Informe no comparte alcances de proyecto que regula secreto profesional en obras audiovisuales
El próximo martes la Comisión de Constitución del Senado se pronunciará respecto de si comparte o no los términos en que está planteado el proyecto, en segundo trámite, que regula el secreto profesional en las obras audiovisuales.
Senadores Gómez y Espina
Así lo manifestó el titular de esa instancia parlamentaria, senador Alberto Espina, al término de la sesión en que analizaron la iniciativa junto a la Ministra de Cultura, Paulina Urrutia.
Cabe recordar que este proyecto fue remitido a dicha comisión luego que la Sala solicitara un pronunciamiento de esa instancia respecto del impacto que podría tener en las normas vigentes. Anteriormente, había sido analizada y aprobada por la unanimidad de la Comisión de Educación de la Cámara Alta.
Al respecto, el senador Espina señaló que "hubo un largo debate y el tema de fondo está planteado ahí en que hay un informe de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público muy contrario a la forma en como está planteado el proyecto, porque en definitiva significa establecer el secreto respecto de personas que en obras audiovisuales pueden estar cometiendo delitos, como ellos señalan, vinculados al narcotráfico, a la pedofilia o a crímenes de similar gravedad".
Según el parlamentario, en el documento se plantea que en la eventualidad de que una persona que aparece en un obra audiovisual y que ha cometido un delito, podría quedar "supuestamente amparado en el secreto que tendría el autor de ese video, lo que según ellos afectaría gravemente numerosas investigaciones que se podrían llevar en el futuro en el país".
VOTACIÓN CLAVE
El presidente de la Comisión de Constitución explicó que tras debatir el tema, acordaron votar el próximo martes respecto de si son partidarios o no de esta iniciativa legal.
"Una cosa es el legítimo derecho de tener libertad de expresión en las obras audiovisuales, que está garantizado y se puede hacer, y otra es que producto de esas obras audiovisuales y que quienes participen de ellas, puedan ser autores de graves delitos como pedofilia, abuso sexual, pornografía infantil, tráfico de drogas o lavado de dinero y por lo tanto, ¿quien justificaría que quien hizo ese video, finalmente ampare bajo el pretexto del secreto profesional a los autores de ese delito?", sentenció.
Cabe señalar que esta iniciativa busca mantener la reserva sobre la fuente informativa y sobre los materiales que permiten identificarla, al consagrar que los productores, los directores, los realizadores de obras audiovisuales y otras personas que por su oficio o actividad hayan debido estar necesariamente presentes en el momento de haberse recibido la información, no pueden ser obligados a revelar su fuente, ni aún por orden judicial.
Para ello, señala que los productores y los directores o realizadores de obras audiovisuales, nacionales o extranjeros, que ejerzan su actividad profesionalmente en el país y que se encuentren inscritos en el registro público que creará y administrará el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, tendrán derecho a mantener reserva sobre las fuentes utilizadas en la creación de su obra audiovisual, la que se extenderá a los materiales que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni por orden judicial ni administrativa.
Lo anterior se aplicará también a las personas que por su oficio o actividad hayan debido estar necesariamente presentes en el momento de haberse recibido la información.
No obstante, el proyecto señala que "quien haga uso de este derecho será personalmente responsable de los delitos que pudiere cometer al difundir la obra respectiva".
Senadores Gómez y Espina
Así lo manifestó el titular de esa instancia parlamentaria, senador Alberto Espina, al término de la sesión en que analizaron la iniciativa junto a la Ministra de Cultura, Paulina Urrutia.
Cabe recordar que este proyecto fue remitido a dicha comisión luego que la Sala solicitara un pronunciamiento de esa instancia respecto del impacto que podría tener en las normas vigentes. Anteriormente, había sido analizada y aprobada por la unanimidad de la Comisión de Educación de la Cámara Alta.
Al respecto, el senador Espina señaló que "hubo un largo debate y el tema de fondo está planteado ahí en que hay un informe de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público muy contrario a la forma en como está planteado el proyecto, porque en definitiva significa establecer el secreto respecto de personas que en obras audiovisuales pueden estar cometiendo delitos, como ellos señalan, vinculados al narcotráfico, a la pedofilia o a crímenes de similar gravedad".
Según el parlamentario, en el documento se plantea que en la eventualidad de que una persona que aparece en un obra audiovisual y que ha cometido un delito, podría quedar "supuestamente amparado en el secreto que tendría el autor de ese video, lo que según ellos afectaría gravemente numerosas investigaciones que se podrían llevar en el futuro en el país".
VOTACIÓN CLAVE
El presidente de la Comisión de Constitución explicó que tras debatir el tema, acordaron votar el próximo martes respecto de si son partidarios o no de esta iniciativa legal.
"Una cosa es el legítimo derecho de tener libertad de expresión en las obras audiovisuales, que está garantizado y se puede hacer, y otra es que producto de esas obras audiovisuales y que quienes participen de ellas, puedan ser autores de graves delitos como pedofilia, abuso sexual, pornografía infantil, tráfico de drogas o lavado de dinero y por lo tanto, ¿quien justificaría que quien hizo ese video, finalmente ampare bajo el pretexto del secreto profesional a los autores de ese delito?", sentenció.
Cabe señalar que esta iniciativa busca mantener la reserva sobre la fuente informativa y sobre los materiales que permiten identificarla, al consagrar que los productores, los directores, los realizadores de obras audiovisuales y otras personas que por su oficio o actividad hayan debido estar necesariamente presentes en el momento de haberse recibido la información, no pueden ser obligados a revelar su fuente, ni aún por orden judicial.
Para ello, señala que los productores y los directores o realizadores de obras audiovisuales, nacionales o extranjeros, que ejerzan su actividad profesionalmente en el país y que se encuentren inscritos en el registro público que creará y administrará el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, tendrán derecho a mantener reserva sobre las fuentes utilizadas en la creación de su obra audiovisual, la que se extenderá a los materiales que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni por orden judicial ni administrativa.
Lo anterior se aplicará también a las personas que por su oficio o actividad hayan debido estar necesariamente presentes en el momento de haberse recibido la información.
No obstante, el proyecto señala que "quien haga uso de este derecho será personalmente responsable de los delitos que pudiere cometer al difundir la obra respectiva".
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