Diputados: Pescadores artesanales del sur y organizaciones privadas presentaron objeciones a reforma a ley de pesca

Publicado el 03 de abril del 2012



Se criticó la entrega al sector industrial de concesiones a perpetuidad y el privilegio que se le da en desmedro del ámbito artesanal. Además, se llamó a considerar una visión ecosistémica, a respetar la opinión científica en la definición de las cuotas y fortalecer la fiscalización.



Diversas observaciones presentaron pescadores artesanales del sur del país y organizaciones privadas en torno al proyecto que reforma la ley de pesca (boletín 8091), llamando algunos de ellos a congelar el proyecto o, en su defecto, a rechazarlo, si no se realizan importantes modificaciones.



En sesión especial celebrada ayer en la tarde, en la sede de Santiago del Congreso Nacional, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados recibió en audiencia a los dirigentes de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de Tongoy, de la Cooperativa Pesquera y Comercializadora Guayacán, de la Federación de Pescadores de Arauco (Feparauco) y de la Comisión Nacional Sur de Armadores y Pescadores Artesanales de la Región de Magallanes. Adicionalmente, intervinieron representantes de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar y del Instituto Igualdad.



En general, las asociaciones de pescadores artesanales expresaron su oposición al proyecto y llamaron a considerar una normativa dirigida especialmente a este sector. Estimaron que la iniciativa propuesta beneficia en forma particular a los industriales, en desmedro de la actividad artesanal e, incluso, de los intereses del país.



Coincidieron en señalar que no estuvieron representados en las negociaciones nacionales y que, por tanto, los acuerdos alcanzados en las mesas de conversaciones no los incluyen. Acotaron que es preciso considerar las diferencias regionales y particulares de cada zona, antes de generar una normativa general para todo el sector.



Manifestaron una enérgica oposición al establecimiento de posicionadores satelitales para el ámbito artesanal y criticaron duramente la entrega de licencias de pesca, prácticamente a perpetuidad, para el sector industrial. “La pesca artesanal no tiene futuro con esta ley”, enfatizó Fernando Carmona de Magallanes. “Nosotros pedimos que se retire de inmediato la ley de pesca”, agregó otro representante de Aysén.



Los pescadores de Magallanes y Aysén solicitaron la aplicación de las 5 millas de exclusividad, tal como ocurre en las zonas norte y centro, y no sólo el concepto de mar interior que se aplica desde las islas hacia la plataforma continental.



Los representantes de Arauco, encabezados por Leonel Lucero, entregaron a los diputados un paquete de propuestas para modificar la iniciativa del Ejecutivo. Entre los puntos abordados se indican: terminar con la pesca de arrastre, por su grave impacto en los ecosistemas marinos; permitir a los pescadores artesanales moverse entre las distintas zonas del país, quedando la prohibición sólo para las naves; impedir las llamadas “perforaciones”, que permite al sector industrial acceder a zonas y pesquerías exclusivas del ámbito artesanal; poner fiscalizadores en tierra y eliminar la obligación del posicionador satelital; y considerar a la reineta como especie migratoria, susceptible de ser pescada en más de una zona.



Organizaciones Privadas



Enzo Acuña, de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, estimó imprescindible implementar en la ley dos enfoques complementarios: uno precautorio, que opere independientemente de la información disponible y que favorezca la preservación de los recursos pesqueros; y el ecosistémico, como medio de conservación real.



Sostuvo que el concepto aplicado en la propuesta del Gobierno, de “máximo rendimiento sostenible” no da cuenta del ecosistema completo, esto es, que el ser humano no es el único predador de las especies marinas y que, por tanto, al agotar un recurso también se afecta a toda la cadena alimenticia.



Acotó que, para esta tarea, se necesita un instituto de investigación que triplique las funciones del actual Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y que las cuotas deberían estar determinada sobre los superávit de las pesquerías y no bajo esa línea, si realmente se espera una recuperación de las especies.



Planteó la necesidad de que el IFOP sea un estamento netamente público y que sus informaciones también sean de público conocimiento. Además, llamó a que la autoridad, al asignarle nuevas responsabilidades al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) le entregue los recursos y personal necesarios para cumplir con sus funciones.



Dijo que es fundamental que el Panel de Expertos propuesto en el proyecto no sea sólo un ente consultor, sino que sus opiniones sean vinculantes para la determinación de las cuotas de pesca.



Gabriel De la Fuente, coordinador de la Sociedad Igualdad, coincidió en que la deficiencia presupuestaria del Sernapesca afecta su deber fiscalizador y, en este plano, criticó que se encargue la tarea a empresas externas con financiamiento del mismo sector industrial.



Recordó que el mar chileno es un patrimonio de todos que hay que cuidar y afirmó que el proyecto de ley no es coherente con este planteamiento, particularmente por el hecho de asignar cuotas de por vida, sin evaluar cómo operó el sistema de límite de captura. Dijo que se deben impulsar mecanismos más equitativos y que también preserven los recursos.



Criticó que la decisión final de la determinación de la cuota está radicada en la Subsecretaría de Pesca, que ha demostrado tradicionalmente que no ha sido capaz de frenar las presiones de los sectores interesados, autorizando ampliaciones de las cuotas. Estimó que la decisión debe estar en un IFOP fortalecido y perfeccionado con profesionales independientes.



Finalmente, dentro de otros variados puntos, propuso la creación de un Fondo de Desarrollo para los trabajadores del sector pesquero, dada la precariedad con que muchos deben laborar, afectados por los eventos naturales y por las fluctuaciones del mercado.