Cámara de Diputados condenó irregularidades en funcionamiento de programa de exonerados políticos

Publicado el 02 de noviembre del 2011



El tema fue analizado en sesión especial impulsada por las bancadas de gobierno, con la presencia del Ministro del Interior. A su término se aprobó un proyecto de acuerdo que condena las irregularidades denunciadas.





La sesión especial fue solicitada por el comité parlamentario de la Unión Demócrata Independiente, acompañada con la firma de 48 diputados, con el objeto de “tratar el tema de irregularidades detectadas por la Oficina de Exonerados Políticos, dependiente de la Subsecretaría del Interior, en consideración al proceso de otorgamiento de beneficios previsionales a exonerados políticos”.



Al encuentro concurrió citado el Ministro del Interior y de Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter.



A nombre de los convocantes, la diputada Karla Rubilar (RN) afirmó que no hay dudas que durante la dictadura en el país se produjeron violaciones a los derechos humanos y exoneraciones por razones políticas pero ello no debe confundirse con los abusos cometidos por algunas personas que han defraudado al Fisco cobrando beneficios que no les corresponde. Subrayó que estas irregularidades fueron denunciadas por las propias agrupaciones de exonerados desde el año 1998 pero los gobiernos de la Concertación no hicieron nada para investigarlas, e incluso la propia Comisión de Derechos Humanos de la Cámara desestimó esclarecerlas.



Agregó la parlamentarias que, junto con las denuncias difundidas por medios de comunicación, el Gobierno del Presidente Piñera inició indagaciones administrativas y descubrió falsos exonerados que no trabajaron en empresas intervenidas por el Estado, expedientes con antecedentes insuficientes de vinculación laboral, menores de edad sin información que acreditara dicha vinculación y certificaciones de parlamentarios como único antecedente para entregar pensiones, entre otras anomalías.



La diputada Rubilar enfatizó que el 62 por ciento de las certificaciones de exonerados se produjeron en periodos de campaña electoral, lo que calificó como “escandaloso”.



También por los convocantes, el diputado Cristian Letelier (UDI) que en este asunto hay responsabilidades de los Presidentes de la República y los Ministros del Interior en virtud de los actos delegatorios en que incurrieron porque la ley establece nítidamente que la calificación de exonerados era privativa del Jefe del Estado y no podía delegarse en otras instancias.



“Además, aquí hubo parlamentarios que certificaron hechos que no les constaban, porque no está en sus funciones ser notarios públicos ni certificar hechos, menos aquellos que no les consten. Estos hechos revisten caracteres de delito de acuerdo al artículo 210 del Código Penal, que señala el perjurio o falsas declaraciones en el orden administrativo. Conforme a ello los diputados y senadores que emitieron certificados incurrieron en un ilícito”, aseveró.



En las bancadas opositoras, el diputado Aldo Cornejo (DC), señaló que no corresponde a la Cámara de Diputados realizar una sesión especial sobre un asunto que actualmente está radicado y siendo conocido por los tribunales de justicia y por ello anunció que para no sentar tal precedente los parlamentarios demócrata cristianos procederían a retirarse de la Sala, lo cual concretaron. Antes de ello, aseguró que los congresistas que entregaron certificados para acreditar la condición de exonerados políticos de terceros lo hicieron inspirados en la buena fe.



En tanto, la diputada Adriana Muñoz (PPD) sostuvo que el Ministerio del Interior está impulsando una operación política y comunicacional cuya única finalidad es obtener dividendos políticos de corto plazo, poniendo en tela de juicio a 157 mil personas calificadas como exonerados políticos, estableciendo una presunción de ilegalidad que en su opinión “es un linchamiento político a miles de chilenos que no lo merecen”.



El Ministro del Interior intervino para negar enfáticamente la existencia de la presunta operación política detrás de esto afirmando que las irregularidades han sido denunciadas por las propias agrupaciones de exonerados y difundidas por los medios de comunicación social, no por el Gobierno, que en este aspecto sólo ha accedido a la solicitud de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en orden a revisar todas las carpetas.



“Aquí nadie está pensando en privar de la pensión obtenida en conformidad a la ley ni victimizar a las personas sino que este gobierno, a diferencia de otros, investiga y denuncia al Ministerio Público. La compensación en materias de exoneración política es justa y moral pero el abuso, el fraude y el engaño para obtener una calidad de exonerado político cuando no se tiene derecho a ello es injusta e inmoral. Aquí ha habido negligencia de parte de los gobiernos anteriores, porque ante denuncias de esta magnitud los gobiernos están obligados a investigarlas fondo para desecharlas o acreditarlas y no se hizo ninguna de las dos cuestiones”, planteó el secretario de Estado.



Junto con precisar que el costo de este programa para el Fisco es de 450 millones de dólares al año, el Jefe del Gabinete recalcó que “no tengo ni me inspira en política un afán revanchista pero sí tengo un alto concepto de mis responsabilidades y como ministro del Interior no puedo claudicar en hacer cumplir la ley y cuidar el dinero de todos los chilenos. No tengo más alternativas que acoger los hechos que me denuncian particulares, Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y Cámara de Diputados, es mi obligación y con ella no más cumplo”.



En la sesión intervinieron además los diputados José Pérez (PRSD), René Alinco (Independiente), Osvaldo Andrade (PS), Fidel Espinoza (PS), Nicolás Monckeberg (RN), Hugo Gutiérrez (PC), Gustavo Hasbún (UDI), Enrique Jaramillo (PPD) y René Manuel García (RN).



A su término se votaron dos proyectos de acuerdo.



Con 52 votos a favor y 27 en contra se aprobó el Proyecto de Acuerdo 487, presentado por diputados de Gobierno, por el cual la Cámara de Diputados condena las violaciones a los derechos humanos -menciona la exoneración, prisión política, tortura, ejecución y desaparición forzada de personas, además de víctimas del terrorismo en democracia- y también “las irregularidades detectadas en el funcionamiento del Programa de Exonerados Políticos, que ha implicado la entrega de beneficios sin el sustento legal, en base a documentación falsa y/o adulterada, infringiendo un grave daño al patrimonio fiscal y al propio Programa de Exonerados Políticos”.



Asimismo, se solicita al Ministro del Interior que continúe con la revisión de expedientes de exonerados políticos, que estudie responsabilidades administrativas y penales de quienes estuvieron a cargo del Programa de Exonerados Políticos y, finalmente, pide a los ex Presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet colaboren en la investigación que lleva adelante la Cámara de Diputados.



Por otro lado, con 30 votos a favor y 52 en contra, resultó rechazado el Proyecto de Acuerdo 486, suscrito por diputados de oposición, que rechazaba “el empleo de medios al margen del derecho para llevar a cabo acciones de fiscalización de la legalidad de la asignación de beneficios a víctimas de exoneraciones políticas, que sólo persiguen desprestigiar a las víctimas, al poner en duda sus actuaciones cuando solicitaron sus beneficios”.