Comisión de Hacienda despachó a la Sala proyecto que regula el lobby

             Comisión de Hacienda despachó a la Sala proyecto que regula el lobby

Publicado el 30 de julio del 2013

La iniciativa quedó en los mismos términos que lo aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara. La propuesta centra su foco en los sujetos pasivos de la actividad y en la transparencia de los actos considerados como lobby.
Con el compromiso expreso del Ministro Secretario General de la Presidencia, Christian Larroulet, de especificar en el restante trámite legislativo el rol de los parlamentarios frente a las actividades susceptibles de ser consideradas como lobby, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Sala la iniciativa legal que regula esta materia.

La propuesta (boletín 6189), analizada intensamente en la jornada de hoy por los legisladores y los representantes del Gobierno, fue despachada en los mismos términos que lo señalado por la Comisión de Constitución, pese a la presentación de algunas indicaciones que, o fueron declaradas inadmisibles o fueron rechazadas.

El Ministro Larroulet valoró el apoyo general entregado por los diputados y destacó que la actividad del lobby es completamente legítima, permitiendo a las autoridades del país acceder a información destinada a perfeccionar su trabajo y a complementar el debate sobre diversas materias de interés público. Sin embargo, recalcó la importancia de regular estas situaciones, transparentando la agenda de entrevistas de las autoridades en lo que dice relación al ejercicio de sus funciones.

Explicó que, a diferencia de proyectos anteriores (se ha tratado de legislar sobre la materia desde 2003, siendo la última iniciativa ingresada por Michelle Bachelet y reemplazada por Sebastián Piñera en mayo de 2012 y, luego, modificada nuevamente en la Comisión de Constitución), que se centraban en la creación de un registro de lobbistas y que no concitaban un concenso mayoritario, la presente propuesta se focaliza en los sujetos pasivos que reciben el lobby y en la transparencia de los actos que pueden ser considerados como lobby.

Recalcó también a los legisladores que el proyecto se complementa con otras propuestas legales, como la Ley de Probidad y la Ley que regula el financiamiento de las campañas políticas. Llamó a los diputados a ver el tema de manera integral y recordó que el Ejecutivo llevará el control del registro de este tipo de actividades, diferenciando quienes efectúan el lobby de manera profesional (los que reciben remuneración) de quienes representan intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

La votación del proyecto fue divida en dos bloques a petición del diputado Enrique Jaramillo (PPD): una para definir el artículo transitorio, que apunta principalmente al financiamiento de la ley, el cual fue aprobado por nueve votos a favor y dos votos en contra; y el resto de las normas observadas por la Comisión, en particular en lo relativo a sanciones, las cuales fueron aprobadas por ocho votos a favor y tres en contra.

En este último caso votaron en contra el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Miodrag Marinovic (Ind), por estimar que no se regula debidamente el tema de las sanciones para los parlamentarios que incumplan las normas fijadas por esta ley y por carecer de una regulación al financiamiento de las campañas políticas; y los diputados Pablo Lorenzini (DC) y Alberto Robles (PRSD), por estimar que el proyecto no se hace responsable de los sujetos activos del lobby.

Esta última postura fue tema de largo debate en la Comisión y de hecho, fue objeto de una indicación presentada por los diputados Carlos Montes (PS) y Pepe Auth (PPD), que buscaba restituir la idea de un registro de lobbistas, pero limitada ahora al Parlamento. La norma fue votada primero en su admisibilidad y luego fue rechazada.

Durante el debate se expresaron variadas dudas respecto de la aplicación práctica de la norma, en particular por parte de los diputados Joaquín Godoy (RN), Pablo Lorenzini y Alberto Robles. Dentro de las inquietudes se observaron, por ejemplo, la forma en que se deberán abordar las audiencias públicas con los miembros de la propia comunidad; el tratamiento de gestiones relativas a sus distritos; y la exposición de representantes gremiales frente a determinados proyectos de ley.

Los diputados Ernesto Silva (UDI) y Carlos Recondo (UDI) felicitaron que el foco del proyecto esté centrado en la transparencia de los actos de las autoridades públicas y compartieron la visión del Ejecutivo en contra de establecer únicamente un registro de lobbistas profesionales. Sin embargo, llamaron a esclarecer el rol de los parlamentarios y a poner atención al efecto que esta ley tendrá en la aplicación de algunos preceptos constitucionales o legales.

El diputado José Miguel Ortiz (DC) también se manifestó a favor de la iniciativa y valoró la velocidad con que la Comisión analizó y despachó la propuesta legal. Consideró que esta normativa ayudará a transparentar los actos de las autoridades públicas y a mejorar la visión que tiene la ciudadanía de ellas. Asimismo, llamó a no temer a publicar las agendas de actividades y estimó permitente ampliar el nivel de publicidad a los donativos de campaña y a los viajes costeados por terceros.

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