Cámara rechazó informe de Comisión Investigadora de Ferrocarriles
Por 56 votos en contra, 44 a favor y 1 abstención, la Cámara rechazó el informe de la Comisión Investigadora de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), luego de debatirlo durante toda la mañana de este martes.
Las propuestas establecidas por la Comisión Investigadora señalaban que es fundamental para el Estado de Chile que las nuevas inversiones que se realicen en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado se hagan en armonía con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de EFE.
Esta normativa establece que el Gobierno no podrá obligar a la Empresa a proporcionarle servicio alguno sin la debida compensación económica, la que estará sujeta al régimen general de tarifas vigentes en la Empresa, sin privilegio especial alguno.
"Todo lo anterior en el entendido (de) que la futura propuesta del Ejecutivo de subsidiar el transporte capitalino (Transantiago) debe necesariamente abordar una financiación legal permanente del transporte ferroviario en la zona sur del país, como una manera efectiva y eficiente de asegurar una 'debida compensación económica' pagada por el Gobierno", añadía el documento.
No se han perdido mil millones de dólares
Asimismo, la Comisión Investigadora apelaba a la seriedad al minuto de efectuar denuncias, solicitar investigaciones e informar a la opinión pública.
"En efecto, no es serio, responsable ni prudente, plantear ante la opinión pública y dejar establecido como un hecho de la causa, que se hayan perdido más de mil millones de dólares, porque efectivamente no es posible negar lo realizado en Merval, la reparación de vías, los contratos de operación y contención de vías, las inversiones en señalización y gestión del tráfico ferroviario y las obras de seguridad", señalaba el documento.
Otra cosa distinta, aseguraba el informe, es determinar la oportunidad y eficacia de esas inversiones, y dejar actuar a los organismos fiscalizadores y a la justicia en el evento de que se hayan cometido ilícitos que atenten contra el patrimonio de la empresa y del país. "Insistir en la pérdida de sumas tan altas de dinero significa actuar con demasiada liviandad e hipotecar el futuro de la empresa frente a la comunidad".
Sanción a funcionarios
Agregaba el texto rechazado que "lo que es real, condenable y merece la máxima sanción legal, es la actuación de determinados funcionarios que han provocado un daño enorme a la fe pública, a la empresa y al país".
Además, se recalcaba que "el país debe entender que EFE es una empresa cuya función principal es dar servicios de transportes de pasajeros y no de planificar el desarrollo ferroviario de Chile, que es una función que debe asumir el Estado de Chile, junto con la planificación del desarrollo de carreteras, de aeropuertos y puertos".
Por ello, se indicaba que a EFE se le debe el mismo trato que a otras empresas y servicios públicos, como el Metro de Santiago, en el cual se han invertido más de 5 mil millones de dólares. "EFE no tiene posibilidad alguna de financiar con sus propios recursos la deuda de inversión. Si Chile quiere tener trenes de pasajeros y carga, debe estar dispuesto a invertir en Ferrocarriles".
Marco legal anacrónico
El informe llamaba al Ejecutivo y al Legislativo a modificar la legislación orgánica de la empresa "que es anacrónica y que, por ejemplo, exige la realización de planes de inversión y desarrollo de no más de 3 años, plazo que a todas luces resulta insuficiente considerando la magnitud de las inversiones y la importancia de las políticas de transporte".
Se planteaba que EFE no puede hacerse cargo de todas las externalidades positivas de la materialización de sus proyectos, y que no puede volver a repetirse lo de Merval y Biovías en cuyos casos, la autoridad fomentó y permitió la realización de grandes inversiones por parte de EFE, que generaron externalidades positivas para las ciudades, sin las compensaciones económicas necesarias.
Plan de desarrollo institucional
"La necesidad de establecer responsabilidades sobre la delicada situación que sufre actualmente la empresa, no se agota únicamente en el plan trienal 2003 - 2005. Sin perjuicio de los grandes desórdenes, las irregularidades y los eventuales delitos que puedan atribuírseles a los directivos y gerentes de la empresa, EFE inició un plan de desarrollo institucional, que ha llevado a proveer servicios de gran calidad como los prestados por Merval, Metrotren y Terrasur. El mayor mérito de estos proyectos es que han demostrado que con una política seria y las inversiones adecuadas, se pueden prestar buenos servicios", decía el documento.
Por último la Comisión Investigadora proponía que el Estado iniciara un proceso de debate serio y responsable, con todos los actores e intereses involucrados, de modo de discutir en torno a la construcción de una política de transporte que incorpore al ferrocarril en el rango de un país que se desarrolla y consolida.
Origen de la comisión
La Comisión Investigadora, aprobada el 21 de marzo de 2007, se encargó de indagar anomalías en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), relacionadas con la recepción de dos trenes no aptos para la función contratada; la contratación de empresas consultoras por trabajos ya realizados; el no cobro de boletas de garantía o facturas no cobradas; y los altos sueldos e indemnizaciones pagadas a importantes ejecutivos de la empresa en contravención a los instructivos presidenciales en esta materia.
Integraron este grupo parlamentario los diputados José Pérez (presidente), Claudio Alvarado, Alfonso De Urresti, Fidel Espinoza, René Manuel García, Enrique Jaramillo, Sergio Ojeda, Jaime Quintana, Gonzalo Uriarte, Gastón Von Mühlenbrock, Marisol Turres, Nicolás Monckeberg, y Gabriel Silber.
Entre el 11 de abril de 2007 y el 20 de mayo de 2008, la Comisión realizó 35 sesiones.
Las propuestas establecidas por la Comisión Investigadora señalaban que es fundamental para el Estado de Chile que las nuevas inversiones que se realicen en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado se hagan en armonía con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de EFE.
Esta normativa establece que el Gobierno no podrá obligar a la Empresa a proporcionarle servicio alguno sin la debida compensación económica, la que estará sujeta al régimen general de tarifas vigentes en la Empresa, sin privilegio especial alguno.
"Todo lo anterior en el entendido (de) que la futura propuesta del Ejecutivo de subsidiar el transporte capitalino (Transantiago) debe necesariamente abordar una financiación legal permanente del transporte ferroviario en la zona sur del país, como una manera efectiva y eficiente de asegurar una 'debida compensación económica' pagada por el Gobierno", añadía el documento.
No se han perdido mil millones de dólares
Asimismo, la Comisión Investigadora apelaba a la seriedad al minuto de efectuar denuncias, solicitar investigaciones e informar a la opinión pública.
"En efecto, no es serio, responsable ni prudente, plantear ante la opinión pública y dejar establecido como un hecho de la causa, que se hayan perdido más de mil millones de dólares, porque efectivamente no es posible negar lo realizado en Merval, la reparación de vías, los contratos de operación y contención de vías, las inversiones en señalización y gestión del tráfico ferroviario y las obras de seguridad", señalaba el documento.
Otra cosa distinta, aseguraba el informe, es determinar la oportunidad y eficacia de esas inversiones, y dejar actuar a los organismos fiscalizadores y a la justicia en el evento de que se hayan cometido ilícitos que atenten contra el patrimonio de la empresa y del país. "Insistir en la pérdida de sumas tan altas de dinero significa actuar con demasiada liviandad e hipotecar el futuro de la empresa frente a la comunidad".
Sanción a funcionarios
Agregaba el texto rechazado que "lo que es real, condenable y merece la máxima sanción legal, es la actuación de determinados funcionarios que han provocado un daño enorme a la fe pública, a la empresa y al país".
Además, se recalcaba que "el país debe entender que EFE es una empresa cuya función principal es dar servicios de transportes de pasajeros y no de planificar el desarrollo ferroviario de Chile, que es una función que debe asumir el Estado de Chile, junto con la planificación del desarrollo de carreteras, de aeropuertos y puertos".
Por ello, se indicaba que a EFE se le debe el mismo trato que a otras empresas y servicios públicos, como el Metro de Santiago, en el cual se han invertido más de 5 mil millones de dólares. "EFE no tiene posibilidad alguna de financiar con sus propios recursos la deuda de inversión. Si Chile quiere tener trenes de pasajeros y carga, debe estar dispuesto a invertir en Ferrocarriles".
Marco legal anacrónico
El informe llamaba al Ejecutivo y al Legislativo a modificar la legislación orgánica de la empresa "que es anacrónica y que, por ejemplo, exige la realización de planes de inversión y desarrollo de no más de 3 años, plazo que a todas luces resulta insuficiente considerando la magnitud de las inversiones y la importancia de las políticas de transporte".
Se planteaba que EFE no puede hacerse cargo de todas las externalidades positivas de la materialización de sus proyectos, y que no puede volver a repetirse lo de Merval y Biovías en cuyos casos, la autoridad fomentó y permitió la realización de grandes inversiones por parte de EFE, que generaron externalidades positivas para las ciudades, sin las compensaciones económicas necesarias.
Plan de desarrollo institucional
"La necesidad de establecer responsabilidades sobre la delicada situación que sufre actualmente la empresa, no se agota únicamente en el plan trienal 2003 - 2005. Sin perjuicio de los grandes desórdenes, las irregularidades y los eventuales delitos que puedan atribuírseles a los directivos y gerentes de la empresa, EFE inició un plan de desarrollo institucional, que ha llevado a proveer servicios de gran calidad como los prestados por Merval, Metrotren y Terrasur. El mayor mérito de estos proyectos es que han demostrado que con una política seria y las inversiones adecuadas, se pueden prestar buenos servicios", decía el documento.
Por último la Comisión Investigadora proponía que el Estado iniciara un proceso de debate serio y responsable, con todos los actores e intereses involucrados, de modo de discutir en torno a la construcción de una política de transporte que incorpore al ferrocarril en el rango de un país que se desarrolla y consolida.
Origen de la comisión
La Comisión Investigadora, aprobada el 21 de marzo de 2007, se encargó de indagar anomalías en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), relacionadas con la recepción de dos trenes no aptos para la función contratada; la contratación de empresas consultoras por trabajos ya realizados; el no cobro de boletas de garantía o facturas no cobradas; y los altos sueldos e indemnizaciones pagadas a importantes ejecutivos de la empresa en contravención a los instructivos presidenciales en esta materia.
Integraron este grupo parlamentario los diputados José Pérez (presidente), Claudio Alvarado, Alfonso De Urresti, Fidel Espinoza, René Manuel García, Enrique Jaramillo, Sergio Ojeda, Jaime Quintana, Gonzalo Uriarte, Gastón Von Mühlenbrock, Marisol Turres, Nicolás Monckeberg, y Gabriel Silber.
Entre el 11 de abril de 2007 y el 20 de mayo de 2008, la Comisión realizó 35 sesiones.
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