumplimiento de manera expedita a las obligaciones de pago que se generen por el uso de éstas; y, al mismo tiempo, debieran quedar adecuadamente resguardados y poder ser retirados por los titulares de los mismos en caso de estimarlo necesario.
“Incorpora elementos de protección de los fondos provisionados, pero no se refiere a otros aspectos sobre protección de clientes. Para estos efectos debería operar la nueva institucionalidad de protección al consumidor financiero. Por ejemplo, sería importante abordar a través de esta institucionalidad las normas de transparencia, especialmente para maximizar la información disponible para los clientes respecto de los costos o comisiones por transacciones y uso en general de medios de prepago”, precisó.
Sostuvo que varios países, tanto desarrollados como emergentes, han desarrollado marcos regulatorios para sistemas de prepago, con el objetivo de promover una mayor inclusión financiera y competencia en los medios de pago minoristas.
El Ministro de Hacienda (S), Julio Dittborn, explicó que la normativa actual restringe la actividad a las entidades bancarias, conforme a una interpretación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) que consideró el prepago abierto y multipropósito como una captación habitual de dinero del público, por lo que debe ser reservada al giro bancario o a las demás entidades autorizadas por ley para esos efectos.
Indicó que el proyecto modifica la Ley General de Bancos (LGB) de modo de autorizar expresamente la emisión de prepago, que implica captación de dineros del público, por parte de entidades no bancarias. Además, entrega a la SBIF la fiscalización de todas las empresas que emitan u operen este sistema y fija restricciones y resguardos: los dineros recibidos no devengarán intereses ni reajustes; los dineros solo podrán ser utilizados para efectuar los pagos correspondientes al uso de dichos sistemas; y llevar registro y contabilidad separada de los dineros de la sociedad emisora.
Además, se establece que estos medios no serán susceptibles de embargo, gravamen, prohibición o cualquier limitación emanada de obligaciones asumidas por el emisor; se exigirá requisitos de integridad para accionistas mayores a 10% del capital, directores y gerente general de empresas emisoras; y se deberá acogerse a normas y disposiciones existentes en materia de lavado y blanqueo de activos; sometimiento a las sanciones fijadas en la LGB.
Dittborn destacó que los emisores de prepago no bancarios deberán sujetarse también a las normas financieras del Banco Central, entidad que puede exigir temas relativos a liquidez; capital pagado y reservas; relación de deuda capital; clase de activos en que podrá efectuarse la inversión de los fondos captados; políticas de gestión y control de riesgos; transparencia y entrega de información.
“El Banco Central podrá modificar estas exigencias dependiendo de la naturaleza de las operaciones, el monto, la moneda que se use, las responsabilidades asumidas, el nivel de aceptación de la tarjeta, etc.”, detalló en su presentación.
Recalcó que se mantiene el modelo de regulación probado y exitoso fijado para las tarjetas bancarias, de modo de evitar asimetrías regulatorias.
Pago con teléfonos móviles
Explicó que los instrumentos de pago con provisión de fondo permiten almacenar dineros en forma previa, ya sea en tarjetas, cuentas de internet, teléfonos móviles o cualquier otro soporte, sin que el usuario establezca una relación formal con la institución que lo emitió y tampoco existe riesgo de crédito, siendo, por lo tanto, un medio efectivo para llegar a sectores no bancarizados y de bajos recursos.
Planteó que, como ha ocurrido en otros países, el uso de teléfonos móviles puede servir de instrumento efectivo para la masificación de los medios de pago electrónicos. Sostuvo que Chile tiene un amplio potencial en la materia por cuanto existe una alta penetración de aparatos móviles (130 aparatos o accesos por cada 100 habitantes), siendo muchos de ellos de la característica smartphones (crecimiento de 117% en el último año, se espera que alcance el 60% del parque total móvil en tres años).
El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, señaló que “la eventual entrada de emisores y operadores no bancarios en el mercado de las tarjetas de prepago es beneficiosa desde una perspectiva de inclusión financiera y de competencia”. Recordó que la institución, en su Informe de Estabilidad Financiera, en el segundo semestre de 2012, indicó que la flexibilización de las regulaciones que restringen la emisión de tarjetas de prepago sólo a empresas bancarias podría permitir contar con una mayor disponibilidad de estos instrumentos, lo que tendría beneficios desde una perspectiva tanto de competencia como de inclusión financiera.
Sin embargo, sostuvo que es importante que este proceso se realice tomando en consideración requerimientos prudenciales adecuados con el fin de resguardar la fe pública y el funcionamiento del sistema de pagos. Planteó que las disposiciones contenidas en el proyecto de ley contemplan de manera adecuada los resguardos necesarios y permiten que la institución reaccione con flexibilidad ante la heterogeneidad e innovaciones que pudieran presentarse en este mercado.
Dijo que los fondos provisionados por el público en estas tarjetas deben dar cumplimiento de manera expedita a las obligaciones de pago que se generen por el uso de éstas; y, al mismo tiempo, debieran quedar adecuadamente resguardados y poder ser retirados por los titulares de los mismos en caso de estimarlo necesario.
“Incorpora elementos de protección de los fondos provisionados, pero no se refiere a otros aspectos sobre protección de clientes. Para estos efectos debería operar la nueva institucionalidad de protección al consumidor financiero. Por ejemplo, sería importante abordar a través de esta institucionalidad las normas de transparencia, especialmente para maximizar la información disponible para los clientes respecto de los costos o comisiones por transacciones y uso en general de medios de prepago”, precisó.
Sostuvo que varios países, tanto desarrollados como emergentes, han desarrollado marcos regulatorios para sistemas de prepago, con el objetivo de promover una mayor inclusión financiera y competencia en los medios de pago minoristas.
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