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lunes, 20 de marzo de 2017

Diputados piden al Gobierno que fije una política pública en torno al uso de los textos escolares

 Diputados piden al Gobierno que fije una política pública en torno al uso de los textos escolares

Publicado el 17 de marzo del 2017

Para los legisladores, la renovación anual de los textos escolares, en los que no existen mayores modificaciones entre un período y otro, trae aparejado un gasto innecesario de recursos tanto para los padres y apoderados, como para el propio Estado.



    Por 102 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la resolución 813, por medio de la cual se le solicita a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que instruya a la Ministra de Educación para que se establezca una política pública en materia del uso de textos escolares.

    La iniciativa fue planteada a la Sala por los diputados UDI Osvaldo Urrutia, Juan Antonio Coloma, Sergio Gahona, María José Hoffmann, Gustavo Hasbún, Javier Hernández, Celso Morales, Joaquín Lavín y Felipe Ward.

    Para los legisladores, la renovación anual de los textos escolares, en los que no existen mayores modificaciones entre un período y otro, trae aparejado un gasto innecesario de recursos que podrían ser invertidos en otras materias.

    "Si se observa el tema como política pública, el Ministerio de Educación paga todos los años una cantidad enorme de recursos por textos escolares que son casi iguales que los del año anterior, lo que no se condice con los esfuerzos en torno a la eficiencia en el manejo de los recursos públicos por parte de la administración del Estado", se remarca en el documento.

    En este plano, la resolución plantea la necesidad de promover mecanismos de mayor participación por parte de las editoriales en los procesos de licitación de textos escolares para los estudiantes de nuestro país y, de esta forma, lograr una rebaja de precios de estos libros, fomentando la competencia entra las distintas empresas editoriales.

    Además, se propone que los textos sean utilizados, a lo menos, por dos años consecutivos, procurando con ello un manejo más eficiente de los recursos y la creación de un rango de precios más accesible a las posibilidades de los padres y apoderados.

    Asimismo, se pide implementar, gradualmente, la utilización de textos escolares en plataformas tecnológicas, a través de una política pública promovida por el Ministro de Educación, a tiempo que se fomente, al interior de los establecimientos educacionales, la práctica de venta de libros usados, a objeto de que los apoderados puedan reutilizar los recursos invertidos en los referidos textos, ayudando sustancialmente a la economía familiar.