Comisión de Constitución reactivará el martes próximo el proyecto de fideicomiso ciego
Para la oportunidad se encuentran invitados los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y de Justicia, Felipe Bulnes.
Para el martes 6 de abril se encuentra contemplada la reactivación del proyecto que regula la aplicación de la reforma constitucional (Ley Nº 20.414) que estableció la obligación de constituir un mandato especial de administración de patrimonio y de enajenación de activos (fideicomiso ciego) para las autoridades públicas.
La iniciativa está en la tabla de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, contando para ese día con la especial participación de los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y de Justicia, Felipe Bulnes, quienes explicarán los criterios del nuevo gobierno respecto de esta materia.
El Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, adelantó a la prensa que el Ejecutivo introducirá algunas modificaciones al texto gestado por la administración de Michelle Bachelet. La iniciativa fue aprobada en su idea de legislar en las primeras semanas de enero y sometido a una indicación sustitutiva sólo días más tarde.
"Esta ley es importante para la institucionalidad democrática y, como no lo hizo la anterior administración, vamos a asumir el compromiso de sacarla adelante", acotó el secretario de Estado, quien especificó que las modificaciones apuntarían, en lo principal, a establecer un monto base de US$ 5 millones que obligaría a las autoridades a entregar la administración de su patrimonio a terceros; y la reposición de los parlamentarios dentro del listado de autoridades sujetas a la norma.
El diputado RN Nicolás Monckeberg, miembro de la Comisión de Constitución, dijo que han observado "palos de ciego" en este tema. Explicó que primero se ingresó un proyecto donde se incluían ciertas autoridades, como los parlamentarios, y un monto mínimo sobre el cual se tenía que acoger la autoridad para el fideicomiso. "Luego vino un segundo intento que dejó afuera los parlamentarios. De ahí vino nuestro lamento, porque o están todos o no está nadie", enfatizó.
PROYECTO APROBADO EL 6 DE ENERO
El proyecto busca resolver los posibles conflictos de intereses a los que puedan verse expuestos las más altas autoridades públicas del país. De este modo, se propone la celebración de un mandato para que un tercero independiente asuma un Mandato de Administración Ciega de Patrimonio (Macpa) mientras desempeñe su cargo.
El mensaje también pretende regular aquellas situaciones en que, por no resultar suficiente el Macpa para resolver los conflictos de interés de las altas autoridades públicas, se hace necesario que estas últimas deban proceder obligatoriamente a enajenar determinados activos.
La obligación de constituir un fideicomiso ciego se restringe a las siguientes autoridades: Presidente de la República, ministros de Estado, senadores, diputados y consejeros del Banco Central. En todo caso, la situación se verificaría sólo cuando el patrimonio exceda de las 470.000 Unidades de Fomento (más de nueve mil 800 millones de pesos).
Pese a lo anterior, una autoridad pública que cuente con un patrimonio inferior a la cantidad señalada podrá igualmente adoptar el Macpa en forma voluntaria. Asimismo, los postulantes a la Presidencia y a cargos parlamentarios podrán voluntariamente someterse a las normas establecidas en la presente ley desde el momento de la inscripción de su candidatura en el Registro Electoral.
Para el martes 6 de abril se encuentra contemplada la reactivación del proyecto que regula la aplicación de la reforma constitucional (Ley Nº 20.414) que estableció la obligación de constituir un mandato especial de administración de patrimonio y de enajenación de activos (fideicomiso ciego) para las autoridades públicas.
La iniciativa está en la tabla de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, contando para ese día con la especial participación de los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y de Justicia, Felipe Bulnes, quienes explicarán los criterios del nuevo gobierno respecto de esta materia.
El Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, adelantó a la prensa que el Ejecutivo introducirá algunas modificaciones al texto gestado por la administración de Michelle Bachelet. La iniciativa fue aprobada en su idea de legislar en las primeras semanas de enero y sometido a una indicación sustitutiva sólo días más tarde.
"Esta ley es importante para la institucionalidad democrática y, como no lo hizo la anterior administración, vamos a asumir el compromiso de sacarla adelante", acotó el secretario de Estado, quien especificó que las modificaciones apuntarían, en lo principal, a establecer un monto base de US$ 5 millones que obligaría a las autoridades a entregar la administración de su patrimonio a terceros; y la reposición de los parlamentarios dentro del listado de autoridades sujetas a la norma.
El diputado RN Nicolás Monckeberg, miembro de la Comisión de Constitución, dijo que han observado "palos de ciego" en este tema. Explicó que primero se ingresó un proyecto donde se incluían ciertas autoridades, como los parlamentarios, y un monto mínimo sobre el cual se tenía que acoger la autoridad para el fideicomiso. "Luego vino un segundo intento que dejó afuera los parlamentarios. De ahí vino nuestro lamento, porque o están todos o no está nadie", enfatizó.
PROYECTO APROBADO EL 6 DE ENERO
El proyecto busca resolver los posibles conflictos de intereses a los que puedan verse expuestos las más altas autoridades públicas del país. De este modo, se propone la celebración de un mandato para que un tercero independiente asuma un Mandato de Administración Ciega de Patrimonio (Macpa) mientras desempeñe su cargo.
El mensaje también pretende regular aquellas situaciones en que, por no resultar suficiente el Macpa para resolver los conflictos de interés de las altas autoridades públicas, se hace necesario que estas últimas deban proceder obligatoriamente a enajenar determinados activos.
La obligación de constituir un fideicomiso ciego se restringe a las siguientes autoridades: Presidente de la República, ministros de Estado, senadores, diputados y consejeros del Banco Central. En todo caso, la situación se verificaría sólo cuando el patrimonio exceda de las 470.000 Unidades de Fomento (más de nueve mil 800 millones de pesos).
Pese a lo anterior, una autoridad pública que cuente con un patrimonio inferior a la cantidad señalada podrá igualmente adoptar el Macpa en forma voluntaria. Asimismo, los postulantes a la Presidencia y a cargos parlamentarios podrán voluntariamente someterse a las normas establecidas en la presente ley desde el momento de la inscripción de su candidatura en el Registro Electoral.
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