diputados: Sala da su aprobación a convenio internacional sobre gestión de desechos radiactivos
Sala da su aprobación a convenio internacional sobre gestión de desechos radiactivos
Publicado el 05 de octubre del 2010
Con 95 votos favorables, la Cámara de Diputados aprobó este martes la “Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos radiactivos”, aprobada el 5 de septiembre de 1997 en la conferencia diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de Naciones Unidas.
Este tratado bilateral busca garantizar en todo el mundo un alto grado de seguridad en la gestión del combustible gastado y de los demás desechos radioactivos, proteger a las personas, a la sociedad y al medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante, prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar sus consecuencias, todo ello mediante la mejora de las medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluida la cooperación técnica.
Esta Convención es el primer instrumento jurídico internacional vinculante en la esfera de la gestión del combustible gastado y desechos radiactivos en el cual se abordan directamente estas materias a escala mundial. Se abrió a la firma el 29 de septiembre de 1997 y entró en vigor el 18 de junio de 2001.
Este instrumento internacional se aplica al combustible gastado y residuos radiactivos procedentes de los reactores nucleares civiles y de combustible gastado y residuos radiactivos procedentes de programas militares o de defensa, siempre y cuando dichos materiales se transfieran y sean gestionados exclusivamente dentro de los programas civiles.
También se aplica a las liberaciones planificadas y controladas en el medio ambiente de líquidos o gases de materiales radiactivos provenientes de instalaciones nucleares reglamentadas.
La Convención no contempla sanciones por el incumplimiento de sus disposiciones sino lo que pretende es estimular una mejora de la seguridad. No obstante, obliga a los Estados signatarios a presentar un informe nacional que permita llevar a cabo un análisis crítico de la situación en cada país, identificando las fortalezas y debilidades.
Publicado el 05 de octubre del 2010
Con 95 votos favorables, la Cámara de Diputados aprobó este martes la “Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos radiactivos”, aprobada el 5 de septiembre de 1997 en la conferencia diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de Naciones Unidas.
Este tratado bilateral busca garantizar en todo el mundo un alto grado de seguridad en la gestión del combustible gastado y de los demás desechos radioactivos, proteger a las personas, a la sociedad y al medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante, prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar sus consecuencias, todo ello mediante la mejora de las medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluida la cooperación técnica.
Esta Convención es el primer instrumento jurídico internacional vinculante en la esfera de la gestión del combustible gastado y desechos radiactivos en el cual se abordan directamente estas materias a escala mundial. Se abrió a la firma el 29 de septiembre de 1997 y entró en vigor el 18 de junio de 2001.
Este instrumento internacional se aplica al combustible gastado y residuos radiactivos procedentes de los reactores nucleares civiles y de combustible gastado y residuos radiactivos procedentes de programas militares o de defensa, siempre y cuando dichos materiales se transfieran y sean gestionados exclusivamente dentro de los programas civiles.
También se aplica a las liberaciones planificadas y controladas en el medio ambiente de líquidos o gases de materiales radiactivos provenientes de instalaciones nucleares reglamentadas.
La Convención no contempla sanciones por el incumplimiento de sus disposiciones sino lo que pretende es estimular una mejora de la seguridad. No obstante, obliga a los Estados signatarios a presentar un informe nacional que permita llevar a cabo un análisis crítico de la situación en cada país, identificando las fortalezas y debilidades.
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