Diputados: Falta de recursos para persecución del delito reveló el estudio realizado a las normas de abigeato

Diputados:  Falta de recursos para persecución del delito reveló el estudio realizado a las normas de abigeato

Publicado el 25 de abril del 2017

La investigación, efectuada por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, denota también que algunas zonas de gran producción agrícola y ganadera cuentan con formas de organización de iniciativa privada que han potenciado un trabajo conjunto con la institucionalidad local.



    Falta de recursos para que los organismos persecutores realicen investigación, especialización y capacitación ciudadana, entre otras acciones, es lo que reveló el estudio realizado a las leyes 20.090 y 20.596, que sancionan y fiscalizan el delito de abigeato, el que fue entregado al Presidente de la Corporación, diputado Fidel Espinoza, por el Comité de Evaluación de la Ley de la Cámara.

    El informe describe, a modo de contexto, que dichas normativas otorgaron un marco jurídico completo al delito de abigeato, al incorporar conductas específicas referidas al robo o hurto de ganado, como también conductas asociadas y preparatorias de dicho ilícito. Lo anterior, con sanciones agravadas respecto del robo o hurto de otras especies.

    Asimismo, señala que entregaron a los organismos persecutores herramientas de investigación y fiscalización particulares, de manera de enfrentar el delito con el objetivo de prevenirlo, de ser posible, y de sancionarlo de forma efectiva cuando correspondiere.

    Sin embargo, el texto explica que las cifras exponen un índice de condenas extremadamente bajo respecto al número de ingresos. En efecto, describe que “el porcentaje de sentencias condenatorias registrado en los últimos años es cercano al 2%, mientras que el archivo provisional supera un 80%, lo que refleja la poca efectividad de las normas”.

    En ese contexto, se detalla además que algunas zonas de gran producción agrícola y ganadera cuentan con formas de organización de iniciativa privada que han potenciado un trabajo conjunto con la institucionalidad local, impulsando una fuerte respuesta hacia la comisión de este delito. “La ciudadanía ha evaluado estas iniciativas de forma muy positiva, en cuanto se considera que ha contribuido a bajar las cifras de abigeato en la zona”.

    Asimismo, el documento expresa que, lamentablemente, esta realidad no corresponde a la mayoría del país. En este marco, señala, “existe una experiencia acumulada de trabajo que es importante ampliar a otras zonas, en cuanto constituye un ejemplo de coordinación entre todos los actores clave que ha generado resultados positivos en cuanto a la reducción del delito”.

    Recomendaciones

    Dentro de las recomendaciones que el equipo de profesionales expone en el documento, se propone revisar la normativa sobre mataderos clandestinos, debido a la relación entre este ilícito y el abigeato, a efectos de una mejor coordinación de los organismos persecutores respecto a ambos delitos; mantener la agravación penal del delito de abigeato; incorporar opciones de cumplimiento más cercanas a los domicilios de los condenados, en vez de obligarlos a trasladarse a los centros de Gendarmería.

    Al mismo tiempo, se solicita analizar la incorporación de la enajenación temprana para casos de especies animales y vehículos incautados; estudiar la incorporación de la interceptación telefónica como herramienta de investigación para el control del abigeato e institucionalizar el Banco de ADN, de manera de dotarlo de recursos y extender su aplicación a otras zonas del país.

    Por otro lado, se recomienda capacitar a las instituciones fiscalizadoras y de persecución para su utilización; incorporar el apoyo de las universidades regionales para su implementación; y utilizar los avances tecnológicos para evitar el desplazamiento excesivo de las víctimas.

    Adicionalmente, se plantea generar instancias permanentes de coordinación entre los actores públicos y privados; aunar criterios entre los organismos persecutores de las distintas regiones afectadas por el delito de abigeato; generar mayores instancias de articulación entre actores de distintas zonas para compartir experiencias y aprendizajes que permitan replicar iniciativas exitosas; y mejorar la coordinación entre el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Agrícola Ganadero, Servicio de Salud y policías, para la fiscalización permanente permitiendo detectar sospechas de abigeato y fortalecer la investigación de este delito.

    Asimismo, se propone institucionalizar las patrullas o comisiones anti-abigeato de Carabineros en las zonas afectadas por el delito, dotándolas de recursos específicos para su abordaje y personal especializado; incluir en los informes anuales que elabora el Ministerio Público, las estadísticas específicas sobre el delito de abigeato, desagregándolas para este efecto de la categoría “otros delitos contra la propiedad”; y generar un sistema integral que cruce la información de Carabineros, Policía de Investigaciones y Ministerio Público, con las instituciones encargadas de mantener registros sobre el sector pecuario a nivel nacional.

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