Estado no podrá adquirir predios indígenas ocupados ilegalmente
Así lo plantea una moción de diputados de la UDI (Boletín 6226) para terminar, señala, con una práctica que se ha hecho habitual en los últimos años.
El proyecto, ingresado a trámite el 3 de diciembre, pertenece a los diputados Gastón Von Mühlenbrock, Sergio Bobadilla, Alejandro García-Huidobro, Juan Masferrer, Iván Norambuena, Carlos Recondo, Felipe Salaberry, Gonzalo Uriarte, Ignacio Urrutia y Marcela Cubillos.
El texto modifica la ley indígena para los efectos de impedir la adquisición de terrenos por parte del Estado cuando han sido objeto de actos de violencia.
En los considerando de la moción, se señala que "se ha hecho una práctica habitual de la CONADI el ofrecer fundos a grupos violentistas, al parecer para aplacar manifestaciones y hacer creer a la opinión pública, tanto nacional como internacional, que la política aplicada por el gobierno es la apropiada para el tratamiento de la cuestión indígena".
De ahí que el proyecto señale que no serán susceptibles de adquisición, directa o indirecta, por el Estado, sus organismos, servicios y las municipalidades, los inmuebles en los cuales se hubieren cometido atentados contra la propiedad o las personas, motivadas o relacionadas con la reivindicación de derechos ancestrales.
El proyecto, ingresado a trámite el 3 de diciembre, pertenece a los diputados Gastón Von Mühlenbrock, Sergio Bobadilla, Alejandro García-Huidobro, Juan Masferrer, Iván Norambuena, Carlos Recondo, Felipe Salaberry, Gonzalo Uriarte, Ignacio Urrutia y Marcela Cubillos.
El texto modifica la ley indígena para los efectos de impedir la adquisición de terrenos por parte del Estado cuando han sido objeto de actos de violencia.
En los considerando de la moción, se señala que "se ha hecho una práctica habitual de la CONADI el ofrecer fundos a grupos violentistas, al parecer para aplacar manifestaciones y hacer creer a la opinión pública, tanto nacional como internacional, que la política aplicada por el gobierno es la apropiada para el tratamiento de la cuestión indígena".
De ahí que el proyecto señale que no serán susceptibles de adquisición, directa o indirecta, por el Estado, sus organismos, servicios y las municipalidades, los inmuebles en los cuales se hubieren cometido atentados contra la propiedad o las personas, motivadas o relacionadas con la reivindicación de derechos ancestrales.
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