Aumentan sanciones y multas para quienes importen, distribuyan o posean tragamonedas
Un considerable aumento de penas y multas que pueden llegar a los 5 años de cárcel y a las 600 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir $21.709.800, contemplan las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto que sanciona el uso, distribución y tenencia de máquinas tragamonedas fuera de los casinos de juego.
La iniciativa que tuvo su origen en dos mociones parlamentarias, una de los senadores José García, Evelyn Mattehi, Carlos Ominami y los ex senadores Edgardo Boeninger y Alejandro Foxley, y otra, del senador Nelson Avila, está radicada en la Comisión de Constitución que reactivo su estudio esta semana.
Según explicó el senador Ominami “se ha avanzado considerablemente en el proyecto y creo que hay voluntad de resolverlo en el curso de los próximos días. Esta es una ley bien drástica desde el punto de vista de la prohibición de estas máquinas que son abiertamente ilegales y lo que se está discutiendo es ver una salida realista, que de un plazo para la reconversión a la situación que hoy día existe”.
Esto, porque de acuerdo al texto del proyecto las máquinas que estén en una situación ilegal deberán destruirse si es que no están debidamente autorizadas por al Superintendencia de Casinos de Juegos.
PROTECCIÓN A MENORES
En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución, senador José Antonio Gómez, destacó que el objetivo central de esta iniciativa es contar con una adecuada “protección a los niños, que existan normas claras respecto de las máquinas, su destino y el uso y establecer penalidades más altas”.
Agregó que la idea es evitar que los menores se vean incentivados a pedirle dinero a sus padres o incluso, a robarlo, para poder jugar con estas máquinas que entregan premios en dinero o canjeables en dinero.
Por eso, se establecen penas de 61 días a 540 días de cárcel y multas de 100 a 300 UTM, para quienes administren, intermedien, comercialicen o distribuyan loterías u otros juegos de azar no autorizados.
En tanto, los que comercialicen, distribuyan, instalen o pongan a disposición del público para su utilización en cualquier lugar -sea público o privado y que no sean casinos de juegos- equipos de juegos electrónicos o mecánicos que reciban cualquier pago de un precio y estén destinados a darle al jugador una ganancia, serán sancionados con penas entre 541 días a 5 años de cárcel y multas de hasta 300 UTM.
Asimismo, se establecen multas de hasta 600 UTM para quienes estén en posesión de estas máquinas.
Según explicó el senador Gómez, aún falta resolver las normas relativas al control que tendrá la Superintendencia de Casinos. Se propone que sea esa entidad la que entregue la autorización y certificación de las máquinas de juego que son legales y las que no.
La iniciativa que tuvo su origen en dos mociones parlamentarias, una de los senadores José García, Evelyn Mattehi, Carlos Ominami y los ex senadores Edgardo Boeninger y Alejandro Foxley, y otra, del senador Nelson Avila, está radicada en la Comisión de Constitución que reactivo su estudio esta semana.
Según explicó el senador Ominami “se ha avanzado considerablemente en el proyecto y creo que hay voluntad de resolverlo en el curso de los próximos días. Esta es una ley bien drástica desde el punto de vista de la prohibición de estas máquinas que son abiertamente ilegales y lo que se está discutiendo es ver una salida realista, que de un plazo para la reconversión a la situación que hoy día existe”.
Esto, porque de acuerdo al texto del proyecto las máquinas que estén en una situación ilegal deberán destruirse si es que no están debidamente autorizadas por al Superintendencia de Casinos de Juegos.
PROTECCIÓN A MENORES
En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución, senador José Antonio Gómez, destacó que el objetivo central de esta iniciativa es contar con una adecuada “protección a los niños, que existan normas claras respecto de las máquinas, su destino y el uso y establecer penalidades más altas”.
Agregó que la idea es evitar que los menores se vean incentivados a pedirle dinero a sus padres o incluso, a robarlo, para poder jugar con estas máquinas que entregan premios en dinero o canjeables en dinero.
Por eso, se establecen penas de 61 días a 540 días de cárcel y multas de 100 a 300 UTM, para quienes administren, intermedien, comercialicen o distribuyan loterías u otros juegos de azar no autorizados.
En tanto, los que comercialicen, distribuyan, instalen o pongan a disposición del público para su utilización en cualquier lugar -sea público o privado y que no sean casinos de juegos- equipos de juegos electrónicos o mecánicos que reciban cualquier pago de un precio y estén destinados a darle al jugador una ganancia, serán sancionados con penas entre 541 días a 5 años de cárcel y multas de hasta 300 UTM.
Asimismo, se establecen multas de hasta 600 UTM para quienes estén en posesión de estas máquinas.
Según explicó el senador Gómez, aún falta resolver las normas relativas al control que tendrá la Superintendencia de Casinos. Se propone que sea esa entidad la que entregue la autorización y certificación de las máquinas de juego que son legales y las que no.
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