Contraloría reduce drásticamente la cifra de profesores afectados por la llamada "deuda histórica"
Representantes de la Contraloría asistieron a la última sesión de la Comisión Especial sobre Deudas Históricas, donde cambiaron el escenario del conflicto al asegurar que gran parte de la deuda histórica de los profesores estaría derogada.
Hasta hace algunos días, la posibilidad de pagar la llamada deuda del magisterio, para los diputados que estudian esta situación en la Comisión Especial creada para este fin, era totalmente impracticable: de acuerdo a los datos entregados en una audiencia pública por el Colegio de Profesores, la deuda afectaría a más de 93 mil docentes, ascendiendo a 14 mil millones de dólares, cifra cercana a un tercio del Presupuesto Nacional para este año.
La justificación que manejaban los docentes -y hasta ese momento también los diputados- era que la deuda adquirida por el Estado, fue originada por el no pago oportuno por parte de los municipios de la asignación establecida en el Decreto Ley 3551 de 1981.
La disposición establecía un régimen de remuneraciones para el sector público, señalando en su artículo 40 una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación, correspondiente al 90% de las remuneraciones para el caso de los titulados y de un 50% para no titulados.
Pero para que se hiciera efectivo el pago de este beneficio, se estableció un calendario que debía ser cumplido entre 1981 y 1984. Sin embargo, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, pese a que fue fijado el mes de enero de 1998 como último plazo para el pago.
Asignación derogada
Sin embargo, la visita de Guillermo Vidal, Subjefe de la División de Toma de Razón y Registro de la Contraloría General de la República, en la última sesión de la Comisión antes del receso legislativo, cambió todo el escenario.
De acuerdo a lo señalado por Vidal, la Contraloría considera que "luego de la dictación del Estatuto de los Profesionales de la Educación, la Ley 19.070, esa asignación para los profesores que pudieron haberla de alguna manera mantenido, está absolutamente derogada".
La explicación que el Subjefe de la División de Toma de Razón y Registro de la Contraloría expuso a la Comisión sobre Deudas Históricas es que "hay una trayectoria jurídica que afecta a los profesores por el cambio del régimen estatal -al que estaban sometidos antes de 1980- al régimen municipal, al cual fueron traspasados entre los años 1981 y 1987. Eso implicó que las remuneraciones que ganaban en el sector estatal, incluida esta asignación del Decreto Ley 3151, si ellos no optaron por mantener el régimen remuneratorio del sector público la perdieron, y pasaron a ganar las remuneraciones del sector privado".
De acuerdo a lo explicado por Vidal, algunos profesores pudieron mantener la asignación "por la vía de haber conservado el régimen previsional y remuneratorio antiguo, y otros porque pactaron una remuneración parecida. Pero cuando se dictó la Ley 19.070 -que es el estatuto de los profesionales de la educación, que rige desde 1991-, quedó absolutamente derogada cualquiera norma remuneratoria que pudiere afectarle a los profesores".
El representante de la Contraloría explicó que desde de la fecha de vigencia del Estatuto Docente, se terminó la posibilidad de recibir la asignación. "Se derogó toda remuneración anterior y los profesores pasaron a regirse por los nuevos sistemas remuneratorios que tiene la Ley 19.070”. En el organismo contralor señalan que desde la fecha de promulgación del estatuto de los profesionales de la educación al 2009 “ha pasado un lapso bastante grande de tiempo", y que "no hay ningún plazo de prescripción que sea tan amplio como para cubrir una deuda que viene del año 1991 en el mejor de los casos".
A modo de conclusión, Guillermo Vidal estimó que "desde el punto de vista interpretativo de la Contraloría", "no hay ningún profesor que pueda requerir hoy el pago de asignaciones derivadas del Decreto Ley 3151". A su parecer, "la única posibilidad de solucionar el problema que los profesores han planteado es a través de iniciativas legales que lo solucionen financieramente".
En el organismo contralor no manejan en cuánto se reduce la cifra final de profesores afect ados, "pero según los diputados, se estima que quienes optaron por el antiguo régimen no deben ser más del 10%, y a lo mejor se quedan largos en ese porcentaje", señaló a la salida de la sesión de la Comisión Guillermo Vidal.
Tras la exposición de la Contraloría, el Presidente de la Comisión sobre Deudas Históricas, diputado PS Carlos Montes, indicó que claramente "esta no es un deuda simple". "El número de profesores afectados es muy inferior a lo que hasta ahora se ha conversado", pues el beneficio termina en 1991 y no hasta el 2008, que eran las cifras que manejaban hasta ahora. "Todo esto nos da muchas luces y nos obliga a tener precisión en la parte jurídica", aseguró.
Para la integrante de esta Comisión, diputada independiente Alejandra Sepúlveda, "el informe que entregó la Contraloría cambió todo lo que tiene que ver con el análisis jurídico". A su parecer, es necesario esperar un informe que recopile los antecedentes que han entregado los actores de este conflicto, para tener claridad sobre quienes tienen o no algún derecho.
Hasta hace algunos días, la posibilidad de pagar la llamada deuda del magisterio, para los diputados que estudian esta situación en la Comisión Especial creada para este fin, era totalmente impracticable: de acuerdo a los datos entregados en una audiencia pública por el Colegio de Profesores, la deuda afectaría a más de 93 mil docentes, ascendiendo a 14 mil millones de dólares, cifra cercana a un tercio del Presupuesto Nacional para este año.
La justificación que manejaban los docentes -y hasta ese momento también los diputados- era que la deuda adquirida por el Estado, fue originada por el no pago oportuno por parte de los municipios de la asignación establecida en el Decreto Ley 3551 de 1981.
La disposición establecía un régimen de remuneraciones para el sector público, señalando en su artículo 40 una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación, correspondiente al 90% de las remuneraciones para el caso de los titulados y de un 50% para no titulados.
Pero para que se hiciera efectivo el pago de este beneficio, se estableció un calendario que debía ser cumplido entre 1981 y 1984. Sin embargo, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, pese a que fue fijado el mes de enero de 1998 como último plazo para el pago.
Asignación derogada
Sin embargo, la visita de Guillermo Vidal, Subjefe de la División de Toma de Razón y Registro de la Contraloría General de la República, en la última sesión de la Comisión antes del receso legislativo, cambió todo el escenario.
De acuerdo a lo señalado por Vidal, la Contraloría considera que "luego de la dictación del Estatuto de los Profesionales de la Educación, la Ley 19.070, esa asignación para los profesores que pudieron haberla de alguna manera mantenido, está absolutamente derogada".
La explicación que el Subjefe de la División de Toma de Razón y Registro de la Contraloría expuso a la Comisión sobre Deudas Históricas es que "hay una trayectoria jurídica que afecta a los profesores por el cambio del régimen estatal -al que estaban sometidos antes de 1980- al régimen municipal, al cual fueron traspasados entre los años 1981 y 1987. Eso implicó que las remuneraciones que ganaban en el sector estatal, incluida esta asignación del Decreto Ley 3151, si ellos no optaron por mantener el régimen remuneratorio del sector público la perdieron, y pasaron a ganar las remuneraciones del sector privado".
De acuerdo a lo explicado por Vidal, algunos profesores pudieron mantener la asignación "por la vía de haber conservado el régimen previsional y remuneratorio antiguo, y otros porque pactaron una remuneración parecida. Pero cuando se dictó la Ley 19.070 -que es el estatuto de los profesionales de la educación, que rige desde 1991-, quedó absolutamente derogada cualquiera norma remuneratoria que pudiere afectarle a los profesores".
El representante de la Contraloría explicó que desde de la fecha de vigencia del Estatuto Docente, se terminó la posibilidad de recibir la asignación. "Se derogó toda remuneración anterior y los profesores pasaron a regirse por los nuevos sistemas remuneratorios que tiene la Ley 19.070”. En el organismo contralor señalan que desde la fecha de promulgación del estatuto de los profesionales de la educación al 2009 “ha pasado un lapso bastante grande de tiempo", y que "no hay ningún plazo de prescripción que sea tan amplio como para cubrir una deuda que viene del año 1991 en el mejor de los casos".
A modo de conclusión, Guillermo Vidal estimó que "desde el punto de vista interpretativo de la Contraloría", "no hay ningún profesor que pueda requerir hoy el pago de asignaciones derivadas del Decreto Ley 3151". A su parecer, "la única posibilidad de solucionar el problema que los profesores han planteado es a través de iniciativas legales que lo solucionen financieramente".
En el organismo contralor no manejan en cuánto se reduce la cifra final de profesores afect ados, "pero según los diputados, se estima que quienes optaron por el antiguo régimen no deben ser más del 10%, y a lo mejor se quedan largos en ese porcentaje", señaló a la salida de la sesión de la Comisión Guillermo Vidal.
Tras la exposición de la Contraloría, el Presidente de la Comisión sobre Deudas Históricas, diputado PS Carlos Montes, indicó que claramente "esta no es un deuda simple". "El número de profesores afectados es muy inferior a lo que hasta ahora se ha conversado", pues el beneficio termina en 1991 y no hasta el 2008, que eran las cifras que manejaban hasta ahora. "Todo esto nos da muchas luces y nos obliga a tener precisión en la parte jurídica", aseguró.
Para la integrante de esta Comisión, diputada independiente Alejandra Sepúlveda, "el informe que entregó la Contraloría cambió todo lo que tiene que ver con el análisis jurídico". A su parecer, es necesario esperar un informe que recopile los antecedentes que han entregado los actores de este conflicto, para tener claridad sobre quienes tienen o no algún derecho.
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