Consumidores cuestionan negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico

             Consumidores cuestionan negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico

Publicado el 31 de julio del 2013

Representantes de ONG's de derechos digitales y organizaciones de consumidores presentaron sus reparos a esta iniciativa ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
El tratado, conocido como TPP, tiene su origen en el acuerdo de libre comercio suscrito el año 2005 por Chile, Brunei, Nueva Zelandia y Vietnam, y al que hoy se sumarían otros 8 países de la cuenca del pacífico, entre ellos Estados Unidos.

Para sus críticos, este acuerdo implica renegociar una serie de materias contenidas en acuerdos bilaterales, como el Tratado de Libre Comercio de Chile y Estados Unidos, en particular en lo referido a los derechos de propiedad intelectual.

Frente a esto, la Comisión de Relaciones Exteriores escuchó las opiniones sobre este acuerdo comercial del director legal de la ONG Derechos Digitales, Daniel Alvarez; de la consejera del Colegio de Bibliotecarios de Chile, Josefina Reyes; del director Ejecutivo de la ONG Cívico, José Huerta; del director de Consumers International para América Latina y el Caribe, Juan Trimboli; del Presidente de CONADECUS, Hernán Calderón y del gerente general de la Asociación Industrial de laboratorios farmacéuticos, Elmer Torres.

Al respecto, el diputado Marcelo Díaz (PS) manifestó su aprehensión sobre la posibilidad de que los socios del TPP cuenten con cierto poder de veto respecto de las legislaciones internas de los estados partes, la extensión de los plazos de protección de los derechos de propiedad intelectual, que podría afectar la circulación de elementos indispensables de la cultura o retrasar el ingreso al mercado de medicamentos genéricos, “por la vía de proteger las patentes originales de los laboratorios”, argumentó.

Pero, además, el legislador sostuvo que las exposiciones escuchadas son coincidentes con “las preocupaciones que nosotros hemos transmitido al gobierno respecto de que este tratado no vaya a representar un menoscabo para derechos importantes desde el punto de vista de nuestro desarrollo como país” y que tampoco terminemos siendo parte de un tratado que solo sea “una herramienta de Estados Unidos para hacer frente a China y nosotros como un país pequeño terminemos siendo pieza de un tablero en donde no son los intereses de Chile los que están en juego sino el de las grandes potencias y donde nosotros paguemos los costos y recibamos muy pocos beneficios”, puntualizó.

Por su parte, el diputado José Manuel Edwards (UDI) si bien calificó a este tratado como “una excelente iniciativa”, señaló que existen materias puntuales que se deben revisar para que exista una real creación de valor comercial para nuestro país. En particular, añadió el parlamentario, “entender claramente cuáles derechos se pudiesen ver afectados y cómo tendríamos que modificar nuestras normas legales para hacerlas coincidentes con el contenido de este tratado”, como por ejemplo en la regulación del flujo de información por Internet o ver si este acuerdo podría generar un aumento en el precio de los medicamentos.

El diputado Edwards afirmó que dentro de lo que se ha filtrado del posible contenido de la iniciativa, resulta complejo que se planteen ciertos derechos de propiedad intelectual hasta 95 años después de fallecidos los autores, lo que en la práctica “podría significar afectar el dominio público de lo que son hoy por ejemplo las poesías de Pablo Neruda. Eso pareciera ser demasiado”, puntualizó.

Consumidores

Para el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, la aprobación de este tratado podría tener un fuerte impacto en los usuarios de servicios de internet y en los consumidores de medicamentos, por la extensión de los plazos de protección de las patentes que el acuerdo propondría.

Asimismo, el director de Consumers International para América Latina y el Caribe, Juan Trimboli, manifestó su preocupación por el mayor costo que podrían tener los medicamentos, pero principalmente porque “el principio de precaución, que es esencial en materia de protección al consumidor” y que permite adoptar ciertas medidas ante las dudas de riesgo para los consumidores, sería eliminado por este tratado al igual “que la autonomía de los estados en lo referido al etiquetado o tipo de rotulado que se pondría a los productos”.

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