¿Del daño al engaño previsional?Por Evelyn Matthei y Andrés Allamand senadores por las regiones de Coquimbo y Los Ríos.
El daño previsional es la consecuencia de la subcotización que afectó a los trabajadores del sector público que, durante muchos años, recibieron parte importante de sus remuneraciones como asignaciones no imponibles.
Cuando entró en vigencia la reforma previsional (1981) una inmensa mayoría de los trabajadores del sector público fue traspasado al sistema de AFP, pero su “bono de reconocimiento”, por la razón indicada, fue muy bajo. Por lo mismo, al momento de jubilarse su pensión es también muy baja.
Durante el gobierno de Aylwin se legisló para resolver el problema…pero únicamente para los funcionarios públicos que se habían mantenido en el INP. La ley 19.200 dispuso que se calculasen las pensiones como si se les hubiese cotizado por toda la remuneración y ello permitió que sus jubilaciones asciendan aproximadamente al 80% de sus últimas remuneraciones.
Durante la tramitación de dicha ley se reconoció que el daño previsional también afectaba a los funcionarios que se habían traspasado a las AFP, pero el Gobierno dijo que no existía “disposición financiera” para solucionarlo. Han pasado 16 años y está claro que lo que falta es “disposición política”.
Después de múltiples esfuerzos, el Gobierno inventó el llamado “bono post laboral”. El proyecto de ley respectivo establece como “solución” el pago de un bono de apenas $50.000 mensuales. Tal fórmula es de una injusticia inaceptable. Por ejemplo, una enfermera con una remuneración de $720.000, obtiene una pensión de $655.000 en el INP y sólo obtendrá $250.000 más los $50.000 de bono post laboral en una AFP. La impotencia y amargura de los funcionarios es brutal.
Peor aún: tal bono no lo recibirán ni siquiera todos los “dañados”: Sólo se les otorgará a las personas cuya pensión sea igual o inferior a $ 798.000 mensuales, y cuya tasa de reemplazo sea igual o inferior al 55% de sus últimas remuneraciones. Y además, el bono se pagará sólo hasta el fallecimiento del beneficiario, no traspasándose a la viuda.
Por lo mismo, en paralelo a la tramitación legislativa del proyecto antes reseñado, diversos gremios del sector público negociaron con el gobierno para establecer incentivos al retiro: un pago en dinero efectivo, que constituye una forma sui generis de indemnización para el aludido daño previsional.
Sin embargo, las negociaciones aludidas han sido muy dispares. Para algunos gremios, los montos convenidos aparecen razonables; para otros las sumas son muy reducidas y, por último, algunas agrupaciones no han obtenido nada.
¿Cómo se explica que situaciones similares tengan tratamientos tan diversos? Cuando hay la misma razón ¿no debiera haber la misma disposición? La explicación es simple: Hay gremios que tienen más poder de presión que otros y hay gremios cuyos dirigentes son regalones del gobierno. A esos siempre les va mejor.
Lo más preocupante es que todos los programas de retiro tienen vigencia hasta el año 2010 y los favorecidos ni siquiera alcanzarán un tercio de los dañados previsionalmente. ¿Y que pasa con el resto? Nadie sabe.
Es evidente que la “solución” propuesta, desde un punto de vista previsional, es pésima. Lo razonable -y así lo ha planteado la Alianza- es asegurar una tasa de reemplazo o suplementar el bono de reconocimiento para aumentar efectivamente la pensión del beneficiario.
Cuando se aprobó la Reforma Previsional, todos los parlamentarios abogaron por resolver el problema. El proyecto actual está lejos de lograrlo y es un engaño más: un espejismo que se desvanecerá rápido.
Cuando entró en vigencia la reforma previsional (1981) una inmensa mayoría de los trabajadores del sector público fue traspasado al sistema de AFP, pero su “bono de reconocimiento”, por la razón indicada, fue muy bajo. Por lo mismo, al momento de jubilarse su pensión es también muy baja.
Durante el gobierno de Aylwin se legisló para resolver el problema…pero únicamente para los funcionarios públicos que se habían mantenido en el INP. La ley 19.200 dispuso que se calculasen las pensiones como si se les hubiese cotizado por toda la remuneración y ello permitió que sus jubilaciones asciendan aproximadamente al 80% de sus últimas remuneraciones.
Durante la tramitación de dicha ley se reconoció que el daño previsional también afectaba a los funcionarios que se habían traspasado a las AFP, pero el Gobierno dijo que no existía “disposición financiera” para solucionarlo. Han pasado 16 años y está claro que lo que falta es “disposición política”.
Después de múltiples esfuerzos, el Gobierno inventó el llamado “bono post laboral”. El proyecto de ley respectivo establece como “solución” el pago de un bono de apenas $50.000 mensuales. Tal fórmula es de una injusticia inaceptable. Por ejemplo, una enfermera con una remuneración de $720.000, obtiene una pensión de $655.000 en el INP y sólo obtendrá $250.000 más los $50.000 de bono post laboral en una AFP. La impotencia y amargura de los funcionarios es brutal.
Peor aún: tal bono no lo recibirán ni siquiera todos los “dañados”: Sólo se les otorgará a las personas cuya pensión sea igual o inferior a $ 798.000 mensuales, y cuya tasa de reemplazo sea igual o inferior al 55% de sus últimas remuneraciones. Y además, el bono se pagará sólo hasta el fallecimiento del beneficiario, no traspasándose a la viuda.
Por lo mismo, en paralelo a la tramitación legislativa del proyecto antes reseñado, diversos gremios del sector público negociaron con el gobierno para establecer incentivos al retiro: un pago en dinero efectivo, que constituye una forma sui generis de indemnización para el aludido daño previsional.
Sin embargo, las negociaciones aludidas han sido muy dispares. Para algunos gremios, los montos convenidos aparecen razonables; para otros las sumas son muy reducidas y, por último, algunas agrupaciones no han obtenido nada.
¿Cómo se explica que situaciones similares tengan tratamientos tan diversos? Cuando hay la misma razón ¿no debiera haber la misma disposición? La explicación es simple: Hay gremios que tienen más poder de presión que otros y hay gremios cuyos dirigentes son regalones del gobierno. A esos siempre les va mejor.
Lo más preocupante es que todos los programas de retiro tienen vigencia hasta el año 2010 y los favorecidos ni siquiera alcanzarán un tercio de los dañados previsionalmente. ¿Y que pasa con el resto? Nadie sabe.
Es evidente que la “solución” propuesta, desde un punto de vista previsional, es pésima. Lo razonable -y así lo ha planteado la Alianza- es asegurar una tasa de reemplazo o suplementar el bono de reconocimiento para aumentar efectivamente la pensión del beneficiario.
Cuando se aprobó la Reforma Previsional, todos los parlamentarios abogaron por resolver el problema. El proyecto actual está lejos de lograrlo y es un engaño más: un espejismo que se desvanecerá rápido.
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