Ex general Ramón Vega y ex Ministro de Defensa Patricio Rojas asisten nuevamente a Comisión Investigadora de aviones Mirage
Los diputados quisieron confrontar las versiones de ambas autoridades con las del ex general Patricio Ríos, quien dio detalles respecto al viaje a Londres de ambas autoridades en 1993, y una transferencia de US$15 millones solicitada por el General Jaime Estay. Rojas y Vega negaron cualquier transferencia previa a la oficialización de la compra de las naves.
A la salida de la Comisión, el diputado Alberto Cardemil (RN), señaló que “hay un punto muy medular, que es el pago que afirma el General Ríos que se hizo a más tardar en marzo del año 1994, antes que estuviera firmado el contrato, de US$15 millones a la empresa SABCA y que no aparece respaldado por ningún decreto, porque el decreto que le mostramos y que es el que es oficial, que conocemos todos, dice que no es el mismo que él tuvo a la vista”.
El legislador afirmó que lo básico es “saber cómo se desembolsó esa plata, quién la autorizó, qué respaldo tenía y si esos son los 15 millones de dólares en coimas que andamos buscando”.
Corporación de Estudios Estratégicos
Los parlamentarios también consultaron al ex Ministro de Defensa por el financiamiento de la Corporación de Estudios Estratégicos, entidad creada por Patricio Rojas que asesoró al Gobierno en materias de seguridad y defensa.
Las interrogantes se dirigieron a dineros extranjeros recibidos por dicha corporación. Al respecto, el diputado Gonzalo Arenas (UDI), manifestó que “lo más grave quizás que se ha acreditado hoy día es que la Corporación de Estudios Estratégicos recibió pagos del extranjero y el ministro Rojas no ha querido revelar quiénes fueron todos los que pagaron” esos dineros.
Indicó que es sospechosa “una Corporación que se crea justo cuando se realiza la operación de compra de los aviones Mirage y más encima cuando estamos acreditando un pago de 14 ó 15 millones de dólares, que coincide con el monto que se dice que fueron de coimas, que nadie sabe dónde está el decreto, cómo se autorizó, pero que sí efectivamente se hizo”.
Por ello, dijo que “aquí hay un círculo de la mentira, que estamos redondeando cada vez más y yo creo que pronto vamos a saber efectivamente quiénes han estado involucrados en estos US$15 millones que ahora no solamente están perdidos desde el punto de vista belga sino que están perdidos desde el punto de vista de nuestro país”.
El diputado Arenas precisó que aunque Patricio Rojas sí admitió recibir capitales extranjeros, “no ha querido dar el nombre de una fundación española que le habría pagado una determinada cantidad de dinero y no sabemos cuáles son las vinculaciones con esa entidad española, y eso solamente lo vamos a saber una vez que podamos obtener los libros de contabilidad que hoy día tiene el Ministro investigador (Omar Astudillo).
En tanto, el diputado PPD Jorge Tarud, presidente de la Comisión Investigadora, señaló que en su opinión no es factible “que por un asunto de seguridad nacional, 10 días antes de que asuma un nuevo gobierno, se firma una carta de intención y en menos de 24 horas un decreto fundado con todos los montos del contrato”.
Añadió que lo que se quiso hacer con esta gestión fue “dejar amarrado al próximo Gobierno ante este contrato. Las razones políticas las estableceremos nosotros y si hay razones judiciales, le competen al juez Astudillo”.
A la salida de la Comisión, el diputado Alberto Cardemil (RN), señaló que “hay un punto muy medular, que es el pago que afirma el General Ríos que se hizo a más tardar en marzo del año 1994, antes que estuviera firmado el contrato, de US$15 millones a la empresa SABCA y que no aparece respaldado por ningún decreto, porque el decreto que le mostramos y que es el que es oficial, que conocemos todos, dice que no es el mismo que él tuvo a la vista”.
El legislador afirmó que lo básico es “saber cómo se desembolsó esa plata, quién la autorizó, qué respaldo tenía y si esos son los 15 millones de dólares en coimas que andamos buscando”.
Corporación de Estudios Estratégicos
Los parlamentarios también consultaron al ex Ministro de Defensa por el financiamiento de la Corporación de Estudios Estratégicos, entidad creada por Patricio Rojas que asesoró al Gobierno en materias de seguridad y defensa.
Las interrogantes se dirigieron a dineros extranjeros recibidos por dicha corporación. Al respecto, el diputado Gonzalo Arenas (UDI), manifestó que “lo más grave quizás que se ha acreditado hoy día es que la Corporación de Estudios Estratégicos recibió pagos del extranjero y el ministro Rojas no ha querido revelar quiénes fueron todos los que pagaron” esos dineros.
Indicó que es sospechosa “una Corporación que se crea justo cuando se realiza la operación de compra de los aviones Mirage y más encima cuando estamos acreditando un pago de 14 ó 15 millones de dólares, que coincide con el monto que se dice que fueron de coimas, que nadie sabe dónde está el decreto, cómo se autorizó, pero que sí efectivamente se hizo”.
Por ello, dijo que “aquí hay un círculo de la mentira, que estamos redondeando cada vez más y yo creo que pronto vamos a saber efectivamente quiénes han estado involucrados en estos US$15 millones que ahora no solamente están perdidos desde el punto de vista belga sino que están perdidos desde el punto de vista de nuestro país”.
El diputado Arenas precisó que aunque Patricio Rojas sí admitió recibir capitales extranjeros, “no ha querido dar el nombre de una fundación española que le habría pagado una determinada cantidad de dinero y no sabemos cuáles son las vinculaciones con esa entidad española, y eso solamente lo vamos a saber una vez que podamos obtener los libros de contabilidad que hoy día tiene el Ministro investigador (Omar Astudillo).
En tanto, el diputado PPD Jorge Tarud, presidente de la Comisión Investigadora, señaló que en su opinión no es factible “que por un asunto de seguridad nacional, 10 días antes de que asuma un nuevo gobierno, se firma una carta de intención y en menos de 24 horas un decreto fundado con todos los montos del contrato”.
Añadió que lo que se quiso hacer con esta gestión fue “dejar amarrado al próximo Gobierno ante este contrato. Las razones políticas las estableceremos nosotros y si hay razones judiciales, le competen al juez Astudillo”.
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