Senadora Rincón presenta proyecto de ley de cobro cero por retiro y cambio de empalmes
Un proyecto de ley que busca que modifica la ley general de servicios eléctricos para que las empresas distribuidoras de energía asuman los costos de retiro y reposición de empalmes y medidores cuando las causas de los desperfectos no sean imputables al cliente presentó la senadora Ximena Rincón.
La parlamentaria por la Región del Maule, aseguró que esta iniciativa legal beneficiará a las más de 190 mil familias que resultaron con sus casas destruidas o con daños mayores producto del terremoto del 27 de febrero y que deberán instalar viviendas de emergencia.
"Me parece impresentable que algunas empresas eléctricas estén cobrando por el retiro y reposición de medidores eléctricos. Son cifras vergonzosas, 50 mil pesos, 70 mil pesos, hasta 150 mil pesos y con este criterio uno podría pensar que podrían cobrarles nuevamente a esas familias cuando instalen la caja definitiva. Claramente hay un vacío legal que permite este tipo de cobros", precisó la parlamentaria.
Agregó que el Decreto con Fuerza de Ley número 4 de 2007, que refundió la Ley General de Servicios Eléctricos, señala en su Art. 139 que "es deber de todo concesionario de servicio público, de cualquier naturaleza, mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas".
Asimismo, precisó que como la inversión, generación y distribución del servicio eléctrico están entregadas a privados a través de concesiones, el Estado debe asumir un rol que garantice principios mínimos de equidad, condiciones de acceso y empleo de energía eléctrica en Chile, ya que se trata de un servicio público de vital importancia para las personas. "Esto tiene que regularse, prohibirse el cobro y tiene de ser de cargo de la empresa cuando la reposición, traslado o retiro de los medidores no es responsabilidad de los usuarios", aseguró.
La senadora Rincón, además, explicó que la operación de los sistemas eléctricos interconectados es coordinada entre distintas compañías, con el fin de preservar la seguridad del servicio y garantizar una operación más económica para el conjunto de las instalaciones. Agregó que las empresas concesionarias de distribución deben entregar un servicio regular y continuo, obligación que incluye por expresa disposición de la ley la mantención de todos los elementos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales.
"Sin embargo, esta obligación de las empresas en la práctica no recae en ellas, ya que quienes asumen los costos asociados a la obligación de prestar un servicio regular y continuo son, como siempre, los propios usuarios", lamentó la senadora, quien puntualizó que es el decreto N° 197 del año 2009 del Ministerio de Economía el que fija los precios de servicios distintos al suministro de energía. Por esta razón, llamó al Gobierno, al Presidente de la República y al Ministro de Energía a que se sumen a su iniciativa para que el ejecutivo y le otorgue discusión inmediata al proyecto de de ley.
Al respecto, sostuvo que el punto C del mencionado decreto, en lo relativo al arriendo de medidor, plantea que este servicio debe garantizar la calidad de la medición y su continuidad, además de su mantenimiento regular en terreno, incluyendo materiales. "En el tercer párrafo de la misma letra C el decreto señala que se deberá proveer la reposición inmediata ante eventuales desperfectos propios del medidor o por causas no imputables al cliente en un plazo máximo de 48 horas posteriores a la recepción del aviso, pero no establece explícitamente quien se hará cargo de dicha reposición".
En su proyecto de ley, la parlamentaria hizo, además, hincapié en que también hay un vacío legal en caso de destrucción del empalme por caso fortuito o de fuerza mayor como el terremoto que destruyó miles de viviendas y, por consiguiente, todo su sistema eléctrico.
CATÁSTROFES
Y entregando mayores antecedentes de respaldo a su iniciativa legal, la senadora por la Región el Maule resaltó que "miles de damnificados ya comenzaron la reconstrucción de sus casas, algunos sobre los pocos restos que quedaron en pie y otros en viviendas de emergencia donadas por el Gobierno, municipios o las instituciones de beneficencia que se encuentran trabajando en las zonas devastadas por el terremoto.
Agregó que, en visitas a terreno, constató como las empresas eléctricas, en algunos casos, están exigiendo que sean los propios damnificados los que costeen el retiro y reposición de los servicios de empalme y de medidor, cobrando cifras excesivas si consideramos que dichas personas lo perdieron todo producto del terremoto, y que no cuentan con los medios económicos necesarios para enfrentar un problema que debe solucionar la empresa", aseguró.
Finalmente, insistió en que en estos casos la reposición del empalme y del medidor debe ser de cargo de la empresa, por lo que propuso corregir un hecho que calificó como "injusto y que se volverá a repetir en un país como Chile, que cada cierto tiempo se ve afectado por catástrofes naturales".
La parlamentaria por la Región del Maule, aseguró que esta iniciativa legal beneficiará a las más de 190 mil familias que resultaron con sus casas destruidas o con daños mayores producto del terremoto del 27 de febrero y que deberán instalar viviendas de emergencia.
"Me parece impresentable que algunas empresas eléctricas estén cobrando por el retiro y reposición de medidores eléctricos. Son cifras vergonzosas, 50 mil pesos, 70 mil pesos, hasta 150 mil pesos y con este criterio uno podría pensar que podrían cobrarles nuevamente a esas familias cuando instalen la caja definitiva. Claramente hay un vacío legal que permite este tipo de cobros", precisó la parlamentaria.
Agregó que el Decreto con Fuerza de Ley número 4 de 2007, que refundió la Ley General de Servicios Eléctricos, señala en su Art. 139 que "es deber de todo concesionario de servicio público, de cualquier naturaleza, mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas".
Asimismo, precisó que como la inversión, generación y distribución del servicio eléctrico están entregadas a privados a través de concesiones, el Estado debe asumir un rol que garantice principios mínimos de equidad, condiciones de acceso y empleo de energía eléctrica en Chile, ya que se trata de un servicio público de vital importancia para las personas. "Esto tiene que regularse, prohibirse el cobro y tiene de ser de cargo de la empresa cuando la reposición, traslado o retiro de los medidores no es responsabilidad de los usuarios", aseguró.
La senadora Rincón, además, explicó que la operación de los sistemas eléctricos interconectados es coordinada entre distintas compañías, con el fin de preservar la seguridad del servicio y garantizar una operación más económica para el conjunto de las instalaciones. Agregó que las empresas concesionarias de distribución deben entregar un servicio regular y continuo, obligación que incluye por expresa disposición de la ley la mantención de todos los elementos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales.
"Sin embargo, esta obligación de las empresas en la práctica no recae en ellas, ya que quienes asumen los costos asociados a la obligación de prestar un servicio regular y continuo son, como siempre, los propios usuarios", lamentó la senadora, quien puntualizó que es el decreto N° 197 del año 2009 del Ministerio de Economía el que fija los precios de servicios distintos al suministro de energía. Por esta razón, llamó al Gobierno, al Presidente de la República y al Ministro de Energía a que se sumen a su iniciativa para que el ejecutivo y le otorgue discusión inmediata al proyecto de de ley.
Al respecto, sostuvo que el punto C del mencionado decreto, en lo relativo al arriendo de medidor, plantea que este servicio debe garantizar la calidad de la medición y su continuidad, además de su mantenimiento regular en terreno, incluyendo materiales. "En el tercer párrafo de la misma letra C el decreto señala que se deberá proveer la reposición inmediata ante eventuales desperfectos propios del medidor o por causas no imputables al cliente en un plazo máximo de 48 horas posteriores a la recepción del aviso, pero no establece explícitamente quien se hará cargo de dicha reposición".
En su proyecto de ley, la parlamentaria hizo, además, hincapié en que también hay un vacío legal en caso de destrucción del empalme por caso fortuito o de fuerza mayor como el terremoto que destruyó miles de viviendas y, por consiguiente, todo su sistema eléctrico.
CATÁSTROFES
Y entregando mayores antecedentes de respaldo a su iniciativa legal, la senadora por la Región el Maule resaltó que "miles de damnificados ya comenzaron la reconstrucción de sus casas, algunos sobre los pocos restos que quedaron en pie y otros en viviendas de emergencia donadas por el Gobierno, municipios o las instituciones de beneficencia que se encuentran trabajando en las zonas devastadas por el terremoto.
Agregó que, en visitas a terreno, constató como las empresas eléctricas, en algunos casos, están exigiendo que sean los propios damnificados los que costeen el retiro y reposición de los servicios de empalme y de medidor, cobrando cifras excesivas si consideramos que dichas personas lo perdieron todo producto del terremoto, y que no cuentan con los medios económicos necesarios para enfrentar un problema que debe solucionar la empresa", aseguró.
Finalmente, insistió en que en estos casos la reposición del empalme y del medidor debe ser de cargo de la empresa, por lo que propuso corregir un hecho que calificó como "injusto y que se volverá a repetir en un país como Chile, que cada cierto tiempo se ve afectado por catástrofes naturales".
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