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jueves, 9 de marzo de 2017

Diputados presentan proyecto que modifica estatutos que rigen a los consejeros del CDE

 Diputados presentan proyecto que modifica estatutos que rigen a los consejeros del CDE

Publicado el 07 de marzo del 2017

La iniciativa rebaja a 10 años la permanencia de los consejeros en el organismo y establece designaciones a través de Alta Dirección Pública. Hoy los abogados consejeros se pueden desempeñar hasta los 75 años en el cargo y son de designación exclusiva del Presidente de la República.



    Los diputados Jaime Pilowsky (DC), Sergio Espejo (DC) y Tucapel Jiménez (PPD), presentaron un proyecto de ley con el objetivo de modificar los estatutos que rigen la duración y nominación de los abogados consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

    Este proyecto se suma a la iniciativa presentada en junio de 2015 por los mismos parlamentarios, que dice relación con la exclusividad de funciones de los consejeros del organismo, moción por la que Pilowsky solicitó urgencia al Ejecutivo previo a la nominación de Javiera Blanco como miembro del Consejo.

    El legislador dijo que “defender los intereses del Estado es una tarea de la más alta responsabilidad en la cual se requiere a profesionales que sean servidores públicos comprometidos y calificados. Dicho lo anterior, nos pareció adecuado profundizar en su modernización, ya que en la actualidad los miembros del consejo son prácticamente inamovibles en sus cargos”.

    El parlamentario explicó que en lo sustancial, “el proyecto modifica el tiempo de permanencia de los consejeros el CDE, que en la actualidad se pueden desempeñar hasta a los 75 años de edad, a un período de permanencia en el cargo de 10 años. Además, modifica el sistema de nominación, pasando de ser atribución exclusiva del Presidente(a) de la República, a una terna formada por las reglas del sistema de Alta Dirección Pública”.

    Para el diputado Espejo “la actual estructura del CDE no es capaz de combinar el valor de la experiencia con la apertura a las nuevas realidades a que debe enfrentarse la protección del interés fiscal. Reformar el CDE para potenciarlo desde una nueva combinación de experiencia y renovación jurídica es indispensable”.