Modernización del Estado y de la gestión pública.Por José Antonio Gómez, senador por la Región de Antofagasta
Chile actualmente está enfrentando un mundo globalizado y sistémico, con un Estado creado bajo un modelo industrial. Es evidente, entonces, que no responda de manera adecuada a la creciente necesidad de mayor interacción ciudadana producto de la mayor disponibilidad de información. Por tanto, no es de extrañar que en muchas de sus áreas no existan las readecuaciones que le permita una mayor eficiencia en el control e impacto de sus políticas públicas.
Hablar de modernización el Estado, significa una verdadera revolución respecto de los actuales parámetros en los cuales gira la gestión pública. Estamos hablando de reformas profundas, y no de una batería de iniciativas destinadas a responder a una coyuntura específica.
Chile debe debatir si quiere seguir bajo un modelo de control de gestión normativo, o avanzar hacia uno por resultados.
La decisión no es trivial, ya que tiene una serie de implicancias profundas. Por ejemplo, desde el punto de vista de los procesos administrativos implica nuevas competencias en el recurso humano vinculada al Estado; implica una mirada distinta de la función de la Contraloría; implica la incorporación de modelos de gestión para una nueva y mejor coordinación público – privada; en definitiva los nuevos tiempos nos obligan a reflexionar sobre el verdadero Estado que tenemos y cuál es el Estado que queremos.
Para nadie es un misterio que el tamaño del Estado se enfrenta a un profundo revisionismo. El fin del Welfare State, las crisis económicas internacionales de los setenta y nuestra propia experiencia de jibarización pública en los ochenta, ha provocado en nuestro país que la discusión se haya centrado sólo en la cantidad de funcionarios, instituciones y empresas públicas, en detrimento de los temas de fondo.
No cabe duda que lo urgente es avanzar hoy hacia un Estado ejecutivo, intenso (no extenso) y lleno de convicción por hacer bien las cosas y rendir cuenta de esos resultados. En este sentido, parece ilógico seguir transitando en un congelamiento o disminución de las prerrogativas estatales (sentando la discusión sólo en el tamaño de su administración) cuando, por ejemplo, este mismo Estado ha visto crecer en casi seis veces el Gasto Público los últimos 20 años. En otras palabras, quienes servían en él hace dos décadas, hoy deben administrar seis veces más recursos que antes.
Una buena manera de comenzar una nueva etapa modernizadora debiese ser tomar la decisión política de instalar un “Sistema de Evaluación de Políticas Públicas”, que entregue información concreta de donde se están haciendo bien las cosas y donde no, para poder tomar medidas correctivas y de paso mejorar el gasto y mejorar el impacto de las políticas públicas. No se trata de inventar la pólvora, toda vez que Europa cuenta con experiencia en esta materia.
Si bien es cierto que podemos reconocer la intencionalidad positiva de las evaluaciones de los escasos programas que fueron seleccionados en algunos servicios públicos por la Contraloría para este año 2008, y la tarea evaluadora que realiza la Dirección de Presupuesto en el caso de algunos proyectos y programas públicos, evidentemente todo ello resulta ser insuficiente dada la envergadura de la tarea y los desafíos que implica un cambio de mirada en la gestión.
La modernización de la gestión del Estado es una gran y desafiante tarea si la enfrentamos y, a la vez, puede convertirse en un gran escollo para el desarrollo nacional si optamos por ignorarla. Pero el cómo enfrentarla debe ser parte de un debate nacional que introduzca mejoras sustantivas en infraestructura, educación, salud, vivienda; precisamente en aquellas áreas donde la mala gestión se traduce para el ciudadano común en casas indignas, subvenciones adulteradas o largas listas de espera en consultorios.
A esta gran tarea debiéramos sentirnos convocados todos, porque mejorar la calidad de vida de nuestra gente no tiene un color político.
Hablar de modernización el Estado, significa una verdadera revolución respecto de los actuales parámetros en los cuales gira la gestión pública. Estamos hablando de reformas profundas, y no de una batería de iniciativas destinadas a responder a una coyuntura específica.
Chile debe debatir si quiere seguir bajo un modelo de control de gestión normativo, o avanzar hacia uno por resultados.
La decisión no es trivial, ya que tiene una serie de implicancias profundas. Por ejemplo, desde el punto de vista de los procesos administrativos implica nuevas competencias en el recurso humano vinculada al Estado; implica una mirada distinta de la función de la Contraloría; implica la incorporación de modelos de gestión para una nueva y mejor coordinación público – privada; en definitiva los nuevos tiempos nos obligan a reflexionar sobre el verdadero Estado que tenemos y cuál es el Estado que queremos.
Para nadie es un misterio que el tamaño del Estado se enfrenta a un profundo revisionismo. El fin del Welfare State, las crisis económicas internacionales de los setenta y nuestra propia experiencia de jibarización pública en los ochenta, ha provocado en nuestro país que la discusión se haya centrado sólo en la cantidad de funcionarios, instituciones y empresas públicas, en detrimento de los temas de fondo.
No cabe duda que lo urgente es avanzar hoy hacia un Estado ejecutivo, intenso (no extenso) y lleno de convicción por hacer bien las cosas y rendir cuenta de esos resultados. En este sentido, parece ilógico seguir transitando en un congelamiento o disminución de las prerrogativas estatales (sentando la discusión sólo en el tamaño de su administración) cuando, por ejemplo, este mismo Estado ha visto crecer en casi seis veces el Gasto Público los últimos 20 años. En otras palabras, quienes servían en él hace dos décadas, hoy deben administrar seis veces más recursos que antes.
Una buena manera de comenzar una nueva etapa modernizadora debiese ser tomar la decisión política de instalar un “Sistema de Evaluación de Políticas Públicas”, que entregue información concreta de donde se están haciendo bien las cosas y donde no, para poder tomar medidas correctivas y de paso mejorar el gasto y mejorar el impacto de las políticas públicas. No se trata de inventar la pólvora, toda vez que Europa cuenta con experiencia en esta materia.
Si bien es cierto que podemos reconocer la intencionalidad positiva de las evaluaciones de los escasos programas que fueron seleccionados en algunos servicios públicos por la Contraloría para este año 2008, y la tarea evaluadora que realiza la Dirección de Presupuesto en el caso de algunos proyectos y programas públicos, evidentemente todo ello resulta ser insuficiente dada la envergadura de la tarea y los desafíos que implica un cambio de mirada en la gestión.
La modernización de la gestión del Estado es una gran y desafiante tarea si la enfrentamos y, a la vez, puede convertirse en un gran escollo para el desarrollo nacional si optamos por ignorarla. Pero el cómo enfrentarla debe ser parte de un debate nacional que introduzca mejoras sustantivas en infraestructura, educación, salud, vivienda; precisamente en aquellas áreas donde la mala gestión se traduce para el ciudadano común en casas indignas, subvenciones adulteradas o largas listas de espera en consultorios.
A esta gran tarea debiéramos sentirnos convocados todos, porque mejorar la calidad de vida de nuestra gente no tiene un color político.
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