Comisión de Seguridad Ciudadana aprueba en general proyecto que regula los servicios de seguridad privada
La instancia parlamentaria aprobó la idea de legislar esta iniciativa que define, entre otras medidas, las entidades que estarán obligadas a contratar estos servicios, considerando el mayor nivel de riesgo que conlleva la actividad, y regula los procedimientos a los que deberán ajustarse quienes trabajen en el sector.
El texto legal (boletín 6639) considera el aumento de la demanda y la oferta de vigilantes privados, guardias de seguridad, escoltas o guardaespaldas, servicios de alarmas y cualquier otro medio, mecanismo, instrumento o servicio tendiente a otorgar protección a personas y bienes, elevándose por tanto los requerimientos por seguridad privada.
A esto se suma el hecho de que hoy en día existen críticas a la regulación de la seguridad privada, por cuanto ha permitido que no existan criterios uniformes en la implementación y fiscalización de la ley, toda vez que ello se encuentra disperso en distintas autoridades.
Es por esto que el proyecto propone un mejoramiento de la regulación que norma estas actividades, ya que si las medidas de seguridad privada están implementadas sin la debida consideración de terceros, ellas pueden aumentar significativamente el riesgo de las personas.
El Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, sostuvo en la sesión y ante la aprobación en general de la iniciativa, que éste es un avance valioso, ya que “estamos frente a un proyecto de ley que regula una industria que tiene deficiencias en su funcionamiento y que involucra a más 220 mil trabajadores y eso le da un componente social a este proyecto muy importante”.
Rosende dijo además que el texto legal viene a mejorar algunas deficiencias del sistema actual, ya que las normas que regulan la seguridad privada datan de la década de los 80 y “están contenidas en diversas leyes y resoluciones, en consecuencia, hay una dispersión importante y no hay mucha claridad respecto de las obligaciones de vigilantes privados, guardias y empresas que prestan estos servicios”.
En tanto, el presidente de la Comisión, diputado Carlos Abel Jarpa (PRSD), dijo que es importante regular esta actividad debido a que “existe preocupación por labores que hacen personas en pos de la mejora de la seguridad privada y en actividades en donde hay riesgos, especialmente en el transporte de valores, como así también, lo que significa el control en supermercados o empresas del rubro”.
Por su parte, el diputado Cristián Monckeberg (RN), dijo que es importante dejar definidas las facultades que tienen los vigilantes y guardias privados “respecto de por ejemplo, la capacidad de detener a las personas; lo que dice relación con quién va a fiscalizar estas disposiciones y también lo que dice relación con los espectáculos públicos, si le vamos a exigir o no a los espectáculos públicos tener guardias, porque cuando los Carabineros atienden estos espectáculos públicos desatienden la seguridad ciudadana en otras comunas”.
Contenido del proyecto
El mensaje del Ejecutivo dispone, entre otras cosas, que los vigilantes privados serán quienes realicen directa y exclusivamente las labores de protección a personas y bienes. Estarán obligados a emplear armas de fuego sólo durante su jornada de trabajo y sólo dentro del recinto correspondiente; a usar uniforme y portar credencial.
En materia de recursos tecnológicos o materiales, se regula en particular la instalación de alarmas, las bóvedas, las cajas receptoras y pagadoras, los vidrios exteriores, los sistemas de filmación y las comunicaciones.
El Ministerio del Interior determinará aquellas empresas obligadas a mantener medidas de seguridad, en consideración a la vulnerabilidad de ellas, a la comisión de delitos que pongan en peligro la seguridad de las personas que trabajan en ella, de terceros que concurran al lugar, así como también del dinero o valores que custodien, conserven, manejen o expendan.
El texto legal (boletín 6639) considera el aumento de la demanda y la oferta de vigilantes privados, guardias de seguridad, escoltas o guardaespaldas, servicios de alarmas y cualquier otro medio, mecanismo, instrumento o servicio tendiente a otorgar protección a personas y bienes, elevándose por tanto los requerimientos por seguridad privada.
A esto se suma el hecho de que hoy en día existen críticas a la regulación de la seguridad privada, por cuanto ha permitido que no existan criterios uniformes en la implementación y fiscalización de la ley, toda vez que ello se encuentra disperso en distintas autoridades.
Es por esto que el proyecto propone un mejoramiento de la regulación que norma estas actividades, ya que si las medidas de seguridad privada están implementadas sin la debida consideración de terceros, ellas pueden aumentar significativamente el riesgo de las personas.
El Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, sostuvo en la sesión y ante la aprobación en general de la iniciativa, que éste es un avance valioso, ya que “estamos frente a un proyecto de ley que regula una industria que tiene deficiencias en su funcionamiento y que involucra a más 220 mil trabajadores y eso le da un componente social a este proyecto muy importante”.
Rosende dijo además que el texto legal viene a mejorar algunas deficiencias del sistema actual, ya que las normas que regulan la seguridad privada datan de la década de los 80 y “están contenidas en diversas leyes y resoluciones, en consecuencia, hay una dispersión importante y no hay mucha claridad respecto de las obligaciones de vigilantes privados, guardias y empresas que prestan estos servicios”.
En tanto, el presidente de la Comisión, diputado Carlos Abel Jarpa (PRSD), dijo que es importante regular esta actividad debido a que “existe preocupación por labores que hacen personas en pos de la mejora de la seguridad privada y en actividades en donde hay riesgos, especialmente en el transporte de valores, como así también, lo que significa el control en supermercados o empresas del rubro”.
Por su parte, el diputado Cristián Monckeberg (RN), dijo que es importante dejar definidas las facultades que tienen los vigilantes y guardias privados “respecto de por ejemplo, la capacidad de detener a las personas; lo que dice relación con quién va a fiscalizar estas disposiciones y también lo que dice relación con los espectáculos públicos, si le vamos a exigir o no a los espectáculos públicos tener guardias, porque cuando los Carabineros atienden estos espectáculos públicos desatienden la seguridad ciudadana en otras comunas”.
Contenido del proyecto
El mensaje del Ejecutivo dispone, entre otras cosas, que los vigilantes privados serán quienes realicen directa y exclusivamente las labores de protección a personas y bienes. Estarán obligados a emplear armas de fuego sólo durante su jornada de trabajo y sólo dentro del recinto correspondiente; a usar uniforme y portar credencial.
En materia de recursos tecnológicos o materiales, se regula en particular la instalación de alarmas, las bóvedas, las cajas receptoras y pagadoras, los vidrios exteriores, los sistemas de filmación y las comunicaciones.
El Ministerio del Interior determinará aquellas empresas obligadas a mantener medidas de seguridad, en consideración a la vulnerabilidad de ellas, a la comisión de delitos que pongan en peligro la seguridad de las personas que trabajan en ella, de terceros que concurran al lugar, así como también del dinero o valores que custodien, conserven, manejen o expendan.
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