Diputados plantean dudas sobre reforma que limita libre circulación en Isla de Pascua y Juan Fernández

Publicado el 28 de octubre del 2010

Integrantes de la Comisión de Constitución analizaron este miércoles la reforma constitucional que restringe permanencia en dichos territorios especiales. Los diputados se muestran reticentes a aprobarla sin antes conocer los contenidos de la ley orgánica que establecería las modalidades y condiciones de dicha restricción.

Con la exposición de un profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica y la comparecencia de representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados analizó este miércoles el proyecto de reforma constitucional impulsado por el Ejecutivo que establece limitaciones a la permanencia y libertad de circulación en Isla de Pascua y Juan Fernández.

En la oportunidad, el académico de la UC Eduardo Díaz de Valdés planteó que la libertad de locomoción es una de las garantías individuales de mayor jerarquía que garantiza la Constitución y por ello se manifestó partidario de restringir otros derechos para el mismo fin planteado por la reforma, como los derechos de propiedad, de emprendimiento y la libertad de trabajo.

Díaz de Valdés sostuvo que el mayor daño ambiental y a la sustentabilidad de territorios especiales como Isla de Pascual y el archipiélago Juan Fernández proviene de la actividad económica y por ello conviene establecer limitaciones a aquella en lugar de restringir una libertad tan esencial como la de libre circulación en esos lugares.

Este tipo de reforma constitucional, por afectar garantías constitucionales, debe ser aprobada con un quórum de 2/3 de los parlamentarios en ejercicio en ambas cámaras, sostuvo el académico.

En el posterior debate, los diputados concordaron en la necesidad de establecer restricciones en los “territorios especiales” para proteger su medio ambiente y favorecer su desarrollo sustentable pero expresaron su inquietud respecto del carácter y modalidades de dichas restricciones, las que serán establecidas por una ley orgánica cuyos contenidos hasta ahora no se conocen.

Incluso algunos diputados advirtieron en esta materia que aprobar la reforma sin tener a la vista la ley orgánica constituiría una especie de “cheque en blanco”, lo cual consideran peligroso por tratarse de limitaciones a libertades individuales.

En virtud de lo anterior, los diputados pidieron a los abogados y asesores de la Subdere que se anticipen las orientaciones y contenidos de la ley orgánica antes de pronunciarse sobre la reforma constitucional. Los representantes del Ejecutivo se comprometieron a presentar próximamente a la Comisión tales antecedentes

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