A 14 mil millones de dólares ascendería deuda histórica de los profesores
Las cifras fueron entregadas ayer por el Colegio de Profesores a la Comisión Especial Sobre Deudas Históricas, en una audiencia realizada en el hemiciclo de la Cámara en Santiago, a la que llegaron decenas de dirigentes docentes.
Todos los asistentes a la Audiencia Pública convocada por la Comisión que analiza la llamada Deuda Histórica del Magisterio, coincidieron que la cifra es prácticamente impagable: los datos entregados por el Colegio de Profesores señalan que el total de la deuda ascendería a 14 mil millones de dólares.
De acuerdo a lo señalado por el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, serían más de 93 mil docentes afectados por la deuda adquirida por el Estado, originada por el no pago oportuno por parte de los municipios de la asignación establecida en el Decreto Ley 3.551 de 1981.
La disposición establecía un régimen de remuneraciones para el sector público, estableciendo en su artículo 40 una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación, correspondiente al 90% de las remuneraciones para el caso de los titulados y de un 50% para no titulados.
Pero para que se hiciera efectivo el pago de este beneficio, se estableció un calendario que debía ser cumplido entre 1981 y 1984. Sin embargo, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, pese a que fue fijado el mes de enero de 1998 como último plazo para el pago.
Según Gajardo, mensualmente los profesores han dejado de recibir más de 200 mil pesos. "Si calculamos este daño mensual por el total de meses del año, nos encontramos que cada maestro ha dejado de percibir $74.844.000 de pesos desde febrero de 1981".
El presidente del Colegio de Profesores en su intervención explicó que "el contexto histórico en que se generó esta deuda es bastante ilustrativo de las difíciles circunstancias que debieron enfrentar los docentes y que les impidió reclamar oportunamente el no pago de las asignaciones previstas en el Decreto Ley 3.551".
Grave daño previsional
Los dirigentes docentes, provenientes de diferentes puntos del país, fueron enfáticos al señalar el daño no sólo en el poder adquisitivo del profesorado, sino que también en sus pensiones. Carmen Arratia, presidenta de la Comisión de Deudas Históricas de Angol, presentó casos en los que las jubilaciones de un profesor por AFP se reducen en 400 mil pesos respecto de su último sueldo, mientras que las de los docentes que lo hicieron por el INP, casi no tienen rebaja.
"Pedimos que se haga justicia para que el profesor pueda vivir y morir con dignidad", señaló la dirigenta de Angol, que aseguró que a pesar de estar jubilados, "estamos luchando, estamos peleando por esta situación, y nuestro fervor es el que está vivo, tenemos el ánimo, tenemos la energía de seguir adelante".
Una postura que es compartida por Nélida Contreras, presidenta del Colegio de Profesores de La Florida, quien aseguró frente a los diputados que "el gran deterioro en que han quedado las rentas de los profesores jubilados, es ratificada por profesores activos que se niegan a jubilar por el bajo ingreso que recibirán, incluso cuando aún no terminan de educar a sus hijos".
Profesores dispuestos a llegar a un acuerdo
Los docentes manifestaron su comprensión por la dificultad que significa pagar esta millonaria deuda, por lo que manifestaron que su intensión es "llegar a una negociación con las autoridades del país para compensar el daño patrimonial y colectivo causado", de acuerdo a lo que expresó el presidente del Colegio.
De acuerdo a lo que señaló el magisterio, la solución debe "contemplar una bonificación pareja, como una compensación mínima para todos los docentes afectados, y luego un reajuste a los profesores activos y pasivos, de tal forma que recuperemos parte del poder adquisitivo que fue el golpe más fuerte".
Esta postura de acuerdo es compartida por los integrantes de la Comisión que analiza este problema. El presidente de esta instancia, diputado PS Carlos Montes, señaló que justamente el objetivo de esta Comisión es "buscar una forma de financiar el pago de esta deuda. Por la vía que los profesores limiten su demanda, que algo salga de recursos públicos y de establecer algún tributo especial para encontrar un financiamiento".
En cuanto a la búsqueda de una salida judicial, esta fue descartada por el diputado RN Francisco Chahuán, integrante de esta Comisión, quien explicó que "la deuda ya está prescrita, por lo tanto los tribunales señalaron que ya no había solución por esa vía. La única solución a la deuda histórica es por la vía política, por lo que esperamos que el Gobierno se sensibilice".
Todos los asistentes a la Audiencia Pública convocada por la Comisión que analiza la llamada Deuda Histórica del Magisterio, coincidieron que la cifra es prácticamente impagable: los datos entregados por el Colegio de Profesores señalan que el total de la deuda ascendería a 14 mil millones de dólares.
De acuerdo a lo señalado por el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, serían más de 93 mil docentes afectados por la deuda adquirida por el Estado, originada por el no pago oportuno por parte de los municipios de la asignación establecida en el Decreto Ley 3.551 de 1981.
La disposición establecía un régimen de remuneraciones para el sector público, estableciendo en su artículo 40 una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación, correspondiente al 90% de las remuneraciones para el caso de los titulados y de un 50% para no titulados.
Pero para que se hiciera efectivo el pago de este beneficio, se estableció un calendario que debía ser cumplido entre 1981 y 1984. Sin embargo, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, pese a que fue fijado el mes de enero de 1998 como último plazo para el pago.
Según Gajardo, mensualmente los profesores han dejado de recibir más de 200 mil pesos. "Si calculamos este daño mensual por el total de meses del año, nos encontramos que cada maestro ha dejado de percibir $74.844.000 de pesos desde febrero de 1981".
El presidente del Colegio de Profesores en su intervención explicó que "el contexto histórico en que se generó esta deuda es bastante ilustrativo de las difíciles circunstancias que debieron enfrentar los docentes y que les impidió reclamar oportunamente el no pago de las asignaciones previstas en el Decreto Ley 3.551".
Grave daño previsional
Los dirigentes docentes, provenientes de diferentes puntos del país, fueron enfáticos al señalar el daño no sólo en el poder adquisitivo del profesorado, sino que también en sus pensiones. Carmen Arratia, presidenta de la Comisión de Deudas Históricas de Angol, presentó casos en los que las jubilaciones de un profesor por AFP se reducen en 400 mil pesos respecto de su último sueldo, mientras que las de los docentes que lo hicieron por el INP, casi no tienen rebaja.
"Pedimos que se haga justicia para que el profesor pueda vivir y morir con dignidad", señaló la dirigenta de Angol, que aseguró que a pesar de estar jubilados, "estamos luchando, estamos peleando por esta situación, y nuestro fervor es el que está vivo, tenemos el ánimo, tenemos la energía de seguir adelante".
Una postura que es compartida por Nélida Contreras, presidenta del Colegio de Profesores de La Florida, quien aseguró frente a los diputados que "el gran deterioro en que han quedado las rentas de los profesores jubilados, es ratificada por profesores activos que se niegan a jubilar por el bajo ingreso que recibirán, incluso cuando aún no terminan de educar a sus hijos".
Profesores dispuestos a llegar a un acuerdo
Los docentes manifestaron su comprensión por la dificultad que significa pagar esta millonaria deuda, por lo que manifestaron que su intensión es "llegar a una negociación con las autoridades del país para compensar el daño patrimonial y colectivo causado", de acuerdo a lo que expresó el presidente del Colegio.
De acuerdo a lo que señaló el magisterio, la solución debe "contemplar una bonificación pareja, como una compensación mínima para todos los docentes afectados, y luego un reajuste a los profesores activos y pasivos, de tal forma que recuperemos parte del poder adquisitivo que fue el golpe más fuerte".
Esta postura de acuerdo es compartida por los integrantes de la Comisión que analiza este problema. El presidente de esta instancia, diputado PS Carlos Montes, señaló que justamente el objetivo de esta Comisión es "buscar una forma de financiar el pago de esta deuda. Por la vía que los profesores limiten su demanda, que algo salga de recursos públicos y de establecer algún tributo especial para encontrar un financiamiento".
En cuanto a la búsqueda de una salida judicial, esta fue descartada por el diputado RN Francisco Chahuán, integrante de esta Comisión, quien explicó que "la deuda ya está prescrita, por lo tanto los tribunales señalaron que ya no había solución por esa vía. La única solución a la deuda histórica es por la vía política, por lo que esperamos que el Gobierno se sensibilice".
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