Diputados: Plantean la necesidad de modificar la Ley que fijó examen para médicos que trabajan en el sector público
Plantean la necesidad de modificar la Ley que fijó examen para médicos que trabajan en el sector público
Publicado el 16 de enero del 2014
El planteamiento surgió en el contexto de la discusión
realizada en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados respecto del
dictamen de la Contraloría que autorizó superar este requisito para
profesionales extranjeros, frente a situaciones excepcionales.
La necesidad de perfeccionar la Ley 20.261, que fijó el Examen Único
Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) para profesionales que
trabajan en el sector público, planteó el director ejecutivo del mismo,
Beltrán Mena, y el Subsecretario de Redes, Luis Castillo, en el contexto
del reciente dictamen de la Contraloría General de la República (19 de
diciembre) que autorizó superar este requisito para extranjeros, frente a
situaciones excepcionales.
“Ha habido problemas en relación a ese examen y lo que específicamente vimos fue un dictamen de Contraloría que faculta al Ejecutivo para poder contratar profesionales médicos que no tengan aprobado ese examen en ocasiones excepcionales en zonas apartadas”, explicó la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Marisol Turres (UDI).
Indicó que, en términos generales, el dictamen fue bien visto tanto por el Ejecutivo como por la agrupación que lo toma, salvo algunas consideraciones que habría que aclarar o especificar. “Esto nos pone de manifiesto la necesidad de revisar esa ley porque, de partida, parece injusto que solo se exija para trabajar en el sector público y no en el privado”, comentó.
Dijo que es necesario que la ley se haga cargo del tema de los extranjeros que vienen a ejercer a Chile y respecto de los cuales existen convenios internacionales que los favorecen, pero que no siempre son suficientes para verificar su calidad profesional. En este plano, señaló que se debería considerar una instancia de fiscalización en la que participen los Ministerios de Salud, de Educación y de Relaciones Exteriores.
Beltrán Mena recalcó que la Ley 20.261 es breve y con muchos vacíos que han generado varios problemas, como por ejemplo, la imposibilidad de sancionar a quienes vulneren la confidencialidad del examen, como ocurrió el año pasado. “Vimos que no se podía sancionar a nadie ni seguir un proceso judicial por falta de definiciones”, alegó.
Otra gran falencia, acotó, es que la normativa encarga a una entidad privada la administración de un examen que tiene funciones públicas importantes, pero sin asignarle recursos para ello.
“Todos esos vacíos hay que volver a discutirlos y ojalá que condujera a la creación de una agencia independiente que se haga cargo del examen, de carácter estatal, pero autónoma y financiada”, opinó.
Respecto del dictamen, estimó que es sensato y soluciona un problema específico. Evaluó que la resolución pone en la balanza la necesidad de la autoridad de salud de dar servicio a un sector del país que no tiene adecuada cobertura, poniendo por encima esa necesidad derivada de un mandato constitucional por sobre otras leyes, pero, al mismo tiempo, definiendo que es una situación excepcional.
Sin embargo, consideró que se dejan tres áreas grises: no define qué se entiende por zona apartada, es decir, en dónde se puede hacer esta excepción; dice que se puede efectuar la excepción cuando sea imprescindible, pero no indica si ello se gatilla cuando, por ejemplo, se declare vacante un concurso abierto previo; y se señala que se debe dar el examen a la brevedad, pero tampoco describe mayores referencias.
El Subsecretario Castillo coincidió en que el dictamen de la Contraloría, propiciado por un caso en la Región de Tarapacá, es muy sensato, pensado en las personas y muy coherente con las políticas sanitarias llevadas a cabo en los últimos 20 años, que dicen relación con la servicialidad o continuidad de los cuidados ante cualquier elemento jurídico reglamentario.
“Nos ha dado luces y ha ratificado que el Servicio de Salud en Tarapacá ha actuado conforme a derecho; que lo que se ha hecho ahí es estrictamente reglamentario y dentro de un marco jurídico, que nos permite seguir trabajando con médicos bien calificados, de buen nivel de formación y que están teniendo una muy buena percepción de los usuarios”, indicó.
Sostuvo que la situación manifestada en Iquique no es un hecho generalizado en el país, sino que un caso muy excepcional. Afirmó ante los diputados que en todo Chile son menos de 60 los casos similares y que se trabaja para regularizar dichas situaciones, conforme a lo explicitado por Contraloría.
Reconoció que la Ley 20.261 tiene sus imperfecciones. “Creo que llegó el momento de empezar a analizarla en conjunto, entre ellas, el tema del financiamiento, dado que no tiene recursos asociados; segundo, tiene que haber un pronunciamiento respecto del marco de aplicación y habilitación; y tiene que tener incorporado como concepto un examen que vaya dedicado no a egresados sino que a médicos especialistas que quieran venir a Chile”, planteó.
La Ley 20.261, publicada el 19 de abril de 2008, establece en términos generales que será requisito de ingreso para los cargos o empleos de médico cirujano en los Servicios de Salud y en los establecimientos de carácter experimental o de atención primaria de salud municipal, rendir un examen único nacional de conocimientos de medicina y haber obtenido, a lo menos, la puntuación mínima que a su respecto establezca el reglamento, sin perjuicio de los demás requisitos que les exijan otras leyes.
“Las instituciones señaladas sólo podrán contratar, en cualquier calidad jurídica y modalidad, a médicos cirujanos que hayan obtenido, de conformidad a lo que establezca el reglamento, la puntuación mínima requerida en dicho examen”, sentencia la norma.
Además, se señala que se entenderá que los profesionales que aprueben el examen único nacional de conocimientos de medicina, habrán revalidado automáticamente su título profesional de médico cirujano, sin necesitar cumplir ningún otro requisito para este efecto.
Finalmente, entre otras indicaciones, se acota que el examen será una prueba diseñada y administrada por la asociación que reúna al mayor número de escuelas de medicina del país, de entre aquellas que tengan, a lo menos, una promoción de graduados y cuyas carreras y programas de estudio hayan sido acreditados.
“Ha habido problemas en relación a ese examen y lo que específicamente vimos fue un dictamen de Contraloría que faculta al Ejecutivo para poder contratar profesionales médicos que no tengan aprobado ese examen en ocasiones excepcionales en zonas apartadas”, explicó la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Marisol Turres (UDI).
Indicó que, en términos generales, el dictamen fue bien visto tanto por el Ejecutivo como por la agrupación que lo toma, salvo algunas consideraciones que habría que aclarar o especificar. “Esto nos pone de manifiesto la necesidad de revisar esa ley porque, de partida, parece injusto que solo se exija para trabajar en el sector público y no en el privado”, comentó.
Dijo que es necesario que la ley se haga cargo del tema de los extranjeros que vienen a ejercer a Chile y respecto de los cuales existen convenios internacionales que los favorecen, pero que no siempre son suficientes para verificar su calidad profesional. En este plano, señaló que se debería considerar una instancia de fiscalización en la que participen los Ministerios de Salud, de Educación y de Relaciones Exteriores.
Beltrán Mena recalcó que la Ley 20.261 es breve y con muchos vacíos que han generado varios problemas, como por ejemplo, la imposibilidad de sancionar a quienes vulneren la confidencialidad del examen, como ocurrió el año pasado. “Vimos que no se podía sancionar a nadie ni seguir un proceso judicial por falta de definiciones”, alegó.
Otra gran falencia, acotó, es que la normativa encarga a una entidad privada la administración de un examen que tiene funciones públicas importantes, pero sin asignarle recursos para ello.
“Todos esos vacíos hay que volver a discutirlos y ojalá que condujera a la creación de una agencia independiente que se haga cargo del examen, de carácter estatal, pero autónoma y financiada”, opinó.
Respecto del dictamen, estimó que es sensato y soluciona un problema específico. Evaluó que la resolución pone en la balanza la necesidad de la autoridad de salud de dar servicio a un sector del país que no tiene adecuada cobertura, poniendo por encima esa necesidad derivada de un mandato constitucional por sobre otras leyes, pero, al mismo tiempo, definiendo que es una situación excepcional.
Sin embargo, consideró que se dejan tres áreas grises: no define qué se entiende por zona apartada, es decir, en dónde se puede hacer esta excepción; dice que se puede efectuar la excepción cuando sea imprescindible, pero no indica si ello se gatilla cuando, por ejemplo, se declare vacante un concurso abierto previo; y se señala que se debe dar el examen a la brevedad, pero tampoco describe mayores referencias.
El Subsecretario Castillo coincidió en que el dictamen de la Contraloría, propiciado por un caso en la Región de Tarapacá, es muy sensato, pensado en las personas y muy coherente con las políticas sanitarias llevadas a cabo en los últimos 20 años, que dicen relación con la servicialidad o continuidad de los cuidados ante cualquier elemento jurídico reglamentario.
“Nos ha dado luces y ha ratificado que el Servicio de Salud en Tarapacá ha actuado conforme a derecho; que lo que se ha hecho ahí es estrictamente reglamentario y dentro de un marco jurídico, que nos permite seguir trabajando con médicos bien calificados, de buen nivel de formación y que están teniendo una muy buena percepción de los usuarios”, indicó.
Sostuvo que la situación manifestada en Iquique no es un hecho generalizado en el país, sino que un caso muy excepcional. Afirmó ante los diputados que en todo Chile son menos de 60 los casos similares y que se trabaja para regularizar dichas situaciones, conforme a lo explicitado por Contraloría.
Reconoció que la Ley 20.261 tiene sus imperfecciones. “Creo que llegó el momento de empezar a analizarla en conjunto, entre ellas, el tema del financiamiento, dado que no tiene recursos asociados; segundo, tiene que haber un pronunciamiento respecto del marco de aplicación y habilitación; y tiene que tener incorporado como concepto un examen que vaya dedicado no a egresados sino que a médicos especialistas que quieran venir a Chile”, planteó.
La Ley 20.261, publicada el 19 de abril de 2008, establece en términos generales que será requisito de ingreso para los cargos o empleos de médico cirujano en los Servicios de Salud y en los establecimientos de carácter experimental o de atención primaria de salud municipal, rendir un examen único nacional de conocimientos de medicina y haber obtenido, a lo menos, la puntuación mínima que a su respecto establezca el reglamento, sin perjuicio de los demás requisitos que les exijan otras leyes.
“Las instituciones señaladas sólo podrán contratar, en cualquier calidad jurídica y modalidad, a médicos cirujanos que hayan obtenido, de conformidad a lo que establezca el reglamento, la puntuación mínima requerida en dicho examen”, sentencia la norma.
Además, se señala que se entenderá que los profesionales que aprueben el examen único nacional de conocimientos de medicina, habrán revalidado automáticamente su título profesional de médico cirujano, sin necesitar cumplir ningún otro requisito para este efecto.
Finalmente, entre otras indicaciones, se acota que el examen será una prueba diseñada y administrada por la asociación que reúna al mayor número de escuelas de medicina del país, de entre aquellas que tengan, a lo menos, una promoción de graduados y cuyas carreras y programas de estudio hayan sido acreditados.
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