Cámara de Diputados rechazó reforma constitucional que establecía sueldo mínimo regional






Publicado el 29 de agosto del 2012



El proyecto no alcanzó el quórum requerido para su aprobación. El objetivo del texto era regionalizar el sueldo mínimo, considerando en su fijación los mecanismos que permitieran mantener el mismo valor adquisitivo en las distintas regiones del país, y establecer bases objetivas que sirvieran para determinarlo.



La iniciativa (boletín 7466) recibió 49 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones. Sin embargo, al reformar la Constitución, requería un quórum de aprobación de 72 votos.



El texto legal se originó en una moción presentada por los diputados Enrique Accorsi (PPD), Sergio Aguiló (IC), René Alinco (Ind), Pedro Araya (PRI), Gabriel Ascencio (DC), Tucapel Jiménez (PPD), Luis Lemus (PS) y Miodrag Marinovic (Ind), y de las diputadas Carolina Goic (DC) y Marta Isasi (Ind).



El proyecto proponía modificar el artículo 65 de la Constitución Política de la República, que establece la iniciativa exclusiva de ley del Presidente de la República para ciertas materias, entre ellas, la fijación del sueldo mínimo.



La enmienda propuesta disponía que correspondería al Mandatario “fijar el sueldo mínimo, considerando los mecanismos que permitan mantener el mismo valor adquisitivo en las distintas regiones del país y establecer las bases objetivas que sirvan para determinarlo”:



Los autores de la moción señalan que el costo de la vida varía significativamente en las distintas regiones, resultando claramente más onerosa en las zonas extremas y aisladas, situación que la propia Administración del Estado reconoce al remunerar de modo distinto a los funcionarios públicos que se desempeñan en dichas regiones con la denominada “asignación de zona”.



Previamente, la iniciativa había sido aprobada en la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara, donde dirigentes sociales y sindicales de las regiones de Aysén y Magallanes la respaldaron señalando que el sueldo mínimo regionalizado es una sentida demanda histórica en la Patagonia.



No obstante, en la misma instancia, los subsecretarios de Hacienda y de Trabajo cuestionaron la iniciativa arguyendo que establecer un sueldo mínimo regional podría ser contraproducente para el empleo, en la medida que constituiría un costo adicional para a las empresas que se instalen en las zonas extremas, reduciendo con ello las ofertas de trabajo. Asimismo, estimaron que altos ingresos mínimos en una zona fronteriza podrían agravar el problema de inmigración existente en nuestro país.



De la misma manera, la Comisión de Constitución analizó el proyecto y recomendó su rechazo a la Sala.

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