Moción propone que Fiscal Nacional y Fiscales Regionales puedan ser acusados constitucionalmente
El proyecto de ley busca modificar la Constitución Política para que estas autoridades sean susceptibles de ser acusados constitucionalmente por el Congreso, eliminando el veto con el cuentan actualmente respecto de este recurso.
La acusación constitucional corresponde a un recurso establecido en la Carta Fundamental, mediante el cual se busca determinar responsabilidades o posibles infracciones en las más altas autoridades del Estado, entre ellas, los magistrados de los tribunales superiores de justicia y el Contralor General de la República, entre otros.
Sin embargo, tratándose de las máximas autoridades del Ministerio Público, la legislación los aparta como sujetos susceptibles de ser acusados constitucionalmente y aplica un procedimiento distinto, lo que según los autores del proyecto, alteraría la lógica del mecanismo acusatorio general y abstracto para todas las más altas autoridades del país.
De este modo, la ley señala que estas autoridades sólo podrán ser removidas por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de diez de sus miembros, por las causales de incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones
“Esto no se justifica de manera alguna e incluso ni por causas de independencia y tranquilidad en su actuar, ya que es un hecho de la causa y de la historia republicana de nuestro país que en esta materia el Congreso Nacional ha dado muestras de responsabilidad y seriedad”, señalan los parlamentarios.
Es por esto que la iniciativa agrega en el artículo 52 de la Constitución Política, dentro de las autoridades a las que se puede acusar constitucionalmente, al Fiscal Nacional y a los Fiscales Regionales.
La iniciativa (boletín 6597) fue presentada por los diputados Mario Bertolino (RN), Roberto León (DC), Jorge Ulloa (UDI) y Felipe Ward (UDI) y será analizada por la Comisión de Constitución.
La acusación constitucional corresponde a un recurso establecido en la Carta Fundamental, mediante el cual se busca determinar responsabilidades o posibles infracciones en las más altas autoridades del Estado, entre ellas, los magistrados de los tribunales superiores de justicia y el Contralor General de la República, entre otros.
Sin embargo, tratándose de las máximas autoridades del Ministerio Público, la legislación los aparta como sujetos susceptibles de ser acusados constitucionalmente y aplica un procedimiento distinto, lo que según los autores del proyecto, alteraría la lógica del mecanismo acusatorio general y abstracto para todas las más altas autoridades del país.
De este modo, la ley señala que estas autoridades sólo podrán ser removidas por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de diez de sus miembros, por las causales de incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones
“Esto no se justifica de manera alguna e incluso ni por causas de independencia y tranquilidad en su actuar, ya que es un hecho de la causa y de la historia republicana de nuestro país que en esta materia el Congreso Nacional ha dado muestras de responsabilidad y seriedad”, señalan los parlamentarios.
Es por esto que la iniciativa agrega en el artículo 52 de la Constitución Política, dentro de las autoridades a las que se puede acusar constitucionalmente, al Fiscal Nacional y a los Fiscales Regionales.
La iniciativa (boletín 6597) fue presentada por los diputados Mario Bertolino (RN), Roberto León (DC), Jorge Ulloa (UDI) y Felipe Ward (UDI) y será analizada por la Comisión de Constitución.
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