El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS), el foro de las Naciones Unidas para la revisión y seguimiento de las políticas relativas a la seguridad alimentaria mundial, ha publicado los siguientes dos informes preparados por el Grupo de Alto Nivel de Expertos:

Seguridad alimentaria y cambio climatic











Este informe insta a todos los países a desarrollar su propia estrategia para gestionar el cambio y los riesgos climáticos. La capacidad de supervivencia de los pobres tendrá que ser reforzada, ya que los países pobres -y los pobres en todos los países- serán los primeros y los que más sufrirán los cambios negativos en el clima. Habrá que actuar para salvaguardar las vidas y los medios de subsistencia de las comunidades costeras. Los países tendrán que estar preparados, llegado el caso, para reasentar a los “refugiados climáticos". El informe señala que la producción de alimentos tiene que aislarse en la medida de lo posible de los impactos del cambio climático, especialmente en África subsahariana y Asia meridional, que se encuentran entre las regiones más vulnerables a los cambios de temperatura y precipitación, y son a la vez las regiones con las tasas más altas de desnutrición.







Protección social para la seguridad alimentaria







El informe recomienda que todos los países diseñen e implementen un sistema integral de protección social habilitado legalmente para proporcionar a cada ciudadano una oportunidad para una vida productiva y saludable. Señala que mientras que las familias y las comunidades solían cuidar a sus miembros más vulnerables, ahora los gobiernos están asumiendo la responsabilidad de proveer las medidas de protección social adecuadas para prevenir el hambre inducida por la pobreza. A nivel mundial, el informe recomienda que el CFS ayude a elaborar un control anual sobre protección social, que proporcione datos sobre las medidas adoptadas en diferentes países para lograr el objetivo de la seguridad alimentaria sostenible a través de un enfoque de derechos y ciclo de vida sobre los derechos. Los indicadores para medir el impacto de los programas de redes de protección social deben incluir asimismo una auditoría de género, según el informe.