Diputados aprueban creación de la Corte Penal Internacional (CPI)
Por 79 votos a favor, 9 en contra y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, adoptado en esa ciudad el 17 de julio de 1998 (Boletín N° 6.560-10). La iniciativa quedó en condiciones de ser remitida al Gobierno para su promulgación.
La Corte Penal Internacional se establece como un órgano jurisdiccional penal permanente, de carácter internacional, destinado a hacer efectivas las responsabilidades penales individuales de los autores de determinados y graves delitos internacionales.
La CPI es un tribunal permanente, facultado para conocer y juzgar los crímenes más graves de trascendencia internacional. Señala el mensaje que acompañó el proyecto que la responsabilidad primaria del juzgamiento corresponderá a cada Estado y sólo supletoriamente a la CPI.
La competencia de la Corte se limitará sólo a los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. La CPI tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto, o de la fecha en que un Estado se ha hecho parte del mismo, cuando se trate de perseguir delitos cometidos en el territorio de ese Estado.
La Corte Penal Internacional se establece como un órgano jurisdiccional penal permanente, de carácter internacional, destinado a hacer efectivas las responsabilidades penales individuales de los autores de determinados y graves delitos internacionales.
La CPI es un tribunal permanente, facultado para conocer y juzgar los crímenes más graves de trascendencia internacional. Señala el mensaje que acompañó el proyecto que la responsabilidad primaria del juzgamiento corresponderá a cada Estado y sólo supletoriamente a la CPI.
La competencia de la Corte se limitará sólo a los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. La CPI tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto, o de la fecha en que un Estado se ha hecho parte del mismo, cuando se trate de perseguir delitos cometidos en el territorio de ese Estado.
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