Diputados:Moción permite el término anticipado de los contratos de prestación de servicios domiciliarios por cesantía

Publicado el 26 de julio del 2012



La propuesta, presentada por diputados de oposición, no se dirige a los servicios básicos, sino, más bien a contratos establecidos con compañías de seguros, telefonía o cablevisión.



Conscientes de la dificultad que significa para algunas familias sustentar los compromisos económicos tras la pérdida del trabajo de uno de los miembros de la familia, un grupo de diputados de oposición, encabezados por Jorge Tarud (PPD), presentó un proyecto (boletín 8435) que permite el término anticipado de los contratos de prestación de servicios domiciliarios por la causal de cesantía.



La moción, enviada a la Comisión de Economía para su estudio, fue ingresa a trámite legislativo el pasado 11 de julio por el diputado Tarud junto a sus compañeros de bancada Enrique Accorsi, Enrique Jaramillo y el diputado PS Luis Lemus.



La propuesta, que modifica la Ley de Derechos del Consumidor, busca dar respuesta al problema que aqueja a muchas familias, cuando uno de los miembros queda cesante y se genera una situación económica compleja que fuerza a prescindir de ciertos servicios. Sin embargo, acotaron, ello no siempre es posible de realizar ya que las empresas prestadoras suelen imponer cláusulas que los obligan a no terminar el contrato antes de un año, 18 ó 24 meses.



“Los contratos respecto de los que nuestro proyecto permitiría la terminación anticipada por la causal de 'cesantía' son aquellos de carácter domiciliarios y de tracto sucesivo, es decir, aquellos cuyas obligaciones nacen y se extinguen con periodicidad, generalmente mensual, como los de telefonía, televisión por cable y satelital, servicios de Internet, tele vigilancia, asistencia médica y seguros, por nombrar algunos de los más comunes, que suelen ser contratados con la finalidad de satisfacer diversas necesidades familiares, que en situaciones económicas complejas, son del todo prescindibles”, explicaron.



Sostuvieron que la propuesta legal “no advierte perjuicios para las empresas que prestan este tipo de servicios, pues ellas operan sobre la base de economías de escala, conforme a las cuales cada contrato adicional por sobre una determinada cantidad que absorbe los costos de producción, supone un costo marginal, de manera que la presidencia de algunos pocos que puedan acogerse a la norma que proponemos, no generará perjuicio alguno”.